Reforma clave en el Congreso
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó modificaciones a la Ley 26.639 —de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial— en una decisión que, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, busca otorgar mayor previsibilidad normativa a la actividad minera sin resignar la protección ambiental.
De acuerdo con la entidad empresaria, la reforma representa un paso institucional relevante que podría facilitar la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleo, al tiempo que apunta a resolver una ambigüedad legal histórica que dificultaba la articulación entre el desarrollo productivo y los compromisos ambientales del país.
Uno de los ejes centrales de la modificación es la incorporación de criterios más precisos para la identificación y resguardo tanto de los glaciares como del ambiente periglacial. En ese sentido, se establecen delimitaciones más claras sobre las áreas en las que podrán autorizarse actividades productivas, siempre bajo controles técnicos y ambientales estrictos.
Desde CAEM sostuvieron que esta definición normativa contribuye a despejar la incertidumbre jurídica que durante años afectó a distintos proyectos mineros y a la cadena de proveedores del sector, con impacto en las economías regionales.
Resguardo del agua y estándares internacionales
En su comunicación, la cámara empresaria remarcó que la actualización de la ley mantiene la protección de los recursos hídricos como un eje central, uno de los puntos más sensibles del debate ambiental en la última década. En esa línea, el sector ratificó su compromiso con la preservación del agua y los ecosistemas, en línea con estándares internacionales.
La aprobación de la reforma contó, según CAEM, con un respaldo político amplio y diverso, lo que refleja una visión compartida sobre la necesidad de potenciar los recursos naturales para impulsar el desarrollo económico y social.
Asimismo, la entidad subrayó que la modificación reafirma el rol de las provincias como titulares de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. Para el sector, este punto fortalece el modelo federal y promueve una gestión territorial basada en el conocimiento local y la participación de las comunidades.
“Con una perspectiva de largo plazo, la industria minera considera que los cambios permitirán destrabar inversiones, reactivar proyectos y consolidar un esquema de minería “moderna”, alineada con los desafíos actuales”, sostuvo.
En ese marco, CAEM expresó su voluntad de continuar trabajando junto a los gobiernos nacional y provinciales, así como con las comunidades y la sociedad civil, para posicionar a la minería como motor de crecimiento, desarrollo regional y generación de oportunidades, bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.