La renuncia de Demián Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), confirmada en el día de hoy, representa un nuevo punto de inflexión en la ejecución del Plan Nuclear Argentino, la ambiciosa iniciativa lanzada por el presidente Javier Milei en diciembre de 2024 con el objetivo de reposicionar al país como referente global en energía atómica pacífica.
Reidel, designado inicialmente como responsable del plan y luego al frente de la empresa operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse —que aportan alrededor del 7-9% de la generación eléctrica nacional—, había sido presentado como figura clave para impulsar los pilares del programa: la construcción de reactores modulares pequeños (SMR), la extensión de vida útil de las plantas existentes, el relanzamiento de la minería de uranio, posibles exportaciones de tecnología y el abastecimiento energético para centros de datos de inteligencia artificial.
Sin embargo, a más de un año del anuncio, el plan acumula escasos avances concretos en obras o financiamiento. Los principales proyectos siguen en fases preliminares o declarativas: la instalación de cuatro reactores ACR-300 (de 300 MW cada uno, basados en tecnología de INVAP) en el predio de Atucha, con meta de primer reactor operativo hacia 2030; el desarrollo de SMR para usos off-grid; y la integración con socios estadounidenses a través de programas como el FIRST de la IAEA y acuerdos bilaterales.
Paralelamente, proyectos de la CNEA como el reactor multipropósito RA-10 (en Ezeiza, con puesta en marcha prevista para fines de 2026 o inicios de 2027) y el Centro Argentino de Protonterapia mantienen prioridad, pero el CAREM-25 —prototipo SMR 100% argentino— permanece frenado por recortes presupuestarios y reestructuraciones.
La salida de Reidel, enmarcada en denuncias internas por presuntos sobreprecios en contrataciones (como servicios de limpieza en las centrales, con diferencias de hasta 140% sobre valores de referencia) y la remoción previa de gerentes alineados con él (Marcelo Famá y Hernán Pantuso), se produce en un momento de reordenamiento institucional del sector.
El Gobierno ha avanzado en designaciones como Federico Ramos Napoli en la Secretaría de Asuntos Nucleares y en la privatización parcial de NA-SA aprobada en 2025, lo que algunos analistas interpretan como un giro hacia mayor participación privada y alineamiento con intereses externos, especialmente estadounidenses, en detrimento de desarrollos autónomos.
En su reemplazo fue designado Juan Martín Campos, proveniente de la presidencia de Dioxitek (productora de dióxido de uranio, insumo esencial para el combustible nuclear), junto a Martín Porro como vicepresidente.
Fuentes oficiales presentaron el cambio como parte de una reorganización destinada a estabilizar la gestión y acelerar la ejecución del plan, con énfasis en transparencia y eficiencia. Sin embargo, el episodio genera interrogantes sobre la continuidad de la hoja de ruta original: ¿afectará la turbulencia interna la atracción de inversiones extranjeras necesarias para los SMR?
¿Se mantendrá el foco en tecnología nacional o se profundizará la dependencia de socios externos?
El nuevo directorio de Nucleoeléctrica, renovado casi en su totalidad
Como se dijo, con los cambios realizados en las últimas horas, el directorio quedó de la siguiente manera:
- Presidente: Juan Martín Campos, bioquímico egresado de la UBA con trayectoria en seguridad nuclear (ex analista en la Autoridad Regulatoria Nuclear y reciente presidente de Dioxitek, donde se destacó en saneamiento financiero y récord de producción de dióxido de uranio).
- Vicepresidente: Martín Porro (actual presidente de la CNEA).
- Otros directores: Diego Chaher (Agencia de Transformación de Empresas Públicas), Diego Garde (gerente de sitio Atucha) y Javier Grinspun (gerente jurídico de la CNEA).
El recambio busca estabilizar la gestión en NA-SA, que, como se sostuvo más arriba, opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse —responsables de una porción relevante de la matriz eléctrica— y ejecuta inversiones millonarias, como la extensión de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), con un monto global estimado en US$ 700 millones.
El trasfondo incluye el modelo exitoso de Dioxitek bajo Federico Ramos Napoli (ahora secretario de Asuntos Nucleares), que logró superávit financiero proyectado para 2026 sin endeudamiento externo y se presenta como referencia para el resto del sector nuclear.