El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para frenar las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa busca resguardar los derechos soberanos de la Argentina sobre su plataforma continental y evitar que avance la explotación de recursos naturales en un área cuya soberanía está en disputa.
La decisión fue anunciada este martes mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, en el marco del procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, al amparo del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La presentación se produjo un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, ratificara ante la Cámara de los Comunes el respaldo del Reino Unido a las Islas Malvinas frente al procedimiento impulsado por Buenos Aires y defendiera el desarrollo petrolero.
El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras autorizadas en las islas se ajustan a la normativa aplicable y al derecho internacional.
Según informó la Presidencia, la acción judicial apunta a evitar que las operaciones autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia de soberanía reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pedido argentino se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. Estas medidas pueden tener como objetivo preservar los derechos de las partes involucradas o prevenir daños graves al medio marino.
En el comunicado, el Gobierno reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. El texto concluyó con la consigna: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
El Reino Unido respaldó el avance del proyecto petrolero Sea Lion
La presentación argentina se produjo en medio de las gestiones del Reino Unido para avanzar con el desarrollo de Sea Lion, un yacimiento ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Según informó el diario británico The Telegraph, Navitas Petroleum, la compañía que desarrolla el proyecto junto con Rockhopper Exploration, confirmó que el secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, aprobó el desarrollo. El medio señaló que se esperaba un anuncio oficial del Gobierno británico.
De acuerdo con esa publicación, el yacimiento podría contener hasta 1.700 millones de barriles de petróleo. Navitas y Rockhopper prevén el primer petróleo en 2028.
El avance del proyecto generó una nueva reacción diplomática de la Argentina, que cuestiona las autorizaciones británicas para explorar y explotar hidrocarburos en las aguas circundantes a las islas, cuya soberanía reclama desde 1833.
Cómo se lleva adelante el proyecto
Según los comunicados de Rockhopper y el anuncio de la decisión final de inversión (FID), las dos primeras fases del desarrollo norte usarán el FPSO Aoka Mizu, con una capacidad de 55.000 barriles diarios. La fase 1 apunta a 170 millones de barriles con un pico de producción de 50.000 barriles diarios. Rockhopper estimó el financiamiento posterior a la FID en u$s 1.800 millones hasta el primer petróleo y en u$s 2.100 millones hasta completar el proyecto, con imprevistos y costos financieros incluidos.
Según la información institucional de Navitas, la primera fase comenzará con 11 pozos submarinos. La segunda, prevista para unos tres años después del primer petróleo, sumará otros 12 pozos y, según Rockhopper, 149 millones de barriles adicionales. Navitas prevé que la producción se extienda durante más de 30 años.
Por otra parte, Navitas adquirió un segundo FPSO, el OSX-1, destinado al Área de Desarrollo Central del yacimiento. Rockhopper acordó aportar u$s 44 millones por su 35% en la sociedad propietaria de la unidad, cuyo costo total ronda los u$s 125 millones.
Javier Milei cuestionó la explotación petrolera en las Islas Malvinas
Semanas atrás, el presidente Javier Milei había expresado su rechazo al avance de Sea Lion y anunciado medidas para impedir que empresas extranjeras exploten recursos naturales en áreas que la Argentina considera parte de su territorio y de su plataforma continental.
A través de cadena nacional, el 3 de septiembre, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de que el desarrollo petrolero avance en el corto plazo y sostuvo: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.
En la misma intervención, agregó: “Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.
Milei también señaló que Sea Lion no es el único proyecto que genera preocupación en el Gobierno argentino. “Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó.
En ese contexto, el Presidente indicó que la Cancillería argentina había enviado alrededor de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en las Islas Malvinas.
Qué sigue en el tribunal
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá evaluar si el tribunal arbitral en formación tendría competencia prima facie y si hay urgencia. La presentación no implica por sí misma que el proyecto quede suspendido. Todavía no hay fecha de audiencias ni de decisión; Infobae estimó, a partir de antecedentes, que una primera resolución podría conocerse en noviembre.