Mendoza Energy Summit
Mendoza pretende que la sostenibilidad deje de ser una declaración de principios y pase a medirse en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esa fue la idea central de la presentación de Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, en el Mendoza Energy Summit.
La funcionaria expuso el 18 de septiembre en el Hotel Hilton, dentro del bloque de minería y sostenibilidad. Su presentación siguió al panel en el que PSJ Cobre Mendocino, Arex Mining y Kobrea mostraron dónde está parado cada proyecto de cobre de la provincia.
La presentación se tituló "La sostenibilidad como herramienta de gestión pública y competitividad empresaria". Ortega dirige la Coordinación desde su creación, en julio de 2025. Antes, desde 2024, había liderado el área de Sostenibilidad de la Dirección de Minería provincial.
Una palabra gastada
La funcionaria abrió con una advertencia sobre el término que da nombre a su área. "Es una palabra que está de moda. De hecho, en la oficina muchas veces tratamos de obviarla o no nombrarla, porque muchas veces se la asocia a un greenwashing", dijo, en alusión al lavado de imagen verde de empresas y gobiernos.
Frente a ese desgaste, definió la sostenibilidad como "una visión integral de gestión" que busca compatibilizar el desarrollo económico, el cuidado ambiental, el bienestar social y el desarrollo territorial "con un esquema de buena gobernanza". Para la industria que llenaba el salón, la traducción fue directa: "Cada vez que nosotros hablemos de desarrollo energético, desarrollo minero, vamos a tener que hablar de agua, de ambiente, de comunidades, de territorio".
Ortega planteó que el Estado y las empresas tienen que preguntarse cómo van a producir y qué relación van a construir con el territorio, además de cuánto van a producir. Y fijó el límite de los permisos: "La aceptación de un proyecto no se da por un mero acto administrativo. Nosotros siempre decimos que la licencia social no se decreta, no es algo que se otorga con un sello". Según explicó, esa aceptación se construye sobre la confianza. La confianza, a su vez, requiere "información clara y precisa, incluso muchas veces información adaptada", datos reales, control y responsabilidad por los actos.
El registro de emisiones, del decreto a los yacimientos
Para llevar esos principios a la práctica, la Provincia diseñó el Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES), que organiza la gestión en cuatro dimensiones: ambiental, social, económica y de gobernanza. Ortega eligió dos herramientas del plan para ilustrarlo.
La primera es el Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Forma parte del Programa Provincial Integral de Emisiones de GEI creado por el Decreto 758/2025. El Gobierno lo presentó en enero como el primer registro provincial digital y público del país. La plataforma muestra, geolocalizadas, las emisiones que declaran las empresas por departamento, sector y tipo de gas. En su lanzamiento, 37 compañías de energía, industria, agroindustria y alimentos ya habían cargado sus inventarios. Según Ortega, esa base permite a las organizaciones tomar decisiones con datos propios y armar planes de descarbonización.
Para el sector que siguió el Summit, el cambio relevante llegó en agosto. La actualización del programa dejó de usar el tamaño de la empresa como criterio de inclusión. Ahora deben reportar las fuentes fijas, es decir, las actividades que liberan gases por conductos o chimeneas o que están inscriptas en el registro provincial creado en 2012. Además, la Subsecretaría de Energía y Minería debe intimar a quienes hagan prospección, exploración, explotación, cierre o poscierre minero o hidrocarburífero para que presenten sus reportes con los mismos criterios que el resto.
La declaración es anual y cubre las emisiones directas (alcance 1) y las indirectas por energía consumida (alcance 2). Las referencias metodológicas son el GHG Protocol y la norma ISO 14064:2018. El plazo vence el último día hábil de noviembre de cada año. Por única vez, en 2026 deben presentarse juntos los reportes de 2024 y 2025. Los inventarios tienen que llevar la firma de un profesional o técnico con formación acreditada. También deben detallar las medidas de reducción implementadas o planificadas. La Coordinación de Sostenibilidad es la autoridad de aplicación y tiene a su cargo la fiscalización y la auditoría.
La segunda herramienta es la Red Mendoza Sostenible, lanzada en marzo dentro del programa de vinculación comunitaria del ministerio. Ortega la presentó con la consigna "conectar para generar valor". Funciona como una red entre el Estado, las empresas, la academia y los ciudadanos, con un mapeo de las iniciativas sostenibles que ya existen en cada departamento.
Una responsabilidad compartida
Hacia el cierre, la funcionaria definió la sostenibilidad como "el desarrollo con responsabilidad que implica gestionar los impactos, anticipar los riesgos y construir confianza en el territorio". Agregó que esa responsabilidad es compartida: recae sobre las empresas titulares de cada proyecto, sobre el Estado y también sobre la comunidad.
Para Ortega, de eso depende que las inversiones lleguen con reglas previsibles: "El desafío no es solamente desarrollar proyectos. El desafío también es construir estas condiciones, estos espacios, para que estos proyectos puedan generar valor, cuidar el territorio y construir confianza, y fundamentalmente a largo plazo".
El próximo paso de su área es cerrar el Inventario Provincial de GEI. Ese inventario servirá de base para el primer Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático previsto por la Ley 27.520. En lo inmediato, el calendario que vence a fin de noviembre alcanza a las operadoras de la Vaca Muerta mendocina y a las exploradoras de cobre de Malargüe, que deben declarar juntos los años 2024 y 2025.