Mendoza aprendió a construir represas mucho antes de discutir sobre energías renovables.
Los grandes sistemas de alta montaña se levantaron para administrar un recurso escaso, repartir el agua entre el consumo humano, el riego y la industria, y recién después para generar electricidad. Esa historia, que en la provincia se da por sabida, fue el punto de partida de la mesa que el Shale24-Santander Mendoza Energy Summit dedicó el 18 de septiembre a la planificación energética, la hidroelectricidad, la energía nuclear y la fabricación nacional de bienes de capital.
La moderó Flavia Royón, senadora nacional y exsecretaria de Energía y de Minería de la Nación, y la integraron Mauricio Pinti Clop, gerente general de EMESA; Jorge Salcedo, presidente de IMPSA, y Vanesa García, subgerenta del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En el Hotel Hilton de la ciudad de Mendoza, los tres recorrieron un mismo argumento desde lugares distintos: la provincia reúne en su territorio casi todos los eslabones que necesitan la generación hidroeléctrica y la nuclear, desde el agua y el uranio hasta las turbinas y los recipientes de presión.
Royón abrió con una constatación incómoda para el sector: hace al menos 30 años, recordó, que la Argentina no desarrolla grandes aprovechamientos hidroeléctricos, y las concesiones de las centrales existentes empiezan a repensarse. La pregunta de fondo fue si la hidroelectricidad ya pasó su momento o si todavía puede competir con el resto de las tecnologías renovables.
Una matriz que se piensa en conjunto
Pinti Clop respondió desde la historia de la provincia. Los sistemas construidos hace décadas son multipropósito: regulan el agua que baja hacia los oasis, abastecen al consumo humano, al riego y a la industria, sostienen un turismo propio y, además, aprovechan la energía del agua embalsada para generar electricidad. Para el gerente general de EMESA, esa condición le da a la hidroelectricidad un valor que excede el precio del megavatio hora.
El ejecutivo admitió que la planificación tuvo baches. Entre 2000 y 2016, dijo, la provincia no tuvo el orden que el sector necesitaba. El trabajo de los últimos años consistió en preservar los sistemas existentes y armar una cartera de proyectos que incluye tanto obras de escala como pequeños aprovechamientos. En ese esquema, el Gobierno provincial fija la dirección de la política y EMESA desarrolla, articula y pone en marcha los proyectos.
Pinti Clop, de todos modos, evitó enfrentar a la hidroelectricidad con las otras fuentes. Propuso pensar a Mendoza como una complementariedad de energías, con una matriz diversificada en la que cada tecnología aporta lo suyo al crecimiento de la demanda. "Ningún recurso o fuente energética es atractiva por sí sola", resumió, y agregó que cada una necesita desarrollo técnico y la mejor alternativa de inversión.
La idea tiene peso concreto en una provincia donde los megaproyectos solares avanzan en paralelo a la discusión sobre el futuro de los grandes complejos hidroeléctricos, como Los Nihuiles y el Diamante. El agua sigue ahí, pero ya no está sola.
IMPSA, de Godoy Cruz a Venezuela
El turno de Salcedo llevó la conversación a la industria. Royón le preguntó por las oportunidades de una empresa que siempre fue fuente de capacidad tecnológica y de ingeniería para los mendocinos, en hidroelectricidad y en energía nuclear.
El presidente de IMPSA sostuvo que la industria hidroeléctrica mendocina cuenta con una ventaja poco común: la cadena de suministro completa dentro del país. A la capacidad de fabricación de la propia empresa se suma una red de talleres y proveedores en Godoy Cruz y en la región, que según Salcedo permite afrontar cualquier proyecto hidroeléctrico. En el mundo, reconoció, hay pocas centrales nuevas por empezar y muchas por modernizar.
Ahí entra Venezuela. Salcedo repasó el contrato que IMPSA firmó con la estatal venezolana Corpoelec para rehabilitar y modernizar las centrales de Tocoma y Macagua, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y la autorización del Departamento del Tesoro. Según el comunicado que la empresa difundió en agosto, la primera etapa contempla recuperar 432 MW en Tocoma y 240 MW en Macagua, un total de 672 MW en 24 meses, y el plan maestro elaborado con Corpoelec prevé llegar a 2.640 MW entre ambas centrales: 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua.
El ejecutivo agregó una cifra que no figuraba en aquel comunicado. IMPSA calcula tener el año que viene alrededor de 1.500 empleados trabajando en Tocoma. Eso implicará exportar capital humano argentino y reactivar la red de proveedores mendocinos y argentinos que históricamente acompañó esos proyectos.
