El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció este miércoles durante una conferencia de Goldman Sachs en Miami que el gobierno estadounidense mantendrá un control significativo sobre las ventas de petróleo venezolano de manera "indefinida".
Esta declaración amplía el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre la transferencia de 30 a 50 millones de barriles de crudo almacenado, en un contexto marcado por la reciente captura y remoción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Wright indicó que los ingresos de estas ventas se depositarán en cuentas controladas por Washington, con el argumento de que esto proporcionará "apalancamiento" para impulsar cambios en Venezuela y que los fondos eventualmente beneficiarán al pueblo venezolano. Sin embargo, aún no se han aclarado los detalles legales que sustentan esta autoridad, ni el mecanismo preciso para la devolución de los recursos.
A continuación, un análisis de las principales implicaciones de esta política:
- Comercialización inicial del crudo almacenado. El plan se inicia con la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano acumulado debido a sanciones previas. Wright explicó que EE.UU. colaborará con autoridades venezolanas para movilizar este volumen al mercado global. Este crudo pesado requiere diluyentes, y Estados Unidos facilitaría su suministro, resolviendo un problema logístico que Venezuela enfrentaba desde 2019. Analistas estiman que esta venta podría generar hasta 2.800 millones de dólares, dependiendo de los precios actuales. No obstante, la producción venezolana actual ronda los 800.000 barriles diarios, muy por debajo de los picos históricos de más de 3 millones, debido a años de fuerte caída de la inversión y sanciones.
- Control "indefinido" de ventas y ingresos. El aspecto más controvertido es el control prolongado anunciado por Wright: "Vamos a comercializar el crudo que salga de Venezuela... indefinidamente". Los fondos se manejarían a través de cuentas estadounidenses, con el objetivo declarado de evitar corrupción y dirigirlos a la reconstrucción. Críticos señalan que esto plantea interrogantes sobre soberanía y legalidad internacional, ya que no está claro bajo qué base jurídica Estados Unidos asumiría este rol. Algunos expertos lo comparan con intervenciones históricas en América Latina, mientras que la administración lo presenta como una medida para estabilizar el país tras la remoción de Maduro. Wright mencionó diálogos activos con el liderazgo venezolano interino, pero no detalló acuerdos formales.
- Posibilidades de aumento en la producción. Wright estimó que la producción podría incrementarse en varios cientos de miles de barriles diarios a corto y mediano plazo, evitando un colapso total de la industria. Para recuperar niveles históricos, se requerirían inversiones masivas –decenas de miles de millones de dólares– y años de trabajo. Ejecutivos de la industria petrolera estadounidense han expresado escepticismo: las compañías no han sido consultadas ampliamente, y persisten riesgos como inestabilidad política, falta de estado de derecho y precios moderados del crudo que desincentivan inversiones grandes. Aunque Wright anticipa el retorno de firmas como Chevron o ExxonMobil, el apetito real del sector privado es incierto.
- Dimensiones geopolíticas y económicas. Esta política busca reducir la influencia de China y Rusia, principales compradores de crudo venezolano durante las sanciones. Redirigir flujos hacia refinerías estadounidenses podría fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos, pero también genera tensiones: el mismo día, fuerzas estadounidenses interceptaron un buque petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela. En el mercado global, el anuncio contribuyó a una moderada baja en los precios del petróleo, ante la perspectiva de mayor oferta. Sin embargo, la viabilidad depende de la estabilidad en Caracas y de resolver desafíos legales pendientes.