Normativa fiscal
El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso, la noche del lunes 4 de mayo, un proyecto de ley que da de baja tres instrumentos centrales del andamiaje promocional anterior al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): el Decreto 929/2013 conocido en el sector como «decreto Chevron», los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 de 2014 y el Decreto 277/2022. La iniciativa lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo.
El argumento del mensaje al Congreso corre por dos carriles. Uno fiscal: las normativas «otorgan beneficios que el Estado nacional no puede continuar sosteniendo». Otro de sustitución regulatoria: «las sustanciales reformas legislativas llevadas adelante en el sector energético brindan un contexto adecuado a nuevas inversiones», con el RIGI como pieza central.
El proyecto y los tres instrumentos que se dan de baja
El Decreto 929/2013 creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Habilitó a las compañías que invirtieran al menos u$s 1.000 millones en cinco años a disponer libremente del 20% de su producción para exportación y a quedar exentas de retenciones sobre ese tramo. La norma fue firmada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para traccionar la entrada de Chevron a Loma Campana como socia de YPF, primer desarrollo a gran escala de shale oil en Vaca Muerta.
Los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 de 2014 ampliaron esos beneficios a proyectos con inversión acumulada de u$s 250 millones en tres años, con foco en el offshore del Mar Argentino.
El Decreto 277/2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, creó los regímenes de acceso a divisas por producción incremental: RADPIP para petróleo y RADPIGN para gas natural. La normativa operó como vía efectiva de previsibilidad cambiaria durante 2022 y 2023, en un escenario en que el 929/2013 había permanecido sin reglamentación operativa entre 2014 y la Resolución 26/2023 de la Secretaría de Energía.
La cláusula que mantiene a Chevron y a Vista adentro
El proyecto incluye una cláusula que ata el destino de las adhesiones vigentes: «los proyectos ya aprobados bajo esos regímenes conservarán sus beneficios hasta que se configure alguna de las causales de cese previstas en la normativa original».
En los hechos, las adhesiones operativas al 929/2013 son acotadas. Chevron las mantiene desde el desembarco original en Loma Campana, la concesión que opera con YPF como socia local y que es el principal productor de hidrocarburos del país. Petronas accedió por la Resolución 799/2022 de la Secretaría de Energía para el bloque La Amarga Chica, que comparte con YPF al 50%. Ese paquete pasó a manos de Vista Energy en abril de 2025, cuando la firma fundada por Miguel Galuccio cerró la adquisición del 100% del capital de Vista Energy LACh S.A. (ex Petronas E&P Argentina S.A.), titular del 50% del working interest en la concesión.
Para el sector, el cambio formal no implica un quiebre con esos jugadores: los flujos de divisas y de exportación de Chevron y Vista siguen amparados por el régimen original hasta su cese natural. La derogación cierra la ventanilla a nuevos ingresos por esa vía y no rompe los contratos en curso.
La equivalencia funcional con el RIGI
El núcleo del argumento gubernamental descansa en una premisa: el RIGI replica los incentivos materiales del 929/2013 dentro de un esquema de ley. La libre disponibilidad de divisas, la libertad para exportar la producción y la estabilidad fiscal y cambiaria de largo plazo, los tres ejes que el régimen de 2013 había ofrecido por decreto, quedan reunidos en el Título VII de la Ley 27.742 de Bases.
El Decreto 105/2026 firmado el 19 de febrero refinó la cobertura del régimen para upstream. Prorrogó la ventana de adhesión por un año adicional, hasta el 8 de julio de 2027, y fijó dos umbrales específicos para hidrocarburos: u$s 600 millones en activos computables para nuevos desarrollos costa adentro y u$s 200 millones para exploración y producción costa afuera.
Las dos cifras son funcionales al diseño que reemplaza al pre-RIGI.
El umbral de u$s 600 millones se alinea con el ya vigente para proyectos de gas para exportación, la familia LNG argentina. El de u$s 200 millones reconoce el perfil de riesgo y el horizonte temporal propio del offshore, el segmento que la Ley 27.007 había buscado capturar con su umbral de u$s 250 millones en tres años.
La derogación del 277/2022 es la pata cambiaria del paquete. RADPIP y RADPIGN funcionaban como vehículos de acceso a divisas calzados sobre producción incremental por encima de un baseline. El régimen permitía a las operadoras girar dividendos al exterior y disponer libremente de un porcentaje de la facturación adicional. Era, en términos prácticos, el atajo que muchos proyectos en marcha en Vaca Muerta venían usando como puente regulatorio.
Con el cepo desarmado por etapas y el RIGI consolidado como nueva ruta operativa, el 277/2022 perdió razón de ser. Su salida cierra el camino paralelo y obliga a quien quiera previsibilidad cambiaria a presentarse al RIGI o a no contar con esa cobertura, una decisión de cartera para cada operador.