La revista Gas in Transition —publicación oficial de la International Gas Union (IGU)— dedicó en su número de diciembre 2025 un apartado especial a Argentina dentro de su foco en LNG e innovación en el gas natural. En el segmento “Argentina Spotlight”, la Secretaria de Energía, María Tettamanti, ofreció una entrevista donde repasó el estado heredado del sector, las medidas implementadas en 2025 y la hoja de ruta para convertir al país en exportador neto estructural de gas.
Tettamanti explicó que desde 2002 se desmantelaron los marcos institucionales y regulatorios consolidados en la década de 1990. Sostuvo que el Estado asumió un rol dominante en inversiones y gestión, aplicó tarifas arbitrarias con fines electorales de corto plazo y generó descapitalización generalizada. El resultado fue una infraestructura insuficiente para cubrir la demanda interna, picos históricos de importaciones de gas y subsidios generalizados que trasladaron la carga financiera de los usuarios a los contribuyentes, con impacto directo en déficits fiscales e inflación. Los sectores de menores ingresos fueron los más perjudicados por esta política regresiva.
“Dado este escenario, ¿cuáles son sus objetivos prioritarios?”, preguntó el periodista de la publicación.
“Nuestro principal objetivo es revertir estos efectos fomentando un entorno propicio para la inversión, que permita una producción energética eficiente y el desarrollo de infraestructura esencial para la evacuación, tratamiento, transporte, comercialización, distribución y exportación de petróleo y gas natural. Esto maximizará el uso eficiente de los importantes recursos energéticos de Argentina. Restaurar un marco institucional confiable y predecible es crucial para atraer inversiones que requieren períodos de recuperación a largo plazo. Es imperativo honrar los términos y condiciones de los contratos de concesión y desregular los mercados mayoristas. La búsqueda de eficiencia por parte del sector privado es fundamental para garantizar la disponibilidad de energía al menor costo posible, minimizando así precios y tarifas”, respondió Tettamanti.
La conversación se centró luego en el segmento regulado de transmisión y distribución…
Sostuvo Tettamanti: “De las concesiones de 33 años otorgadas en los años 90, solo un tercio del período transcurrió con tarifas que cubrían costos operativos, mantenimiento, amortización de capital y retorno razonable. Los congelamientos y demoras tarifarias posteriores restringieron inversiones en expansión de redes y obligaron a limitar el gasto a medidas básicas de seguridad y confiabilidad. Como consecuencia, millones de hogares y comercios quedaron sin acceso al gas natural y recurrieron a fuentes más caras o menos seguras”.
“Abordemos el sector regulado: transmisión y distribución de gas. ¿Qué políticas implementarán?”, consultó la revista.
“La inversión en infraestructura de gas —transmisión y distribución— exige rentabilidad y previsibilidad. De las concesiones de 33 años otorgadas a los licenciatarios, solo un tercio de esos años contó con tarifas alineadas al marco regulatorio, cubriendo costos operativos, mantenimiento, amortización de capital y un retorno razonable. Los años restantes se caracterizaron por congelamientos o demoras tarifarias, que restringieron la inversión en expansión de servicios y limitaron el gasto a medidas esenciales de seguridad y confiabilidad. Esta falta de inversión afectó a millones de argentinos que, sin acceso al gas natural, debieron recurrir a alternativas más caras o menos confiables. En mayo de este año (2025), se completó la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), estableciendo los requerimientos de ingresos para las empresas durante el período 2025-2030. Se decidió implementar los aumentos necesarios en 30 cuotas mensuales consecutivas para mitigar el impacto en los consumidores. Además, los ajustes tarifarios pasaron de semestrales a mensuales para evitar la pérdida de poder adquisitivo y cambios abruptos de precios. Como resultado, los contratos de concesión ahora respetan los derechos de los licenciatarios mientras exigen el cumplimiento de sus obligaciones. Los licenciatarios pueden pronosticar flujos de ingresos, y los usuarios tienen asegurado un esquema de ajuste progresivo y predecible, evitando congelamientos artificiales y aumentos repentinos. El rediseño tarifario se complementa con una política de subsidios más transparente y focalizada, promoviendo el consumo racional. Los subsidios se dirigen a quienes realmente los necesitan y por la energía que verdaderamente requieren. Mantener precios artificialmente bajos para todos, a expensas de mayores déficits, impuestos más altos e inflación, es una política regresiva”**, detalló la Secretaria.
