Reformulación contractual
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, anunció el lanzamiento de la licitación de AMBA I en próximas semanas. "Vamos a estar lanzando una licitación para AMBA I, que es la primera gran expansión del sistema que vamos a hacer con privados. Es una obra de cuatro años", afirmó el funcionario en un evento de Moody's .
El cronograma del pliego aún no es oficial. Desde mediados de abril circulaba el dato de un llamado inminente para fines de ese mes o comienzos de mayo bajo el régimen de concesión de obra pública de la Ley 17.520, sin que el acto haya sido publicado en el Boletín Oficial.
El régimen aplicable quedó establecido por el Decreto 921/2025, operativo desde septiembre del año pasado, y por la Resolución SE 83/2026, que fijó los lineamientos para las Ampliaciones de Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.
El esquema reemplaza el formato original del proyecto AMBA I, que la gestión anterior había proyectado en 2022 con financiamiento de China vía State Grid por un monto estimado superior a u$s 1.100 millones. Bajo el nuevo molde, la obra de más de 500 km de líneas se adjudicará al concesionario privado que ofrezca el menor precio, en un contrato a 30 años, sin desembolso del Estado, con cobro vía tarifa de transporte y eventual respaldo del BID y otros organismos multilaterales como garantes.
Qué es AMBA I y por qué importa la traza
AMBA I es la ampliación de la línea de extra alta tensión de 500 kV Río Diamante–Charlone–O'Higgins y del tendido Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. La obra fortalece el anillo energético del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.
El proyecto venía de la gestión anterior con un esquema que buscaba financiar la etapa I con inversión china a través de State Grid, líder global en líneas de alta tensión. El gobierno de Javier Milei canceló ese formato y lo reformuló bajo el Decreto 921/2025, que habilitó el régimen de concesión de obra pública para expansiones de transporte. La Resolución SE 83/2026 cerró los lineamientos operativos. Con AMBA I se estrena un esquema que el sector eléctrico no había visto desde la década de 1990: la concesionaria privada construye, mantiene y opera la nueva infraestructura durante 30 años, y cobra una tarifa por el transporte de electricidad sin aportes directos del Estado.
AMBA I forma parte de una cartera más amplia. En noviembre de 2024, Carlos Borga, director técnico de Transener, presentó un plan de obras prioritarias por un total estimado en u$s 9.800 millones y +7.800 MW de capacidad incremental con horizonte 2030. La cartera incluye cuatro proyectos centrales: la línea Río Diamante–Charlone–O'Higgins, el tendido Puerto Madryn–Bahía Blanca, AMBA I y AMBA II. La pendiente licitación AMBA I que González puso "en próximas semanas" representa, en escala, una porción de un plan estructural que el Gobierno deberá replicar varias veces para cerrar el gap de transmisión que arrastra el sistema desde hace más de una década.
Lo que dijo Moody's cinco días antes
El escenario corporativo del anuncio no fue azaroso. Cinco días antes, Moody's publicó un reporte sobre la desregulación del mercado eléctrico argentino con un diagnóstico estructural rígido. La calificadora identificó tres restricciones del proceso: cuellos de botella en transmisión que limitan las ganancias de eficiencia derivadas de la nueva formación de precios, exposición de cerca del 46% de la capacidad instalada a contratos heredados que amortiguan el traslado a señales de mercado, y riesgo de que las limitaciones físicas del sistema impidan que el esquema regulatorio se traduzca en expansión efectiva de la oferta.
Según Moody's, la red de alta tensión no puede acomodar plenamente los cambios hacia fuentes de menor costo porque los corredores clave están en o cerca de la saturación. El diagnóstico anticipa una tensión que el cronograma de AMBA I no resuelve a corto plazo: la obra adjudicada hoy operaría a partir de 2030, cuatro años de plazo según el propio González, mientras que la demanda renovable y el déficit de despacho en picos veraniegos avanzan a una velocidad distinta. "Todos sabemos que en verano estamos muy justos. Tenemos un problema de disponibilidad en los picos, pero vamos a ir saliendo de esta situación", admitió el funcionario en el mismo escenario.
La consolidación del nuevo esquema dependerá, según la calificadora, de la capacidad del Gobierno para equilibrar las señales de precios con la aceptación social, mientras las restricciones físicas del sistema podrían frenar el impacto de los cambios regulatorios. Las limitaciones de capacidad e infraestructura podrían impedir que se materialicen plenamente los beneficios de la reforma, advirtió Moody's.
Una licitación encadenada a la privatización de Citelec
AMBA I llega además en simultáneo con la privatización en curso de Citelec, la sociedad controlante de Transener. Las ofertas económicas se abrieron el 14 de abril con tres consorcios en pista: Genneia–Edison Transmisión presentó la propuesta más alta por u$s 356,17 millones; le siguió Central Puerto con u$s 301 millones; y Edenor ofertó u$s 230 millones. La preselección quedó aprobada por la Resolución 540/2026 del Ministerio de Economía, sin impugnaciones registradas.
El próximo concesionario de Transener compartirá control con Pampa Energía (50% Citelec), que renunció a sus derechos de preferencia y de acompañamiento para facilitar la transacción. Para AMBA I, la operación abre la puerta a que Transener u otra concesionaria emergente del proceso pueda presentarse al pliego cuando se publique, sumando una pieza más al juego de actores.
La articulación entre los dos procesos es estructural. Citelec controla el 52,65% de Transener, que administra el 86% de la red troncal de extra alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión, y el régimen de remuneración que la sostiene (RQT mayo 2025–abril 2030, ENRE 305/25) financia operación y mantenimiento, no expansión. AMBA I, bajo el Decreto 921/2025, opera como vehículo separado: el concesionario privado se cobra contra una tarifa específica del proyecto. La separación entre régimen tarifario para la red existente y régimen de concesión para la expansión es la salida que el Gobierno encontró al gap estructural que la RQT no resuelve.