Giro de política económica
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se dispone a aprobar en las próximas horas un cambio regulatorio profundo que podría transformar el acceso al crédito en dólares para el mercado interno.
Mañana, el directorio del organismo evaluará la habilitación de préstamos en dólares —prendarios, hipotecarios y de diversa índole— a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa, eliminando o flexibilizando drásticamente las restricciones prudenciales que rigen desde la crisis de 2001-2002.
Esta apertura, representa un giro estratégico para sectores intensivos en capital como la energía y la minería. Mientras las grandes empresas del sector —YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell, Pan American Energy en Vaca Muerta, o Rio Tinto, Glencore y Ganfeng en litio y cobre— acceden directamente a financiamiento internacional a través de emisiones de deuda, bonos bajo ley extranjera o créditos sindicados en el exterior, las medianas y pequeñas empresas enfrentan barreras significativas: costos elevados, requisitos estrictos de garantías o simplemente falta de acceso a mercados globales.
La medida busca cerrar esa brecha al permitir que bancos locales canalicen dólares ociosos hacia préstamos a tasas competitivas (estimadas en 5-7% anual, con fondeo de plazos fijos en dólares entre 2-5% TNA), facilitando inversiones en exploración, desarrollo de pozos, infraestructura de transporte, plantas de procesamiento de litio o proyectos de cobre en San Juan, Catamarca y Salta.
En un contexto donde Vaca Muerta impulsa un superávit energético récord proyectado para 2026 (entre u$s8.500 y u$s10.000 millones) y la minería ya se posiciona como el quinto complejo exportador con crecimientos del 40% en litio, este crédito local en divisas podría acelerar la ejecución de proyectos medianos, generar empleo calificado y potenciar cadenas de valor locales sin depender exclusivamente de financiamiento externo.
El impulso a este nuevo esquema es complementario a la recién reglamentada Ley de Inocencia Fiscal N° 27.799. Este esquema impulsa el régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (optativo para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta aproximadamente $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, excluyendo grandes contribuyentes) que ofrece declaraciones precargadas con efecto liberatorio y presunción de exactitud.
A la vez, promueve que no se indague en el origen de fondos: la fiscalización se centra en ingresos facturados y deducciones, con un “tapón fiscal” en variaciones patrimoniales pasadas. Se elevan umbrales penales por evasión (simple a $100 millones por tributo y ejercicio; agravada a $1.000 millones), se reduce la prescripción de 5 a 3 años —liberando investigaciones retroactivas desde 2029 para adherentes— y se habilita un blanqueo popular permanente sin impuestos retroactivos, junto con exención de retenciones en intereses de depósitos en dólares.
El crédito en dólares para remonetizar la economía
El Gobierno estima que hay entre u$s170.000 y u$s200.000 millones en dólares fuera del sistema formal (“bajo el colchón” o no bancarizados) y hasta u$s400.000 millones en cuentas offshore.
Con depósitos privados en dólares ya cercanos a récords (alrededor de u$s37.000 millones a inicios de 2026, con fuerte crecimiento en 2025) y un stock de crédito en dólares que ronda u$s20.000 millones (alzas mensuales del 7% en enero), la iniciativa apunta a remonetizar la economía real canalizando esos recursos hacia préstamos productivos y de consumo, en un esquema de dólar controlado con bandas móviles.
Esta flexibilización se suma a la Comunicación “A” 8397 del jueves pasado, que moderó restricciones en encajes en pesos y líneas externas, y a reuniones recientes entre el ministro Luis Caputo, el presidente del BCRA Santiago Bausili, el presidente Javier Milei y referentes de bancos y ALyCs.
El Ejecutivo confía en que reservas fortalecidas —con compras netas superiores a u$s1.600 millones en lo que va de 2026 y reservas brutas rondando u$s45.000 millones— junto a disciplina fiscal minimicen riesgos. Sin embargo, analistas advierten sobre posibles expansiones de oferta monetaria en dólares sin respaldo pleno en reservas netas, riesgos de desalineación cambiaria, tasas altas en pesos persistentes y distorsiones inflacionarias.
De aprobarse mañana, el esquema marcaría un viraje de 180 grados respecto del paradigma post-2001. El mercado aguardará el comunicado oficial del BCRA para evaluar impactos en tasas, depósitos, crédito, dinámica inmobiliaria y, sobre todo, en la capacidad de inversión de medianas y pequeñas empresas en energía y minería, sectores clave para el crecimiento exportador y la transición energética.