Beneficios impositivos
En un movimiento estratégico que promete reconfigurar el panorama de las inversiones energéticas en Argentina, el Gobierno Nacional, a través de su secretario de Energía, Daniel González, anunció ayer la extensión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a la totalidad del segmento upstream de hidrocarburos, es decir, a la fundamental etapa de perforación, desarrollo y producción de pozos.
Esta decisión fue revelada ayer durante el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo y el Gas, que anualmente realiza el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y marca un punto de inflexión en la política energética del país. Es que el RIGI, concebido originalmente en la Ley Bases, beneficiaba mayormente a proyectos de midstream, principalmente de construcción de largos gasoductos para la exportación de gran escala, enfocados en el Gas Natural Licuado (GNL).
La medida no surge de la nada, sino que responde a una solicitud expresa y fundamental por parte de la Provincia del Neuquén, motor de la formación Vaca Muerta, cuyo gobernador, Rolando Figueroa, venía insistiendo en que los proyectos de upstream no convencional requieren grandes inversiones y también requieren su inclusión dentro de este marco de incentivos. El objetivo es destrabar un volumen aún mayor de capitales, consolidar la expansión productiva y potenciar el perfil exportador de la cuenca a más largo plazo.
González afirmó que en los próximos días se definirá la letra chica del nuevo esquema, pero adelantó dos criterios ineludibles para la calificación: las inversiones deberán estar destinadas a producción incremental de petróleo o gas y deberán cumplir con un monto mínimo de inversión, manteniendo el piso de u$s200 millones que ya rige para otros proyectos bajo el RIGI.
Mayor entusiasmo en Vaca Muerta
La ampliación del RIGI representa un cambio radical en el marco regulatorio para las empresas dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina, otorgándoles un incentivo a más largo plazo. La idea es equiparar las condiciones de inversión con hubs energéticos globales de la talla del Permian Basin en Estados Unidos o el pre-sal de Brasil.
Para las operadoras de upstream, esto significa que seguramente accedan a una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, antes reservados a la mega-inversión en GNL, que ahora se aplicarán a sus nuevas perforaciones y desarrollos que generen producción adicional de crudo o gas. Se cree que el paquete de incentivos incluirá la promesa de una estabilidad fiscal por 30 años, esencial para la planificación de proyectos petroleros que tienen extensos periodos de maduración, una reducción en la alícuota del Impuesto a las Ganancias, la exención de aranceles a la importación de bienes de capital críticos para la operación (como equipos de perforación y fractura) y, crucialmente, la libre disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones para hacer frente a pagos de capital, utilidades y dividendos.
Esta combinación de incentivos se traduciría directamente en una mejora de la rentabilidad esperada y una reducción significativa del riesgo regulatorio asociado a las inversiones en el país. Todo esto debería impulsar una aceleración de las inversiones, especialmente aquellas que buscan maximizar la producción para la exportación. Todos miran a Vaca Muerta porque los yacimientos convencionales difícilmente puedan aspirar a grandes inversiones en vistas a una producción incremental. La medida se daría en un contexto del precio del barril a la baja y sobre-oferta de crudo, algo que ya comenzó a preocupar a las operadoras.
Tanto el Gobierno Nacional, como el de la Provincia del Neuquén, esperan que este nuevo marco acelere el ingreso de capitales, dispare la producción adicional de barriles y metros cúbicos, y apuntale la curva exportadora necesaria para seguir garantizando el superávit energético durante 2026, al tiempo que represente una mayor recaudación fiscal y, a largo plazo, un fortalecimiento de la integración energética con países vecinos como Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, transformando a las operadoras locales en actores clave del suministro energético regional.