En medio de tensiones en el mercado de biocombustibles, la Secretaría de Energía ha dado luz verde a un ajuste del 5,4% en el precio de referencia para la adquisición de biodiesel, un movimiento que busca rescatar la viabilidad de las pymes del rubro ante costos operativos crecientes. Esta medida, que se suma a un alza previa del 5% en el mismo mes, eleva el acumulado a un 10,7% y refleja la urgencia de equilibrar la cadena de suministro en un contexto de paralizaciones industriales.
Con el biodiesel como componente clave en la mezcla obligatoria con gasoil, esta decisión del Poder Ejecutivo apunta a prevenir desabastecimientos y sostener la transición hacia energías más sostenibles, alineada con las metas de diversificación energética del país.
La resolución oficial, publicada en el Boletín Oficial con fecha 27 de octubre, fija el nuevo valor en $1.590.832 por tonelada, partiendo de los $1.508.704 vigentes hasta entonces. Este precio regulado cubre no solo los gastos de producción, sino también los de transporte y entrega en planta, respondiendo a las dinámicas del mercado que han erosionado márgenes en los últimos meses.
La norma enfatiza la necesidad de garantizar rentabilidad para las operadoras, en un esquema donde el biodiesel, derivado principalmente de aceite de soja, representa el 7,5% de la composición del gasoil comercializado en el mercado interno. Al frente de esta autorización se encuentra la Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, que actúa en cumplimiento de la normativa vigente para biocombustibles.
Impacto productivo y sectorial
Las beneficiarias directas son las 25 pymes distribuidas en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y La Pampa, que han enfrentado una crisis aguda con plantas inactivas desde fines del mes anterior. Representadas por entidades como las cámaras CEPREB, CASFER y CAPBA, estas firmas han presionado por actualizaciones tarifarias, argumentando un desfase de hasta 15 meses en los precios que amenazaba con colapsar la producción local. Económicamente, el ajuste mitiga el riesgo de interrupciones en el suministro de mezclas, preservando la estabilidad de los precios al consumidor final y evitando alzas en el gasoil que impactarían en el transporte y la industria.
Para el sector agroindustrial, que suministra la materia prima, esta inyección de rentabilidad podría reactivar ciclos de siembra y procesamiento, inyectando liquidez en economías regionales dependientes de la soja. Sin embargo, analistas advierten que sin reformas estructurales, estas subas paliativas podrían no ser suficientes para contrarrestar la volatilidad cambiaria y los costos globales de insumos.El marco regulatorio actual, regido por la Ley 27.640 que se extiende hasta 2030, impone cupos obligatorios de adquisición a las refinerías, asegurando un piso de demanda para los productores.
En paralelo, el Gobierno impulsa un proyecto de ley renovada para el régimen de biocombustibles, que contempla elevar el corte de biodiesel al 10% y el de bioetanol al 15% a partir de 2027, junto con una desregulación progresiva en un horizonte de seis años. Esta propuesta incorpora además incentivos para el coprocesamiento de residuos no fósiles, limitados al 3% hasta 2031, con el fin de fomentar innovaciones en la cadena de valor sostenible.
Presiones inflacionarias
La reacción del mercado ha sido de alivio contenido, con las cámaras sectoriales celebrando el paso como un freno a la parálisis inminente, aunque reclaman mecanismos más ágiles para futuras revisiones. La intervención estatal, que responde a alertas de desabastecimiento, subraya la vulnerabilidad del ecosistema de biocombustibles ante presiones inflacionarias y logísticas. En un año de ajustes macroeconómicos, esta medida ilustra el delicado equilibrio entre protección industrial y contención de costos energéticos, con impactos potenciales en la balanza comercial agrícola.
Prospectivamente, el sector anticipa que esta suba catalice la reanudación de operaciones en las plantas afectadas, pavimentando el camino para una mayor integración de renovables en la matriz energética. Con la COP30 en el horizonte, Argentina podría posicionarse como líder regional en biocombustibles si acelera la transición hacia mezclas más ambiciosas, atrayendo inversiones verdes y diversificando exportaciones. No obstante, el éxito dependerá de un consenso que armonice intereses productivos con la agenda de sostenibilidad global, transformando desafíos coyunturales en oportunidades de largo plazo para una economía más resiliente.