Se eliminará la segmentación por niveles de ingresos
En un movimiento que apunta a acelerar el “sinceramiento tarifario”, el Gobierno anunció un nuevo esquema que redefine por completo el panorama de subsidios a la energía en Argentina. A partir de enero de 2026, el sistema unificado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) eliminará la segmentación por niveles de ingresos y priorizará a los hogares más vulnerables, dejando al resto del mercado residencial –y en gran medida al comercial– expuesto a precios plenos.
Si bien el Ejecutivo celebra un "sistema más justo y eficiente" que recortará el gasto fiscal en unos U$S 1.000 millones anuales, distribuidores y proveedores del sector expresan cautela ante la incertidumbre operativa y el riesgo de disrupciones en la demanda. El nuevo régimen, publicado en el Boletín Oficial y abierto a una consulta pública no vinculante por 15 días, marca el fin del Período de Transición iniciado por el Decreto 465/2024.
La meta: reducir el peso de los subsidios del 0,65% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, liberando recursos para un mercado "menos distorsionado". La configuración del mercado post-2026 será radicalmente binaria, con apenas 2 categorías de usuarios residenciales: aquellos con subsidio (hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, unos $3.641.397 mensuales según el INDEC de octubre, más criterios de patrimonio y georreferenciación para excluir barrios como Puerto Madero) y quienes pagan el costo real sin bonificaciones. Esto abarca electricidad, gas natural por redes, garrafas de 10 kg y gas propano, unificando por primera vez todos los regímenes bajo el SEF.
Nuevo régimen, nuevas incógnitas
Mientras el Gobierno enfatiza la transparencia –con publicación mensual de costos reales y auditorías dinámicas–, distribuidores como Edenor, Edesur, Metrogas o Transportadora de Gas del Sur (TGS) ven sombras en la implementación. Algunas voces ya advierten sobre un posible "efecto dominó" en la cadena de valor: los aumentos en boletas de luz y gas para la clase media podrían disparar la morosidad, que ya está en niveles del 10-15% en el AMBA.
Otra duda es cómo verificará el Gobierno la informalidad laboral o patrimonios ocultos en un padrón de 15 millones de usuarios. La georreferenciación para excluir "countries" y urbanizaciones cerradas –que beneficiaban a 15.518 hogares– es otra fuente de fricción: proveedores temen litigios por exclusiones erróneas y una mayor carga regulatoria para integrar datos del ANSES y AFIP.
En el ámbito de proveedores, la estacionalidad de subsidios plantea interrogantes sobre la predictibilidad de la demanda. Si el consumo se contrae, ¿quién absorberá el exceso de oferta en meses de baja demanda? La incertidumbre podría afectar inversiones en el sector.
En las provincias, las dudas tienen aún más peso. Cooperativas como las de Chaco o Misiones, que cubren el 20% del mercado rural, alertan sobre la brecha digital: muchos de sus usuarios no tiene acceso a internet para presentar sus declaraciones juradas. Si no se inscriben, pierden subsidios y las eléctricas se enfrentarían a posibles reclamos judiciales por ”exclusión arbitraria".
Para el gas, la estacionalidad –subsidios solo de abril a septiembre– agrava el riesgo: en verano, precios plenos podrían reducir el uso en un 20%, afectando a transportadoras como TGS o Camuzzi. En Patagonia, donde el frío extremo justifica diferenciales pendientes del Presupuesto 2026, subsidios acotados podrían disparar el consumo de leña o kerosene.