San Matías Pipeline (SMP) anunció el cierre de un préstamo sindicado de u$s 900 millones estructurado como project finance para construir el gasoducto dedicado que llevará gas de Vaca Muerta hasta las dos unidades flotantes de licuefacción que Southern Energy (SESA) instalará en el golfo San Matías.
La financiación se pactó a siete años de plazo con tres de gracia. La estructuraron Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú; también financian BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. Son nueve entidades: dos bancos estadounidenses, uno español y uno brasileño en la mesa de estructuración; dos bancos estatales chinos, un español, un británico y el banco de comercio exterior latinoamericano Bladex entre los demás prestamistas.
SMP es la sociedad que agrupa a PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), los mismos socios y las mismas proporciones que en SESA, pero en un vehículo separado. Esa separación es la que hace posible la operación: aísla el activo terrestre y su flujo de repago del resto de la cadena.
Qué apuntala la línea de los u$s 900 millones
El préstamo cubre novecientos de los u$s 1.300 millones que cuesta la obra. Los u$s 400 millones restantes salen de aportes de capital de los cinco accionistas. Es una relación de 69% de deuda contra 31% de capital propio.
Sobre la garantía, la compañía informó que "la estructura del préstamo se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto respaldados por contratos de transporte de largo plazo". Esos contratos tienen un cargador único, SESA, cuyos accionistas son los mismos cinco de SMP.
La referencia obligada es VMOS. En julio de 2025, la sociedad del Vaca Muerta Oleoducto Sur firmó un préstamo sindicado de u$s 2.000 millones a cinco años, con una tasa de SOFR más 5,5%, que financió el 70% del capital de aquella obra y dejó el 30% restante a cargo de los socios. Trece meses después, el apalancamiento del gasoducto es prácticamente el mismo. Lo que se movió es el plazo: dos años más, con una gracia que cubre toda la etapa de construcción y traslada el primer pago de capital a un momento en que el ducto ya debería estar transportando.
La obra ingresó al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en junio. La Resolución 873/2026 aprobó la adhesión de SMP con un cronograma que obliga a computar u$s 454 millones en activos durante el primer año y u$s 501 millones en el segundo, con fecha límite del 31 de mayo de 2027 para completar el monto mínimo. Sin deuda, esos desembolsos salían del bolsillo de los socios en paralelo con el resto de sus compromisos de capital.
En el balance del segundo trimestre presentado a la Securities and Exchange Commission el 19 de agosto, Golar LNG informó que al 30 de junio tenía un requerimiento de fondeo remanente de u$s 31,2 millones por su 10% en San Matías Pipeline, contra u$s 28 millones por su 10% en Southern Energy. El tramo de tubos le exigía más caja de corto plazo que las dos unidades de licuefacción. El cierre de esta semana es lo que desactiva esa presión.
El ducto y las prestaciones proyectadas
El gasoducto correrá desde Tratayén, en Neuquén, hasta la costa de Río Negro, donde conecta con el sistema de licuefacción de SESA. La empresa consigna 472 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, con una capacidad de 27 millones de m³ diarios; la resolución que aprobó la adhesión al RIGI había registrado una traza de aproximadamente 480 kilómetros. La construcción del ducto quedó a cargo del consorcio SICIM–Víctor Contreras y la planta compresora de Allen, a cargo de OPS. Los trabajos arrancan este mes, con los primeros caños llegando a la zona de obra, y terminan a mediados de 2028. Los estudios de impacto ambiental están aprobados por Neuquén y Río Negro.
Del otro lado esperan los dos buques de SESA. El "Hilli Episeyo" entra en operación en 2027 y el "Esperanza", antes llamado MKII, en 2028, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL. El primero arranca antes de que el ducto dedicado esté terminado: durante ese tramo inicial, el proyecto se abastecerá por el gasoducto San Martín. El consorcio proyecta inversiones superiores a u$s 15.000 millones a lo largo de veinte años y exportaciones por u$s 20.000 millones entre 2027 y 2035.
En los hechos, puede decirse que el eslabón más chico de la cadena consiguió su financiamiento primero, y se repaga con los ingresos de la parte de la cadena que aún no consiguió el suyo. El ducto tiene u$s 900 millones firmados contra un contrato de transporte; el proyecto de licuefacción que va a pagar ese contrato tiene un compromiso de inversión veinte veces mayo. Golar ya avanzó por su cuenta: el 12 de agosto firmó el contrato de construcción de una cuarta unidad flotante por unos u$s 2.450 millones, con entrega prevista para fines de 2029, un activo que hoy no tiene destino asignado en la Argentina.