En un acto que marca el cierre de un largo ciclo, el Gobierno firmó los contratos de concesión y transferencia de acciones para las cuatro grandes represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Con esta rúbrica, el proceso de privatización ingresa en su fase definitiva, habilitando la transición operativa a manos privadas y consolidando ingresos por u$s706.885.298,49 para las arcas nacionales. El evento, realizado en Cipolletti (Río Negro), contó con la presencia de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck.
Junto a ellos, representantes de las empresas adjudicatarias estamparon su firma en los documentos que sellan 30 años más de concesión privada. Las adjudicaciones, surgidas de un concurso público con amplia participación (ocho empresas en competencia), se distribuyeron de la siguiente manera:
- Piedra del Águila (1.440 MW): Central Puerto S.A., con una oferta de USD 245 millones. La empresa local renueva su rol como operadora de una de las centrales más potentes del país.
- El Chocón-Arroyito (1.418 MW): Consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Green Energy (del empresario Manuel Santos Uribelarrea), por USD 235,7 millones. Un grupo que ya ha invertido en distribución y generación en otras provincias.
- Alicurá (1.050 MW): Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, por USD 162 millones.
- Cerros Colorados (472 MW): Mismo grupo Edison, por USD 64,2 millones (tras un proceso de mejora de ofertas).
Estas cifras superan las expectativas iniciales y reflejan el interés del sector privado en activos estratégicos que representan cerca del 10-15% de la matriz energética argentina. Las represas, construidas con inversión pública y privatizadas en los '90, habían operado bajo la gestión de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto hasta ahora.
Desde la Secretaría de Energía destacan que el proceso se desarrolló bajo transparencia total, con reglas claras y seguridad jurídica, lo que atrajo ofertas competitivas y descartó propuestas consideradas “no serias”. La transición operativa comienza de inmediato: los nuevos concesionarios deberán cumplir estrictos compromisos de inversión, mantenimiento y modernización.
Esto incluye obras obligatorias para garantizar la seguridad de las presas y la sostenibilidad del recurso hídrico, en un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia.Para las provincias patagónicas, el acuerdo es un triunfo: incorpora un canon por uso del agua, mayor porcentaje de energía de libre disponibilidad (que incrementa las regalías) y fondos específicos para obras hídricas.
Los gobernadores Figueroa y Weretilneck celebraron la unidad norpatagónica que permitió defender los recursos regionales.En resumen, esta operación no solo inyecta más de 700 millones de dólares al fisco en un momento clave de consolidación fiscal, sino que apunta a un esquema de gestión más moderno y eficiente para un complejo hidroeléctrico emblemático. Tras décadas de incertidumbre, el Comahue entra en una nueva era: menos Estado operador, más inversión privada y control regulatorio estricto. Un paso que, sin dudas, impactará en la matriz energética y en las cuentas públicas del país.