Privatización y después
El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para privatizar su participación en Transener, la empresa que opera el núcleo del sistema de transporte de energía eléctrica de alta y extra alta tensión de la Argentina.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de desinversión estatal en activos de infraestructura, pero su alcance excede una transacción financiera.
La clave central descansa en otro lugar: está en juego el control societario de la compañía que administra la red sobre la cual se apoya el funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Este es el elemento central.
A diferencia de otros procesos de privatización, Transener combina sensibilidad técnica, relevancia macroeconómica y un entramado societario complejo. No es una generadora ni una distribuidora, sino el eslabón que hace posible que la energía producida en distintos puntos del país llegue efectivamente a los centros de consumo.
En un sistema con restricciones estructurales de transmisión, cuellos de botella regionales y proyectos de expansión demorados, cualquier cambio en su conducción impacta directamente en la confiabilidad del servicio, los costos sistémicos y la viabilidad de nuevas inversiones.
La operación no implica vender activos físicos ni desregular el transporte eléctrico: se trata de la transferencia de la participación accionaria que hoy mantiene el Estado. Sin embargo, ese movimiento es suficiente para redefinir el control de la compañía y la lógica de toma de decisiones estratégicas en un negocio intensivo en capital, regulado y de largo plazo.
1) El rol estructural de Transener en el SADI
Transener es el backbone del sistema eléctrico nacional. Opera y mantiene la mayor parte de las líneas de 500 kV, el nivel de tensión que permite transportar grandes volúmenes de energía a largas distancias con menores pérdidas. Estas líneas conectan los polos de generación hidráulica, térmica y renovable con los principales centros de demanda.
Desde el punto de vista técnico, su función es crítica para:
La estabilidad de frecuencia y tensión del sistema.
El cumplimiento del criterio de seguridad N-1, esencial para evitar apagones ante fallas.
Un despacho económico eficiente, reduciendo costos sistémicos y congestiones.
2) Qué se privatiza exactamente (y qué no)
La privatización no vende torres, cables ni subestaciones. Lo que se pone en venta es la participación accionaria indirecta del Estado en la empresa. El Estado nacional es accionista a través de Energía Argentina (Enarsa), que posee el 50% del capital de Citelec S.A., la sociedad controlante de Transener.
Claves:
El contrato de concesión permanece vigente.
El marco regulatorio no se altera.
El transporte sigue siendo servicio público regulado.
3) La estructura accionaria completa
La composición societaria explica la relevancia del proceso:
Citelec controla el paquete mayoritario de Transener.
Citelec está dividida en partes iguales:
50% Enarsa (Estado nacional).
50% Pampa Energía.
El resto del capital de Transener se distribuye entre acciones que cotizan en el mercado y una participación relevante del FGS de ANSES. La venta del 50% estatal en Citelec implica, en los hechos, transferir el control societario de la compañía.
4) Marco legal e institucional
El proceso se encuadra en el programa de privatizaciones habilitado por la legislación vigente y se instrumenta mediante un concurso público nacional e internacional.
Administrativamente, el esquema prevé:
Etapas sucesivas (precalificación, ofertas técnicas y económicas).
Intervención de áreas técnicas, jurídicas y financieras del Estado.
Reglas orientadas a transparencia, concurrencia y seguridad jurídica.
5) Modalidad del concurso y requisitos
Los pliegos fijan exigencias típicas de infraestructura crítica:
Solvencia patrimonial y financiera demostrable.
Experiencia en operación y mantenimiento de redes de transmisión o activos equivalentes.
Estándares de gobierno corporativo, compliance y competencia.
El objetivo es atraer operadores industriales o fondos de infraestructura de largo plazo, evitando compradores puramente especulativos.
6) Calendario y tiempos
El cronograma contempla:
Publicación de pliegos y período de consultas técnicas y legales.
Presentación de ofertas hacia el primer trimestre de 2026.
Evaluación, adjudicación y cierre en una etapa posterior.
Los tiempos importan porque la red enfrenta restricciones crecientes y el sistema necesita señales claras para planificar inversiones.
7) Valoración económica y lógica fiscal
Tasaciones oficiales ubican el valor de la compañía en el orden de varios cientos de millones de dólares. Para el Estado, la operación persigue:
Ingresos fiscales extraordinarios.
Menor exposición como accionista operativo.
Para el inversor, el atractivo reside en ingresos regulados, estables y de largo plazo, propios del negocio de utilities.
8) Régimen tarifario y regulación
La privatización no modifica:
Las tarifas de transporte.
Los ingresos reconocidos por operación y mantenimiento.
Los mecanismos de revisión tarifaria y las obligaciones de calidad y expansión.
El control permanece en manos del Estado como regulador y poder concedente. La rentabilidad depende de eficiencia y expansión autorizada, no de aumentos discrecionales.
9) La transmisión como cuello de botella
La transmisión es hoy el principal eslabón restrictivo del sistema eléctrico argentino. Sin ampliaciones:
Parte de la generación no puede despacharse plenamente.
Aumentan los costos sistémicos.
Se limita la integración de renovables y nuevos proyectos térmicos.
Un operador con mayor capacidad financiera puede acelerar obras largamente postergadas, clave para el crecimiento del sistema.
10) Implicancias para el mercado y el sistema
La privatización de Transener señala un cambio de rol del Estado: menos presencia societaria y pleno control regulatorio. El resultado será determinante para:
La confiabilidad del suministro.
La expansión de la red.
La viabilidad de nuevas inversiones en generación.