Fallo de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson
Después de once años de proceso y una condena que llegó a totalizar alrededor de u$s 18.000 millones con intereses, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que obligaba al Estado argentino a compensar a los accionistas perjudicados por la expropiación de YPF en 2012.
El tribunal determinó que la jueza Loretta Preska había interpretado erróneamente la ley argentina aplicable al caso —argumento que la defensa presentó en la audiencia de octubre de 2025—.
Qué dijo el tribunal
El fallo de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson fue específico en sus considerandos: los estatutos de una empresa no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que habilite el reclamo de daños en esos términos, y la ley de expropiaciones prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. La Cámara también ratificó la exculpación de YPF como entidad, confirmando que la compañía no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización.
No fue, sin embargo, un pronunciamiento sin sombras para el Estado. Los mismos magistrados señalaron de manera explícita que Argentina incumplió compromisos asumidos con inversores extranjeros en los años 90 para atraer capitales, y que eso daña la credibilidad del país como destino de inversión.
Una contingencia que pesaba sobre el GNL
Esta misma semana, en Houston, durante el CERAWeek by S&P Global, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmaba que el consorcio Argentina LNG tiene como objetivo cerrar el financiamiento del proyecto antes de fin de 2026. JP Morgan, el banco asesor financiero de la operación, ya avanza en la estructuración de un crédito que los propios bancos describen como el mayor project finance de América Latina al momento de estructurarse, según declaraciones de Marín.
El proyecto, donde YPF actúa como operadora junto a la italiana Eni y XRG (la unidad de negocios de gas del grupo estatal emiratí ADNOC), prevé la producción y exportación de 12 millones de toneladas anuales (MTPA, del inglés Million Tonnes Per Annum) de GNL desde la costa de Río Negro a partir de 2030-2031.
El esquema de financiamiento contempla cubrir el 70% de la inversión total con deuda, sobre una primera fase que Marín desglosó en u$s 20.000 millones para infraestructura y transporte y u$s 10.000 millones para el desarrollo productivo en Vaca Muerta. Para levantar la porción de deuda, JP Morgan avanza en una consulta a más de 200 bancos internacionales.
Para los financistas que participan de esas conversaciones, una contingencia soberana activa de esa magnitud era un factor de riesgo que necesitaban dimensionar antes de comprometer capital. La revocación no cierra todos los frentes del litigio: Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del caso tras la quiebra de las empresas Petersen, puede recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque abogados que siguen el expediente consideran improbable que el máximo tribunal acepte la causa. Pero sí elimina, en esta instancia, el escenario más adverso.
El reproche que quedó
En los mismos días en que Marín describía a Argentina como un proveedor energético seguro «lejos de los conflictos internacionales», el tribunal de Nueva York recordó que el país violó promesas hechas a inversores de los años 90.
El contraste no pasa desapercibido en el sector: la estabilidad regulatoria que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece como condición para que Argentina LNG avance tiene como contrapeso el historial que el fallo acaba de inscribir en el expediente judicial más visible de la industria energética argentina.
El litigio se inició en 2015, cuando los fondos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park presentaron su reclamo ante los tribunales estadounidenses. Preska dictó sentencia en septiembre de 2023. Con la revocación de este viernes, el caso ingresa en una etapa de mayor estabilidad procesal. La pregunta que sigue abierta —para los socios de Argentina LNG, para JP Morgan y para los bancos que evalúan el crédito— es cuánto pesa aún ese reproche en la percepción de riesgo del país.