El sector energético, eléctrico y minero de la Argentina sigue de cerca novedades normativas.
Anuncios como los nuevos RIGIs y el Super RIGI, o la reglamentación de la Ley de Bases y la creciente desregulación tienen alto impacto en el negocio y las inversiones.
En este sentido, el análisis de los marcos legales locales adquiere especial relevancia y los estudios de abogados corporativos actúan como el nexo técnico entre el diseño de las leyes estatales, el financiamiento internacional y las corporaciones operadoras que ejecutan los proyectos de inversión en áreas como Vaca Muerta o la minería metalífera.
Es por eso que el Shale24+Santander Energy Summit incluyó un panel especialmente dedicado a pensar el sector desde este ángulo. El mismo fue moderado por Mariano Bernardi, socio de Bernardi & Asociados, y contó con la participación de Pablo Rueda, socio en Martínez de Hoz & Rueda; Nicolás Eliaschev, socio en Tavarone, Rovelli, Salim, Miani (TRSM), y Francisco Romano, socio en Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM).
El factor de la continuidad institucional
La explotación de los recursos no convencionales en la cuenca neuquina requiere de flujos de capital sostenidos en el tiempo. Según los especialistas del área jurídica, la persistencia de las reglas de juego sectoriales a través de diferentes administraciones políticas es el factor que posibilitó la actual escala de producción.
"El recurso de Vaca Muerta siempre estuvo, pero sin inversiones ese recurso no podía extraerse desde el subsuelo. Y estas inversiones que hoy vemos fueron posibles gracias a una política hidrocarburífera que encontró continuidad y permitió que el sector se desarrolle", detalló Pablo Rueda, socio del estudio Martínez de Hoz & Rueda.
Pero también señaló discontinuidades: “En el sector de hidrocarburos igualmente hubo cambios, uno de los cuales fue el transporte. Se pasó de la concesión pública a la autorización. Hoy está más desregulado y se le más libertad a los privados. Antes, cuando un productor quería hacer un ducto dedicado para transportar su producción había que entrar en loops jurídicos; hoy por suerte ya no se necesita entrar en una licitación pública para este tipo de obras. Esto permitió el desarrollo del midstream en Argentina”.
Reformas normativas y acuerdos federales
La visión de los asesores legales resulta determinante para los inversores extranjeros, dado que permiten configuran las estructuras de mitigación de riesgos y evalúan la solidez de las reformas frente al derecho administrativo y constitucional argentino. En ese sentido, las modificaciones introducidas por la Ley de Bases alteraron leyes de fondo como la de Hidrocarburos (N° 17.319), orientando el mercado hacia la libre exportación de saldos.
"La previsibilidad y estabilidad son condición necesaria para desarrollar recursos. Lo mismo aplica a otros sectores como renovables. La Ley de Bases no sólo incluye el RIGI, sino modificaciones muy importantes a otras leyes anteriores. El consenso con los gobernadores también fue fundamental", especificó Nicolás Eliaschev, socio de la firma Tavarone, Rovelli, Salim, Miani.
“Los RIGIs parecieran estar muy pensados especialmente para proyectos de exportación de materias primas. Pero para el sector eléctrico, por ejemplo, este esquema no sería suficiente. De todas maneras, el Gobierno está pensando el problema de una manera acertada porque no busca encararlo a través de obra pública sino a través de inversión privada que luego puede recuperarla a través de tarifas”, recalcó Eliaschev.
El nuevo esquema de financiamiento de infraestructura
La viabilidad técnica de los proyectos de exportación de gas, petróleo y minerales depende directamente de la capacidad de transporte. Ante la reducción de la obra pública financiada por el Tesoro Nacional, los contratos entre privados regulados bajo el nuevo marco legal hoy definen la construcción de ductos y tendidos eléctricos.
"Es la primera vez que veo que el Estado se corre de las grandes obras de infraestructura", señaló Francisco Romano, socio de PAGBAM. Como se sabe, los estudios jurídicos intervienen en esta instancia mediante el diseño de los fideicomisos, contratos de transporte en firme (ship or pay) y las estructuras financieras necesarias para suplir el financiamiento estatal en las obras de escala energética.
“La autorización de transporte y de almacenamiento permitió el desarrollo del midstream desde el sector privado, que antes estaba muy dependiente del upstream. El Estado se comprometió a no interferir en el transporte ni en los precios”, recalcó Romano.
En cuanto a los principales hitos regulatorios de los últimos años, Romano habló del cambio de paradigma que significa pasar del autoabastecimiento a transformarnos en potencia exportadora.
Resaltó que sobre esa base el objetivo más ambicioso de la industria consolidar una producción de 1,7 millones de barriles diarios de crudo y cerca de 300 millones de m³ de gas hacia el año 2030 y que alcanzar esa meta requiere un flujo constante de unos 25.000 millones de dólares anuales entre 2027 y 2030, duplicando el ritmo de inversión actual, lo que a su vez requiere financiación externa como condición sine qua non.
Mariano Bernardi, socio de Bernardi & Asociados, agregó: "Uno de los grandes paradigmas que permitió pasar del autoabastecimiento al abastecimiento, y esto habilita swaps, intercambio entre exportación/importación, no romper los contratos a largo plazo, como había pasado con Chile en 2004 porque había faltante de gas.