Resolución 66/2026
El mercado del gas argentino arrastraba desde hace años una contradicción que nadie había resuelto formalmente: contratos de transporte firme firmados para una geografía productiva que ya no existe. La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, le puso fin este viernes con la publicación de la Resolución 66/2026, que instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a llevar adelante la reasignación integral de las capacidades del sistema de transporte de gas natural.
El diagnóstico que sostiene la medida es incontrastable. Entre 2012 y 2022, la producción de gas cayó alrededor del 50% tanto en la cuenca del Noroeste como en la cuenca Austral —las dos fuentes históricas que alimentaban los gasoductos troncales del centro y el norte del país—. En ese mismo período, Vaca Muerta consolidó su posición como motor de la oferta nacional: la Cuenca Neuquina aporta hoy el 70% del gas inyectado en gasoductos troncales. Los contratos, sin embargo, habían quedado anclados a la vieja geografía. Muchas rutas de transporte firme simplemente no pueden llenarse con gas real.
Las distribuidoras que ceden y las que ganan
La reasignación no impacta de la misma manera en todos los actores del mercado de distribución. Metrogas y Naturgy BAN, las dos empresas que abastecen al área metropolitana de Buenos Aires, se encuentran entre las más afectadas: deberán ceder contratos vigentes de transporte en firme sobre el sistema centro-oeste de gasoductos y recontratar capacidad asociada a cuencas con gas real —en la mayoría de los casos, la Cuenca Neuquina.
En el reverso de esa situación está EcoGas, el grupo que controla las distribuidoras de Gas del Centro —que abastece Córdoba— y Gas Cuyana —que opera en Mendoza—. Según anticipó el sector en los meses previos a la medida, la reasignación ampliará el acceso de la firma al sistema centro-oeste de transporte, el mismo que en los meses de menor demanda residencial se utiliza para exportar gas hacia Chile.
A su vez, la norma suspende los contratos de transporte firme que ENARSA y CAMMESA —las empresas estatales que gestionan el abastecimiento y el despacho eléctrico, respectivamente— tenían asociados al esquema anterior, con foco específico en el Gasoducto Perito Moreno. Ese ducto, que Transportadora de Gas del Sur (TGS) opera desde su puesta en marcha en 2023 y cuya ampliación fue adjudicada a la misma empresa en octubre de 2025 por alrededor de u$s 780 millones, pasará a transportar 35 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) a partir del próximo invierno, un incremento del 66% respecto de su capacidad actual.
El negocio que se achica: comercializadoras y cuenca Austral
Más allá del sistema regulado de distribución, hay un segmento secundario que también acusa el impacto: las comercializadoras asociadas a las distribuidoras. En los meses de menor demanda residencial —que es la demanda prioritaria en el sistema—, estas empresas utilizaban la capacidad de transporte firme para colocar gas en el mercado industrial o transferir esa capacidad a petroleras que exportan durante el verano. Al reducirse la capacidad disponible de algunas distribuidoras, ese negocio complementario se contrae.
En paralelo, existe preocupación entre las productoras que operan en la formación no convencional y, sobre todo, en la cuenca Austral. La reformulación del sistema tiende a centralizar la comercialización del gas en el sur con Camuzzi Gas del Sur —que cubre la Patagonia— y Gas Pampeana —interior bonaerense y La Pampa—, restringiendo el acceso al mercado industrial como canal alternativo de venta.
"Perderíamos el mercado industrial, que permite diversificar la comercialización y mantener una señal de precios competitivos", señaló el director comercial de una petrolera activa en la zona, en declaraciones de comienzos de año que anticipaban la medida. Entre las empresas con posición relevante en el sur figura TotalEnergies, que entre enero y noviembre de 2025 registró una producción promedio de 21,5 MMm³/d en sus operaciones offshore frente a las costas de Tierra del Fuego, un 21,5% por encima del mismo período de 2024.
La consulta pública como próximo campo de disputa
La Resolución 66/2026 no cierra el proceso: lo inicia formalmente.
El ENARGAS deberá convocar a una consulta pública como paso previo a la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios —que determinarán, en última instancia, cómo se distribuyen los costos del reordenamiento entre operadores y usuarios finales.
Esa instancia será el momento en que los actores perjudicados por la reasignación podrán plantear sus objeciones de manera formal. En el sector no se descarta que distribuidoras que resignan contratos presenten impugnaciones, ni que productores con menor acceso al mercado industrial eleven sus reparos ante el regulador. El texto de la norma preserva los contratos de los cargadores directos con las transportistas —un resguardo que podría limitar parte de esas resistencias, aunque difícilmente las neutralice por completo.
Lo que la resolución no establece es el plazo para esa consulta. El ENARGAS deberá definirlo en los próximos días, en un año en que el sistema de transporte enfrenta su primer invierno con el Gasoducto Perito Moreno en su nueva configuración ampliada.