Representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, empresas y organismos internacionales analizaron en el panel “Interconexión eléctrica para una región más integrada: avances y perspectivas del Plan Regional hacia 2040” los resultados del Plan y las condiciones necesarias para llevar las oportunidades identificadas a proyectos concretos llevado adelante por la OLACDE.
La integración eléctrica de América Latina y el Caribe podría generar beneficios netos de entre US$ 1.000 millones y US$ 5.000 millones anuales, de acuerdo con los resultados del Plan Regional de Interconexión Eléctrica hacia 2040. El estudio evaluó 16 interconexiones candidatas y concluyó que 12 forman parte del portafolio óptimo en el escenario base, mientras que las 16 presentan valor en al menos uno de los escenarios analizados.
El Plan es impulsado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), junto con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comisión Europea, a través de EUROCLIMA, con implementación de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
El objetivo es aportar evidencia para orientar las decisiones de infraestructura, regulación e inversión de largo plazo, mediante la identificación de corredores estratégicos y la evaluación de su desempeño frente a distintos escenarios de demanda, precios y condiciones climáticas.
Importancia de la integración eléctrica frente al avance de la electrificación
En la apertura, Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, subrayó el papel estratégico de la integración eléctrica ante el avance de la electrificación. Según explicó, la conexión entre los sistemas eléctricos no solo fortalece la cooperación política, sino que también permite optimizar los costos de abastecimiento, reforzar la seguridad energética y disminuir las emisiones. En ese sentido, remarcó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre los países y una planificación con visión de largo plazo.
Por su parte, Myriam Ferrán, de la Comisión Europea, destacó que las interconexiones son fundamentales para facilitar el intercambio de electricidad entre los países. También señaló que su desarrollo exige una planificación coordinada de la generación, la transmisión y las conexiones eléctricas, además de marcos regulatorios, financiamiento y participación empresarial que permitan concretar las obras.
Los principales resultados del estudio estuvieron a cargo de Rodrigo Moreno, director del Centro de Energía ENLACE, quien detalló que se analizaron 16 interconexiones potenciales en seis escenarios diferentes. La evaluación contempló cambios en los precios de los combustibles, una mayor electrificación y eventos climáticos como El Niño y La Niña.
Moreno precisó que 12 de las 16 interconexiones forman parte del portafolio óptimo en el escenario base, mientras que, al variar las condiciones consideradas, los 16 proyectos muestran valor en al menos uno de los escenarios evaluados.
Panamá-Colombia y Perú-Chile, entre los corredores estratégicos
La conexión Panamá-Colombia representa una oportunidad para profundizar la integración entre los sistemas eléctricos de Centroamérica y Sudamérica. Durante el encuentro, Lisnely Valdés Bosquez, directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, resaltó su importancia para fortalecer la resiliencia regional frente a eventos climáticos.
Sin embargo, advirtió que el avance del proyecto requiere continuar trabajando en materia de gobernanza y armonización regulatoria, condiciones necesarias para facilitar la coordinación entre los países involucrados.
Por su parte, la interconexión Perú-Chile permitiría vincular el sistema andino con el Cono Sur y ampliar las posibilidades de intercambio eléctrico entre mercados.
La identificación de estos corredores forma parte de una estrategia regional que busca aprovechar las complementariedades entre los sistemas eléctricos, mejorar la seguridad del abastecimiento y reducir los costos asociados a la provisión de energía.
Regulación, financiamiento y confianza para concretar los proyectos
Más allá de los resultados técnicos, uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de avanzar en las condiciones institucionales, regulatorias y financieras que permitan ejecutar las interconexiones identificadas.
En la apertura, Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, sostuvo que la integración eléctrica adquiere una relevancia creciente frente al avance de la electrificación. “La integración no es solamente un valor político: permite generar mayor economicidad en el abastecimiento, mayor seguridad energética y reducir emisiones”, señaló.
Desde la Comisión Europea, Myriam Ferrán remarcó que las interconexiones permiten que la electricidad fluya entre los países y planteó que su desarrollo debe abordarse de manera conjunta con la expansión de la generación y la transmisión. También subrayó la importancia de contar con condiciones regulatorias, financieras y empresariales que hagan viables las inversiones.
Durante el panel, moderado por Esteban Kiper, de OLACDE, Arianna Spinelli, directora nacional de Energía de Uruguay, afirmó que “la integración energética es un instrumento, no un fin en sí mismo”. En ese sentido, destacó la experiencia de planificación de largo plazo de su país para reducir los costos de abastecimiento y señaló que todavía existe margen para aprovechar mejor las interconexiones instaladas.
A su vez, Álvaro González, de ISA Energía Chile, sostuvo que “la planificación técnica y la planificación regulatoria tienen que avanzar al mismo tiempo”. El ejecutivo identificó la confianza, la gobernanza y la adaptabilidad como tres condiciones fundamentales para impulsar los proyectos.
En materia de financiamiento, Blas Rozada, de FONPLATA, puso el foco en la necesidad de estructurar iniciativas que sean viables desde el punto de vista técnico, institucional y económico. “Los proyectos tienen que ser técnicamente sólidos, institucionalmente gobernables, económicamente sustentables y financieramente sostenibles”, afirmó.
Por último, destacó la importancia de combinar recursos públicos y privados y establecer una distribución adecuada de los riesgos para facilitar la ejecución de las inversiones.