La Secretaría de Energía convocó para el martes 22 de julio a la consulta ambiental y social de AMBA I, la primera de las grandes ampliaciones del transporte eléctrico que el Gobierno licita bajo concesión de obra pública.
El acto, en Marcos Paz, es un requisito de la clasificación de riesgo del proyecto. Pero hay más.
El dato es que, según pudo saber Shale24, el Banco Interamericano de Desarrollo procesa una garantía de inversión de hasta US$200 millones.
Según el estudio de impacto del proyecto, el instrumento está diseñado para cubrir los contratos de concesión "ante posibles incumplimientos de pago por parte del ente concedente", es decir, el propio Estado nacional, que actúa como concedente a través de la Secretaría.
La cobertura apunta a un riesgo específico: protege al concesionario privado frente a la eventualidad de que quien lo contrata deje de pagarle. No alcanza al riesgo de construcción ni a la evolución de la demanda.
El modelo se apoya en la Ley 17.520 de concesión de obra pública: cada tramo se adjudica a una sociedad de propósito específico que construye, opera y mantiene la infraestructura sin comprometer fondos públicos directos.
Es un cambio respecto del financiamiento estatal clásico de la transmisión, y su punto débil queda visible en la propia garantía.
Para que un privado acepte poner capital de largo plazo teniendo como única contraparte de cobro al Estado argentino, hizo falta un respaldo internacional contra el incumplimiento de esa contraparte. Los US$200 millones, además, salen de recursos reorientados de un préstamo del propio BID ya vigente: el financiador reasignó exposición, no la amplió.
Un proyecto más chico de lo que se venía diciendo
La documentación oficial describe a AMBA I como 172,5 kilómetros de línea de extra alta tensión de 500 kV, más 65 kilómetros de 220 kV y 22 de 132 kV.
Es una dimensión sensiblemente menor a la referencia de "más de 500 kilómetros" que circuló en el sector durante los últimos meses. Esa cifra mayor corresponde, en los documentos, al conjunto del programa, que suma cerca de 890 kilómetros e incluye un segundo corredor (Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, de 719 kilómetros de extra alta tensión) que el estudio trata como una obra distinta, con su propia traza y su propia consulta.
Los dos corredores comparten el paraguas financiero del BID, pero son proyectos separados.
Riesgo ambiental y la consulta
Lo que sí precisa el estudio es la exigencia ambiental.
El BID clasificó la operación como Categoría A, su nivel más alto de riesgo ambiental y social. La fundamentación es explícita: posible afectación de hábitats naturales y de áreas clave para la biodiversidad, remoción de cobertura vegetal, fragmentación del paisaje y desplazamiento económico asociado a la constitución de servidumbres administrativas de paso sobre los campos que la línea atraviesa. Esa categoría es la que activa la norma de participación del banco y obliga a la consulta pública del martes.
La traza de AMBA I recorre doce municipios bonaerenses (La Matanza, Merlo, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Zárate, Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo y Campana) y el mapa de actores del proyecto alcanza desde propietarios frentistas y sociedades rurales hasta seis comunidades indígenas del conurbano y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Todos ellos son, en los términos del expediente, partes a consultar.
La instancia mañana será híbrida, presencial y virtual, y, como aclara la propia documentación, los espacios de consulta "no son vinculantes": las observaciones se registran, se responden y, cuando corresponda, se incorporan al diseño, aunque no obligan.
En paralelo, el programa deja abierto un mecanismo de gestión de quejas y reclamos que funcionará durante todo el ciclo de la obra. El objetivo declarado del programa que engloba a AMBA I excede al área metropolitana: la documentación lo enmarca en la meta de integrar nueva generación eólica y solar al sistema, hoy limitada por la falta de capacidad de transporte.