El modelo es CONUAR
El sector nuclear argentino llegó a su aniversario número 76 con una paradoja sobre la mesa.
El país domina el ciclo completo del combustible, una capacidad que reúnen menos de diez naciones en el mundo, pero, por distintas razones, nunca la convirtió en una industria de exportación a escala. Los Lineamientos que presentó este 31 de mayo la Secretaría de Asuntos Nucleares apuntan exactamente a esa brecha.
El foco del documento no está en los cuatro objetivos que difundió el organismo, sino en cómo redefine la propiedad de los activos y el rol del capital privado. Y hay un dato de secuencia que la presentación no destaca: el canal administrativo para que privados accedan a esos activos ya estaba operativo semanas antes del anuncio. La doctrina llegó después de abrir la ventanilla. Shale24 analizó el documento.
A continuación, las diez claves para leer un texto que reordena tres décadas de política sectorial.
1. Es doctrina, no plan. El documento se define como marco conceptual y no como cronograma de ejecución con plazos y partidas asignadas. No enumera qué centrales se construyen ni con cuánto presupuesto: establece bajo qué criterios se diseñan, evalúan, autorizan o discontinúan los proyectos del sector. La distinción no es semántica. Significa que cada iniciativa futura deberá pasar por el tamiz que fija el texto antes de avanzar, y que proyectos en curso sin resultados verificables quedan expuestos a revisión.
2. La doctrina llega después de abrir la ventanilla. A comienzos de mayo, la CNEA inició el procedimiento "Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas", bajo el Régimen de Iniciativa Privada del Decreto 713/2024. El mecanismo habilita a firmas nacionales y extranjeras a pedir información, documentación y autorización para visitar predios, plantas e instalaciones del organismo, paso previo a una eventual oferta sobre activos materiales e inmateriales. Cuando la Secretaría presentó los Lineamientos a fin de mes, ese canal llevaba semanas funcionando. El documento le da encuadre conceptual a un movimiento que ya estaba en marcha, no al revés.
3. La apertura coincidió con una visita de Estados Unidos. El procedimiento se puso en marcha en sincronía con la llegada de una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que recorrió Atucha y los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche. La coincidencia de fechas instaló interrogantes en el sector científico y energético sobre el alcance de la apertura. Para el lector inversor, marca que la ventana no es solo doméstica: el interés externo ya tiene presencia física en las instalaciones que podrían pasar a manos privadas.
4. El sector se divide en tres categorías. El texto clasifica a las empresas del sistema nuclear según su función. Las operadoras de centrales de potencia conservan una modalidad institucional a evaluar caso por caso, el escalón donde el Estado mantiene más margen para retener control. Las de combustibles y componentes del ciclo, y las de servicios técnicos especializados, "no encuentran justificación funcional para la propiedad estatal de sus activos productivos". Para esas dos categorías, la política recomienda la transición progresiva hacia capital privado. La tipología es el verdadero mapa de qué queda en juego y qué no.
5. El modelo es CONUAR. El documento elige una referencia concreta y no una abstracción. CONUAR S.A., de capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA, fabrica los elementos combustibles de las centrales argentinas hace más de cuatro décadas sin generar sobrecosto para el Estado. La recomendación es que el conjunto del sector converja hacia ese esquema accionario: socio mayoritario privado que aporta el capital y toma el riesgo, CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado. Es la plantilla que el Gobierno quiere replicar eslabón por eslabón.
6. Nucleoeléctrica ya está en proceso. La doctrina aterriza sobre una privatización dispuesta antes de su publicación. El Gobierno definió la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un 5% para un programa de propiedad participada de los trabajadores y el 51% retenido por el Estado. Las tres centrales aportaron el 7,4% de la electricidad nacional en 2024 y suman 1.763 MW de potencia instalada, según el Informe Sectorial de Energía Nuclear 2025. A marzo de 2026 el proceso seguía sin pliego publicado, una continuidad de lo que dejó la salida de Demián Reidel de la presidencia de la operadora.
7. El uranio concentrado queda afuera, el ciclo no. Para entender la prioridad exportadora hay que ver el ciclo completo del combustible, la cadena que va del uranio en la roca al combustible ya usado. Tiene tres tramos: la cabecera (minería, conversión, enriquecimiento y fabricación), el uso en el reactor, y la cola (almacenamiento y disposición de residuos). Argentina tiene capacidad propia en casi todos los eslabones: Dioxitek convierte el concentrado en dióxido de uranio, CONUAR fabrica los elementos combustibles y la CNEA conserva tecnología de enriquecimiento en Pilcaniyeu, hoy de operación intermitente. Sobre ese mapa, el documento hace una exclusión expresa: el uranio en concentrado mineral, sin procesar, no es prioridad, porque es un segmento de bajo margen sin ventajas comparativas para el país. La prioridad se desplaza a la conversión y el enriquecimiento, donde la oferta global está concentrada en pocos proveedores y el valor agregado es mayor. Como las centrales locales usan uranio natural y no necesitan enriquecimiento, esos segmentos apuntan al mercado externo.
8. La ventana se apoya en la demanda de los centros de cómputo. El documento enmarca la oportunidad en un momento internacional que vuelve a mirar a la energía nuclear. La cartera de acuerdos condicionales de suministro entre operadores de centros de cómputo y proyectos de reactores modulares pequeños creció de 25 gigavatios a fines de 2024 a 45 gigavatios, según un informe de la International Energy Agency de abril. A eso se suma el levantamiento de la prohibición del Banco Mundial para financiar proyectos nucleares. Aun así, el texto pide participación informada en reactores modulares sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica local no respalde, un freno explícito al entusiasmo.
9. Todo se mide con un filtro comercial. El criterio que atraviesa el documento es la validación por mercado. Un proyecto con factibilidad técnica pero sin cliente "no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto", fija el texto. La disciplina fiscal se establece como condición de cumplimiento obligatorio y no como preferencia programática, y el Estado conserva la rectoría política separada de la operación productiva. Las nuevas inversiones se piensan desde la oportunidad comercial hacia atrás, no desde la factibilidad técnica hacia adelante.
10. Se revisa cada dos años. Los Lineamientos establecen revisión bienal, con revisiones extraordinarias si circunstancias estructurales lo justifican. La apuesta de fondo, con la conducción política separada de la operación y el capital privado como socio que toma el riesgo, es convertir capacidad técnica acumulada durante 75 años en industria con exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país. El documento define el horizonte. El procedimiento de Iniciativa Privada y la venta de Nucleoeléctrica ya empezaron a poblarlo.