Almacenamiento energético
La expansión de las energías renovables y la electrificación de distintas actividades están aumentando la importancia del almacenamiento energético.
Las baterías permiten guardar electricidad para utilizarla cuando se necesita y forman parte de instalaciones cada vez más relevantes para hogares, industrias y sistemas eléctricos. Ese crecimiento plantea una exigencia que no debería quedar relegada: desarrollar criterios de seguridad acordes con las características de estas instalaciones.
En Argentina existen normas generales y disposiciones sectoriales que abordan distintos aspectos del problema. La Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 contemplan la protección frente a incendios en los lugares de trabajo. La Ley 24.051 regula la gestión de residuos peligrosos, mientras que la Resolución 16/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio establece requisitos de calidad y seguridad para determinados productos de equipamiento eléctrico comercializados en el país.
Estas disposiciones cumplen funciones específicas. Sin embargo, la seguridad de un sistema de almacenamiento energético requiere considerar una cadena de riesgos que va desde el diseño y la instalación hasta la detección de una falla, la intervención de los equipos de emergencia y el tratamiento de los residuos posteriores.
No alcanza con verificar la seguridad de una celda por separado. Cuando muchas celdas integran un módulo, varios módulos forman un equipo y numerosos equipos componen una instalación, es necesario evaluar cómo puede propagarse una falla y qué efectos tendría sobre el conjunto.
En ese terreno existen referencias internacionales que pueden orientar el desarrollo de criterios técnicos. La norma IEC 62619 establece requisitos y ensayos de seguridad para baterías de litio utilizadas en aplicaciones industriales, incluidas las estacionarias. La IEC 63056 contempla requisitos específicos para baterías destinadas a sistemas de almacenamiento eléctrico.
Para las instalaciones, la NFPA 855 aborda, como formas de proceder, la mitigación de riesgos asociados a los sistemas estacionarios de almacenamiento de energía, mientras que el método de ensayo UL 9540A permite evaluar la propagación de incendios por fuga térmica en sistemas de baterías y la norma NTA 8133 establece los protocolos de ensayo para evaluar la eficacia de los extintores portátiles frente a incendios de baterías de ion-litio.
Estas referencias no deben trasladarse automáticamente al marco argentino sin considerar las características locales y las competencias de cada autoridad. Sí ofrecen una base técnica para trabajar en una regulación que integre los distintos componentes de la seguridad.
El primer punto es evaluar el comportamiento de los equipos a distintas escalas. Los ensayos de una celda individual aportan información importante, pero no necesariamente permiten anticipar qué sucederá cuando una falla se propague a otras celdas o comprometa una instalación completa. Las pruebas a escala de módulo y sistema permiten estudiar esa propagación, la liberación de calor y gases y la eficacia de las medidas de protección.
El segundo es garantizar que la información técnica esté disponible cuando se necesite. Identificar la química de las baterías y facilitar el acceso a sus características no es un detalle de etiquetado: puede ser determinante para que los equipos de emergencia evalúen el riesgo y definan cómo intervenir.
También deben contemplarse las condiciones del lugar donde se instalan estos sistemas. La ventilación, la detección de gases, la separación entre equipos y las barreras destinadas a limitar la propagación de un incendio son aspectos que deben evaluarse durante el diseño, no cuando la instalación ya está funcionando.
Por último, cada sistema debería contar con procedimientos de emergencia adecuados a sus características. Eso implica definir responsabilidades, coordinar la intervención con los servicios de respuesta y prever el seguimiento posterior a un incidente, incluida la gestión del agua contaminada y de los componentes dañados.
El trabajo técnico desarrollado en el ámbito del Consejo Profesional de Ingeniería Química plantea la necesidad de avanzar hacia un marco específico para el almacenamiento energético y de contar con protocolos diferenciados según la tecnología involucrada. Es una agenda que merece ser abordada antes de que la expansión de estas instalaciones vuelva más frecuentes las situaciones para las que hoy no siempre existen procedimientos suficientemente integrados.
No se trata de frenar una tecnología necesaria ni de desconocer los avances de la industria, sino de acompañarlos con reglas que permitan aprovechar sus beneficios sin desatender los riesgos. La seguridad no debería depender de que cada fabricante, operador o equipo de emergencia resuelva por su cuenta cómo actuar. Necesita criterios comunes, información accesible y responsabilidades definidas.
Si el almacenamiento energético va a ocupar un lugar cada vez más importante en nuestra infraestructura, su seguridad también debe formar parte de la planificación: la prevención resulta más eficaz cuando se incorpora desde el diseño que cuando se intenta construir después de una emergencia.