El gobernador Marcelo Orrego confirmó el 21 de julio, en rueda de prensa, que San Juan seleccionó a JP Morgan y Banco Santander para colocar su emisión de deuda en los mercados internacionales, y ubicó la ventana de colocación en septiembre.
Antes de que viajará a Buenos Aires y encabezará una gira de cinco días con escalas en Londres y Nueva York. Lo acompañan un equipo de economistas, el ministro de Infraestructura Fernando Perea e integrantes de EPSE, Energía Provincial Sociedad del Estado. Orrego respaldó la elección señalando que ambos bancos participaron en colocaciones de Chubut, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.
La presencia de la energética provincial en una comitiva de deuda marca el perfil de la operación: lo que San Juan lleva a los inversores es su cartera de obra, no una necesidad de refinanciación.
Lo que autoriza la ley
La Cámara de Diputados sancionó el 4 de junio, por 23 votos contra 12, la ley que habilita al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta U$S 600 millones o su equivalente en otras monedas.
El artículo 1º permite emitir títulos en mercados internacionales y nacionales, contratar empréstitos, o combinar ambas vías. El artículo 3º aclara que la emisión puede hacerse en una o más series: la cifra opera como límite agregado, no como monto de una colocación.
El artículo 4º faculta a afectar en garantía del pago de capital e intereses los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, la Ley Nacional 23.548, o el régimen que lo sustituya. El inciso 13 del artículo 6º extiende esa facultad a la cesión en garantía, en pago o en propiedad fiduciaria. El texto no afecta regalías mineras, a diferencia de la estructura que eligieron las provincias hidrocarburíferas que salieron a los mercados en los últimos meses.
El articulado fija tres parámetros y delega el resto. Fija un piso de amortización de dos años, una tasa fija, variable o mixta dentro del límite que imponga el Ministerio de Economía de la Nación, y el destino de los fondos. Delega en el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda provincial la contratación de colocadores, asesores y calificadoras de riesgo, el listado de los títulos en bolsas, la fecha de emisión, el precio, la tasa, el plazo y la ley aplicable, incluidas leyes extranjeras. Esas contrataciones quedan excluidas de la Ley Nº 2000-A, el régimen provincial de contrataciones.
La demanda que empuja el plan de obra
El artículo 2º acota el destino a planes de inversión pública, obras de infraestructura y gastos de capital en educación, salud, seguridad pública e infraestructura social. La provincia informó en febrero que registra más de u$s 31.000 millones comprometidos en proyectos adheridos o en proceso de adhesión al RIGI, alrededor del 60% del total presentado en el país.
El 16 de junio, el Comité Evaluador aprobó la adhesión del proyecto Vicuña al régimen en la categoría PEELP. Según el comunicado de Lundin Mining, socia al 50% con BHP en Vicuña Corp., los u$s 9.700 millones de la solicitud cubren la Etapa 1 y aspectos de la Etapa 2, la de óxidos lixiviables. El informe técnico del 16 de febrero estimó el capital inicial de la Etapa 1, centrada en Josemaría, en u$s 7.100 millones.
Esa obra ya está en el terreno. La provincia informó que Vicuña comenzó a fines de 2025 la construcción de dos etapas del corredor norte de acceso a la mina y que licita las cuatro restantes, junto con la compra de equipos y el avance de la infraestructura eléctrica. En la misma sesión del 4 de junio, la Cámara declaró de interés provincial estratégico el parque industrial de Iglesia, el departamento de Josemaría, como polo logístico de apoyo a la actividad minera.
La deuda no agota las vías abiertas para financiar esas obras. En febrero, tras recibir en Buenos Aires al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y al country director José Morea, Orrego acordó viajar a Vancouver para reunirse con el directorio de la compañía. El objetivo declarado por la provincia fue definir un acuerdo integral sobre regalías, aportes a fideicomisos de infraestructura y posibles adelantos para obras prioritarias.
McEwen Copper, en tanto, prepara la salida a bolsa de Los Azules con un tramo de deuda del orden de u$s 2.400 millones.
El artículo 8º establece que la ley entra a regir con su publicación en el Boletín Oficial. Entre esa publicación y la ventana de septiembre entran la designación formal de los colocadores, la calificación de riesgo y la ley aplicable, las tres decisiones que la norma dejó en manos del Ministerio de Economía provincial.