La inversión de capital que Glencore proyecta para sus dos grandes proyectos de cobre —El Pachón y Agua Rica— escaló a u$s18.299 millones, según las cifras que el CEO local de la compañía, Martín Pérez de Solay, presentó durante la última semana.
El monto supera en u$s 4.799 millones —un alza del 35,5%— la cifra informada por la propia minera suiza al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en agosto de 2025, cuando había declarado un capex consolidado de u$s 13.500 millones para su cartera argentina.
Según el desglose presentado por Pérez de Solay, la nueva estimación contempla u$s 11.600 millones para El Pachón, en San Juan, y u$s 6.699 millones para Agua Rica, en Catamarca, dentro del proyecto integrado MARA.
Ambas cifras exceden los rangos originalmente comunicados al RIGI hace nueve meses. Para El Pachón —fase 1— Glencore había informado una inversión estimada de entre u$s 8.500 millones y u$s 10.500 millones, tomando como referencia un punto medio de u$s 9.500 millones. En el caso de Agua Rica, el rango oscilaba entre u$s 3.500 millones y u$s 4.500 millones, con un punto medio de u$s 4.000 millones.
La mayor diferencia se concentra en Agua Rica, cuya inversión proyectada aumentó 67% respecto del esquema original. En El Pachón, el incremento es del 22%, llevando el proyecto por encima del techo del rango inicialmente presentado al RIGI.
La nueva cifra consolidada también supera la guía que Gary Nagle había comunicado a los accionistas de Glencore durante el Capital Markets Day del 3 de diciembre de 2025, cuando ubicó la cartera argentina —MARA más El Pachón— en un rango de entre u$s 12.000 millones y u$s 15.000 millones. La estimación actual excede ese techo en u$s 3.300 millones, sin que hasta ahora exista una actualización formal ante los organismos regulatorios.
Anatomía del salto de inversión
El incremento en Agua Rica tiene una explicación técnica concreta: la incorporación del reinicio de Minera Alumbrera —cerrada desde 2018— dentro del esquema económico integrado de MARA.
En la presentación original al RIGI, los u$s 4.000 millones asignados a Agua Rica correspondían únicamente al desarrollo greenfield del yacimiento, bajo el supuesto de reutilizar la infraestructura existente de Alumbrera sin contabilizar el costo de su reactivación.
Esa lógica cambió tres meses después, cuando Glencore anunció la decisión de reiniciar Alumbrera, con producción prevista para el primer semestre de 2028: 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno distribuidas a lo largo de cuatro años.
Desde entonces, Alumbrera dejó de ser un activo separado que comparte infraestructura con Agua Rica para convertirse en la primera etapa de un único desarrollo integrado que culminaría con la entrada en operación comercial de Agua Rica en 2032.
En El Pachón, el incremento resulta más moderado pero igualmente significativo. Los u$s 11.600 millones actualmente proyectados superan en u$s 1.100 millones el techo original de u$s 10.500 millones declarado ante el RIGI.
Las causas más probables incluyen inflación en costos de construcción —en un contexto de cobre por encima de los u$s 11.000 por tonelada—, ajustes de ingeniería sobre un diseño de procesamiento de 185.000 toneladas diarias y posibles incorporaciones de infraestructura externa, como caminos cordilleranos, líneas eléctricas y sistemas de provisión de agua.
La ubicación del proyecto también explica parte del encarecimiento: El Pachón se emplaza entre los 3.600 y 4.200 metros de altura, en el departamento sanjuanino de Calingasta, sobre la frontera con Chile, lo que multiplica los costos logísticos respecto de operaciones de menor altitud.
Alumbrera como pieza financiera central
El esquema productivo diseñado por Glencore responde a un modelo de financiamiento escalonado: la producción de Alumbrera entre 2028 y 2031 financiaría el desarrollo de Agua Rica, mientras que los flujos generados por Agua Rica desde 2032 servirían para apalancar la construcción de El Pachón.
La estrategia prioriza eficiencia de capital antes que velocidad de ejecución, y contrasta con otros megaproyectos de cobre en Argentina —como Vicuña, de BHP y Lundin— donde la inversión se concentra en una única decisión final de gran escala.
La viabilidad financiera del esquema depende en buena medida de la infraestructura heredada de Alumbrera, que permaneció operativa tras el cierre comercial de 2018. El complejo conserva el mineraloducto hacia Tucumán, la planta de filtros, las instalaciones ferroviarias, el sistema de carga portuaria y parte del tendido eléctrico interno.
Para un proyecto greenfield, replicar esa infraestructura implicaría desembolsos multimillonarios. Por eso, Glencore presenta el reinicio de Alumbrera como un proyecto brownfield de alta eficiencia de capital.
El cronograma técnico difundido por la compañía prevé el reinicio físico de Alumbrera hacia el cuarto trimestre de 2026, primera producción comercial en el primer semestre de 2028, operación stand-alone hasta 2031 y entrada de Agua Rica en 2032 utilizando la misma infraestructura de procesamiento y exportación.
El interrogante regulatorio
La ampliación del capex también abre interrogantes sobre el alcance regulatorio del RIGI.
Los beneficios fiscales del régimen se calculan sobre el monto originalmente presentado. Por eso, los u$s 4.799 millones adicionales hoy proyectados todavía no cuentan con cobertura explícita dentro de la estructura aprobatoria vigente.
Glencore podría optar por ampliar las solicitudes actuales, presentar un RIGI independiente para el reinicio de Alumbrera o asumir parte del capex fuera del esquema de estabilidad fiscal. Cada alternativa tiene impactos distintos sobre el flujo financiero consolidado y la rentabilidad ajustada por riesgo de los proyectos.
Hasta el momento, ninguno de los proyectos recibió aprobación definitiva del régimen. Tanto El Pachón como MARA fueron encuadrados como Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), categoría prevista por la Ley 27.742 para iniciativas superiores a u$s 1.000 millones.
Ese encuadre otorga estabilidad fiscal por 30 años, reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, beneficios aduaneros y mayor flexibilidad cambiaria para exportaciones.
Aun así, el frente regulatorio no se limita al RIGI. Pérez de Solay reiteró esta semana que la decisión final de inversión también depende de aprobaciones ambientales provinciales.
En El Pachón, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está atravesada por la discusión sobre la presencia de glaciares en la zona de operación. En MARA, la integración con Alumbrera incorpora además la complejidad asociada a pasivos ambientales heredados de la explotación desarrollada entre 1997 y 2018.
Según declaraciones previas de Pérez de Solay citadas por Reuters, Glencore aspira a producir cerca de 1 millón de toneladas anuales de cobre en Argentina en un horizonte de 10 a 15 años, partiendo de una base inicial cercana a las 500.000 toneladas combinadas entre MARA y El Pachón.
Para que esa secuencia funcione financieramente, el cronograma técnico y el regulatorio deben avanzar en paralelo.