El diálogo avanzó hacia las distorsiones históricas en el mercado mayorista…
“La declinación natural de las cuencas norte y sur dejó ductos subutilizados, mientras la Cuenca Neuquén —impulsada por Vaca Muerta— concentra el potencial de crecimiento. Los contratos de transporte no se readaptaron a esta nueva geografía productiva”, dijo Tettamanti.
“En el pasado hubo distorsiones en el mercado mayorista de gas natural. ¿Cómo planean restaurar ese mercado?”, indagó el entrevistador.
“El mercado de gas natural es inherentemente competitivo y debería operar de manera libre y sin regulación. Lograr esto requiere una arquitectura de transporte alineada con la disponibilidad de gas natural en las cuencas productoras. Los distribuidores deben tener claridad sobre las rutas de transporte firmes para suministrar la demanda prioritaria, y las industrias deben saber de qué cuencas pueden contratar gas natural de manera confiable. La declinación de producción en las cuencas norte y sur ha dejado ductos subutilizados, mientras que la cuenca Neuquén ofrece potencial de crecimiento. Sin embargo, los contratos de transporte no se han adaptado a esta nueva realidad. La asignación de capacidad de transporte debe revisarse con prioridades regulatorias para segmentos de usuarios, asegurando que cada región refleje la disponibilidad real de gas natural y la necesidad de nuevas capacidades de transporte firmes para respaldar la expansión del sistema. Las transacciones de gas deben ocurrir entre entidades privadas, independientemente del uso final, y el Estado debe retirarse de las actividades de comercialización actualmente gestionadas por Enarsa bajo la Secretaría de Energía. Para las compras de gas por parte de distribuidores, debe mantenerse el principio de passthrough de los costos de adquisición en las tarifas. Este año, Enargas emitió una nueva resolución estableciendo una metodología transparente para aplicar este principio, asegurando a los distribuidores la neutralidad en los costos de gas. La unificación institucional de ENRE y ENARGAS, como lo manda la Ley Bases, es un paso positivo hacia cambios regulatorios coherentes y coordinados, especialmente a la luz de los avances tecnológicos en la producción de energía”, explicó Tettamanti.
La entrevista cerró con la definición de la política gasífera del gobierno…
“En conclusión, ¿hacia dónde quiere ir el gobierno argentino?”, preguntó la publicación.
“La política de gas que defendemos es clara: un mercado mayorista libre, competitivo y ordenado, que permita a productores, transportistas, distribuidores e industrias celebrar contratos a largo plazo con precios que reflejen costos, libres de intervenciones estatales innecesarias. Un sistema de transporte adaptado a las necesidades de evacuación, con tarifas predecibles que respalden la expansión en respuesta a la demanda de usuarios finales. Un esquema tarifario que se adhiera a principios legales, evite oportunismos e incorpore mecanismos de actualización para prevenir diluciones y cambios abruptos. Subsidios focalizados basados en equidad y eficiencia. Un Estado que se retire de la comercialización de gas y se enfoque en una regulación responsable e inteligente para asegurar el suministro energético al menor costo posible. Reconstruir un sector energético devastado no se logra con una sola medida ni en cuestión de meses. Requiere consistencia, coordinación y, sobre todo, determinación política para mantener el curso: pasar de la emergencia crónica a la normalidad regulatoria; de prácticas discrecionales a reglas claras; de una intervención estatal omnipresente a un marco que empodere a inversores y productores. Este es el camino que hemos elegido, y es la única forma de asegurar que el gas natural —un recurso vital para la competitividad económica y la calidad de vida de Argentina— alcance su máximo potencial”, concluyó la Secretaria de Energía.