La Secretaría de Energía dispuso el inicio del período de transición de la concesión de Hidroeléctrica Tucumán S.A. sobre los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, y obligó a la concesionaria a continuar a cargo de la operación y de todas las obligaciones del contrato hasta el 15 de diciembre de 2026.
La Resolución se apoya en el artículo 67.1 del contrato de concesión y funda la medida en la necesidad de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. La toma de posesión había ocurrido el 30 de julio de 1996: el plazo de treinta años se cumplió.
El artículo 21 bis de la Ley 15.336 establece que, al vencimiento de una concesión hidroeléctrica por cualquier causal, el Estado nacional convocará a licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva. Cuatro días después de firmar la 168/2026, la misma cartera invocó ese artículo de forma expresa para convocar la licitación de Los Nihuiles junto con la provincia de Mendoza.
La escala del activo da una parte de la explicación.
Las fichas del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) asignan a El Cadillal 13 MW de potencia instalada y una generación media anual de 48 GWh, y a Escaba, 18 MW y 69 GWh. La concesionaria declara un total de 52 MW para los tres complejos y una producción anual de 170.000 MWh.
Es el extremo bajo de la tanda de concesiones hidroeléctricas otorgadas en los años noventa que venció: el Sistema Diamante quedó prorrogado hasta la misma fecha con 388 MW de potencia instalada, y Piedra del Águila se adjudicó a Central Puerto por u$s 245 millones.
El valor de estas tres presas tampoco es principalmente eléctrico. El ORSEP consigna para El Cadillal y Escaba los mismos usos predominantes y en el mismo orden: atenuación de crecidas, riego y generación. Escaba entró en operación en 1948 y El Cadillal en 1966. Lo que revierte al final de la transición son dos obras que regulan el agua de la llanura tucumana y que, de paso, despachan energía al sistema.
El Comahue, por ejemplo, se relicitó y los nuevos concesionarios tomaron posesión en enero. Los Nihuiles salió a licitación hace una semana. Diamante quedó prorrogado hasta el 15 de diciembre, igual que Tucumán, pero con carta de adhesión obligatoria, garantía de cumplimiento por u$s 1 millón e inventario cuatrimestral de bienes. Ullum corre hasta marzo de 2027 y encamina una reversión provincial sin subasta. La 168/2026 no fija ninguna de esas condiciones: designa veedor a la Subsecretaría de Energía Eléctrica e invita a Tucumán a nombrar un representante.
El fundamento del acto es el objeto de un juicio
Tucumán no es un tercero en esta concesión. El Decreto 463/1995 constituyó Hidroeléctrica Tucumán S.A. con el Estado nacional en el 59% del capital, la provincia en el 39% y un 2% reservado al Programa de Propiedad Participada. El 98% se vendió por concurso público internacional y el Decreto 657/1996 lo adjudicó al consorcio integrado por APUAYE, NECON S.A. y José J. Chediack S.A.I.C.A. La provincia conservó su paquete.
Un decreto provincial de enero de 2023 autorizó reparar la presa lateral N° 3 de El Cadillal, con filtraciones, después de que la concesionaria pidiera asistencia financiera para ejecutarla. Tucumán pagó, demandó en la justicia federal y obtuvo la retención cautelar de los pagos que la empresa cobra de CAMMESA.
En mayo de este año el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto por la reparación. La comunicación oficial de la provincia consignó una inversión superior a los $ 15.000 millones con fondos provinciales, en una obra que, según ese mismo texto, "correspondía ejecutar al gobierno nacional y a la empresa concesionaria del complejo".