Panorama energético en el Palacio Legislativo
El Congreso se apresta a sancionar en los próximos días el Presupuesto 2026 sin el polémico Capítulo XI y, sobre todo, sin veto presidencial.
La decisión de Javier Milei de no obstaculizar la ley sella dos escenarios clave para el sector energético y ambiental: la caducidad definitiva de la Ley 27.191 de promoción de energías renovables al 31 de diciembre de 2025 y la postergación del debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares hacia febrero de 2026.
El giro del Ejecutivo —que pasó de amenazar con el veto total a aceptar el texto limpio de artículos sensibles— responde a la prioridad de contar con una herramienta presupuestaria propia, preservar el equilibrio fiscal y enviar señales positivas al Fondo Monetario Internacional en vísperas de un desembolso pendiente.
El final de una etapa para las renovables
La Ley 27.191, sancionada en 2015 y modificatoria de la original 26.190, pierde vigencia el próximo martes sin que se haya aprobado extensión alguna. El intento de prorrogar únicamente la estabilidad tributaria por veinte años —una propuesta limitada que contaba con respaldo inicial del Gobierno— quedó atrapado en el Capítulo XI del proyecto de Presupuesto, rechazado en Diputados y no reincorporado en el Senado.
A partir del 1° de enero de 2026, los nuevos proyectos de inversión en generación renovable ya no podrán acceder a los incentivos promocionales previstos en el artículo 9° de la norma.
Entre los beneficios que caducan figuran la devolución anticipada del IVA sobre bienes de capital y servicios asociados, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la garantía de exención de nuevos tributos, cánones o regalías específicos —nacionales, provinciales o municipales— y otros incentivos residuales como exenciones arancelarias para importaciones.
Los emprendimientos en curso o iniciados antes del 31 de diciembre conservan los beneficios contratados, pero el sector advierte que la desaparición de la previsibilidad regulatoria puede afectar la atracción de nuevas inversiones capital-intensivas.
“Este año trabajamos muy fuerte en lograr la prórroga de la Ley 27.191, que es una política de Estado que atravesó varias administraciones, por lo que sería muy positivo lograr la renovación”, expresó Martín Brandi, presidente de la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA).
En similar sentido, Marcelo Álvarez, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), subrayó la necesidad de “políticas serias de corto, mediano y largo plazo en el contexto de la transición energética”.
Desde la Secretaría de Energía, en cambio, se considera que la norma cumplió su objetivo histórico en un momento en que las tecnologías renovables eran significativamente más costosas y hoy compiten en pie de igualdad en el mercado libre.
Pese a la caducidad, el sector cierra 2025 con indicadores positivos: cerca del 17% de la matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, con más de 17.000 MW instalados y una inversión acumulada estimada en 8.000 a 9.000 millones de dólares desde 2016. En meses pico, la participación superó el 40% de la demanda, con un récord del 44,28% en octubre.
Glaciares: debate postergado
La reforma a la Ley 26.639 de Protección de Glaciares —impulsada por el Ejecutivo para delimitar con mayor precisión el concepto de ambiente periglaciar y facilitar actividad minera en zonas cordilleranas— obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado, pero no será tratada antes del receso de verano.
El tema quedó fuera del temario de extraordinarias y su discusión se trasladará a partir de febrero de 2026, en una eventual segunda convocatoria. Provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca y Salta ven en el cambio una oportunidad para eliminar “interpretaciones arbitrarias” que frenan proyectos, mientras organizaciones ambientales alertan sobre un retroceso en las protecciones.
Así, la sanción del Presupuesto sin veto ni Capítulo XI configura un cierre de año legislativo que confirma la caducidad de los incentivos renovables —alineada con la visión desreguladora del Gobierno— y difiere la controversia sobre glaciares y minería. El sector renovable deberá ahora demostrar su resiliencia en un mercado puro, mientras el debate ambiental-minero gana tiempo para nuevas negociaciones en 2026.