Cinco empresas nacionales
El Gobierno formalizó la adjudicación de AlmaSADI, la convocatoria nacional e internacional para incorporar centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
A través de la Resolución 155/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este 7 de julio en el Boletín Oficial, CAMMESA repartió 700,5 MW entre veinte proyectos de cinco empresas nacionales, con una inversión privada estimada de u$s 700 millones para esta primera etapa. Las adjudicatarias son Genneia, DQD Energy, 360 Energy Solar, Aluar e Intermepro.
DQD Energy se quedó con la mayor cantidad de proyectos, ocho.
Genneia obtuvo siete y concentró el mayor volumen de potencia, en línea con la preadjudicación que ya la ubicaba en torno al 60% de los megavatios asignados. La mayor desarrolladora de renovables del país, con más de 1.300 MW instalados, suma el almacenamiento a una expansión que este año la llevó también al negocio de la transmisión. 360 Energy Solar sumó tres proyectos. Aluar, el productor de aluminio que integra generación a su perfil electrointensivo, e Intermepro obtuvieron uno cada una. Las cinco firmas pasan ahora a la firma de los acuerdos de almacenamiento de largo plazo con CAMMESA, que actúa como compradora del servicio.
El dato de fondo aparece por contraste. Los mayores oferentes de la compulsa quedaron fuera del reparto. Central Puerto había presentado 1.220 MW sumando sus dos razones sociales, MSU Green Energy 920 MW, Secco 740 MW, Luz de Tres Picos de PCR 645 MW e YPF Energía Eléctrica 520 MW. Ninguno entró entre las cinco adjudicatarias. El volumen ofertado no ordenó el resultado.
Cómo se definió quién ganó
La adjudicación no se resolvió por el precio más bajo en términos absolutos. El pliego, fijado por la Resolución 50/2026, estableció que CAMMESA ordenara las ofertas por un Valor de Comparación, que suma al valor ofertado el impacto nodal de cada proyecto en la red. Una batería ubicada en un nodo donde alivia una restricción concreta suma más que otra más barata pero peor localizada. Por eso la geografía de cada oferta pesó tanto como su precio, y por eso un puñado de firmas con proyectos bien ubicados desplazó a generadores que ofertaron mucha más potencia.
El mapa de la adjudicación refleja el carácter federal de la iniciativa, con presencia en las regiones de mayor demanda y mayores necesidades de refuerzo. La provincia de Buenos Aires (sin el AMBA) recibió la mayor asignación, con 185 MW. El NEA Chaco-Formosa sumó 161,5 MW y el NOA, 150 MW. La región Pampa obtuvo 68 MW. El NEA Misiones-Corrientes y el Litoral Entre Ríos se llevaron 50 MW cada uno, y el Litoral Santa Fe completó el mapa con 36 MW. Entre las tres primeras regiones concentran cerca del 71% de la potencia adjudicada, un dibujo que ubica el grueso del almacenamiento en el norte y el este, donde la red muestra mayor fragilidad frente a los picos. Entre las regiones habilitadas en el pliego, Centro y Cuyo no aparecieron en el reparto final. El AMBA quedó excluido desde el diseño, porque ya cuenta con su propio programa.
Una compulsa que multiplicó por once el cupo
AlmaSADI se lanzó con la Resolución 50/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de marzo, que fijó un techo de u$s 12.500 por MW-mes para la potencia disponible. La apertura de sobres técnicos, el 27 de mayo, arrojó una respuesta inédita: 235 ofertas por 8.338 MW, más de once veces el objetivo de 700 MW. La Resolución 136/2026, del 18 de junio, calificó 232 de esas ofertas y dejó tres afuera por deficiencias insalvables. La apertura de los sobres económicos, el 24 de junio, dio paso al Informe de Preadjudicación de CAMMESA que sirvió de base a la resolución de hoy. Con 8.338 MW compitiendo por 700, el Gobierno mantuvo la adjudicación pegada al objetivo original.
La sobreoferta operó como palanca de baja. Las propuestas adjudicadas quedaron alrededor de un 33% por debajo del techo del pliego. El piso lo marcó Genneia con su proyecto Bragado I-II, de 100 MW, que ofertó u$s 7.397 por MW-mes. El esquema de remuneración concentra el ingreso en los primeros años: el factor anual arranca en 1,30 en 2026 y desciende de forma escalonada hasta 0,50 entre 2037 y 2041. La energía suministrada se paga a u$s 10 por MWh hasta 2037, año a partir del cual la remuneración pasa a regirse por el mercado spot.
Qué aportan las baterías y cuándo entran
Los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) acumulan energía en las horas de menor consumo y la liberan cuando la red está más exigida. Deben garantizar una autonomía mínima de cuatro horas consecutivas y aportan potencia firme, reservas operativas, regulación primaria de frecuencia y potencia reactiva. El cronograma contractual toma como referencia inicial el 1 de enero de 2027, con incentivos mayores para los proyectos que entren en operación durante ese año y un plazo máximo de habilitación comercial hacia fines de 2029. En los diez días hábiles posteriores a la adjudicación, cada empresa deberá abonar el equivalente en pesos a u$s 4.000 por MW adjudicado, con pagos trimestrales crecientes hasta la puesta en marcha.
La adjudicación cubre una necesidad que la obra de transmisión no llegó a resolver. La red de alta tensión no recibe un programa de ampliaciones nuevo desde 2017, en el AMBA la última ampliación significativa data de 2006 y un tercio de la infraestructura cumplió su vida útil. El AMBA I, con más de 500 kilómetros de traza y una inversión estimada por encima de u$s 1.200 millones, sigue sin licitarse. La propia Resolución 50/2026 reconoce que las baterías sirven para "el diferimiento en el tiempo de obras de ampliación del sistema de transporte para evitar saturaciones". La Agencia Internacional de Energía calcula, en su World Energy Outlook 2025, que la inversión global en redes y almacenamiento equivale a unos 0,6 dólares por cada dólar destinado a generación renovable, una relación que la Argentina empieza a ensayar con este tipo de convocatorias.
AlmaSADI toma como antecedente a AlmaGBA, la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala del país. En aquel proceso, orientado a las áreas de Edenor y Edesur en el AMBA, el Gobierno adjudicó 713 MW, superando en más del 40% el objetivo inicial de 500 MW, con una inversión superior a u$s 540 millones y obras hoy en ejecución. La Secretaría de Energía enmarca ambas convocatorias en el plan que impulsa desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico y reducir los cortes. Con la adjudicación de hoy, Genneia, DQD Energy, 360 Energy Solar, Aluar e Intermepro se convierten en las primeras adjudicatarias del almacenamiento a gran escala fuera del área metropolitana.