La agenda de la empresa no termina en Venezuela. Salcedo contó que el mercado hidroeléctrico estadounidense volvió a moverse por el lado de la renovación de equipos. Según el ejecutivo, IMPSA ya provee ingeniería a grandes generadores como la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés) y tiene una alianza con National Electric Coil para sumar el suministro de rodetes de turbina.
La apuesta nuclear
La segunda mitad de su exposición fue nuclear, y ahí el argumento de la cadena completa se volvió todavía más literal. En la energía nuclear, explicó Salcedo, la Argentina tiene todos los eslabones: desde el uranio hasta la generación eléctrica. Según dijo, IMPSA trabajó para convertirse en proveedor confiable de componentes electromecánicos para centrales nucleares, y hoy es proveedor crítico de las centrales argentinas.
El paso nuevo es el de los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés). Salcedo afirmó que la empresa ya se convirtió en proveedor crítico de ese segmento y que fabrica, para el mercado estadounidense, componentes como recipientes de presión, contenedores e intercambiadores de calor. En el país, según Salcedo, IMPSA es proveedora del ACR-300, el reactor modular pequeño que Meitner Energy propone construir en el complejo Atucha.
El crecimiento que el ejecutivo imagina está, sobre todo, en Estados Unidos, donde la inversión en el desarrollo de SMR es muy grande. Su diagnóstico fue que hay muchos diseños avanzados pero pocos en etapa de fabricación, y que "pocos tienen la capacidad de tener una cadena de suministro confiable". "En eso Argentina se distingue", sostuvo. Quien llegue al país, explicó, encuentra desde la fabricación hasta la minería del uranio.
Royón tomó el caso venezolano para volver al mercado local. Recordó que la Argentina tiene casi 20.000 MW de proyectos hidroeléctricos en cartera. La pregunta fue qué le falta al país para volver a encarar una gran obra.
La respuesta de Salcedo fue directa. "Al final todos estos proyectos dependen mucho del financiamiento", dijo, y agregó que la energía es un negocio como cualquier otro. El ejecutivo anticipó que la llegada de la minería y la expansión de Vaca Muerta van a demandar más megavatios, y señaló que en el país hay centrales hidroeléctricas que quedaron a mitad de camino, con obras adelantadas, que podrían culminarse con buenos estudios de factibilidad económica. La diferencia con Venezuela es el origen del dinero: allí el financiamiento llega desde Estados Unidos para recuperar infraestructura de servicios básicos, mientras que en la Argentina, según Salcedo, la expansión vendrá por la vía del capital privado.
Sierra Pintada, paso a paso
El último tramo de la mesa volvió al uranio, pero desde el pasado. La subgerenta de la CNEA detalló el estado de la remediación del Complejo Minero Fabril San Rafael, conocido como Sierra Pintada, cuyas operaciones mineras, según García, se extendieron hasta 1997. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza otorgó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto mediante la Resolución 259, el 15 de julio de 2019, y habilitó a la CNEA a remediar los dos pasivos prioritarios: el agua de cantera y los residuos sólidos.
El agua de napa y de lluvia que se acumula en las canteras explotadas entra en contacto con la roca mineralizada y se carga de uranio, radio y arsénico por encima de los parámetros que fija el Departamento General de Irrigación. Para tratarla, la CNEA recuperó la tecnología que se usaba para extraer el uranio del mineral, las resinas de intercambio iónico. Después, una planta de tratamiento de radio y arsénico, hoy en construcción, precipitará esos elementos para obtener agua tratada.
Esa agua, una vez que cumpla los parámetros de Irrigación, se destinará a un área de cultivos restringidos dentro del complejo, que también requiere la aprobación del organismo. Para los residuos que queden del tratamiento, la comisión construyó un dique de gestión final de cinco hectáreas con capacidad para 170.000 metros cúbicos, con doble sistema de captación, múltiples barreras de membranas de polietileno y un sistema de detección de fugas entre membranas.
Royón le preguntó qué tendría que ocurrir para que Sierra Pintada pasara de la remediación a una eventual etapa productiva. García respondió desde el marco vigente. Desde la política nuclear actual, dijo, "el desafío es cumplir responsablemente con la declaración de impacto ambiental" y, a partir de ese marco legal, mirar hacia el futuro con capacidad técnica, infraestructura y conocimiento en ambiente y protección radiológica.
La respuesta cerró el círculo que la mesa había abierto con el agua. La misma provincia que exporta turbinas y componentes nucleares tiene, en San Rafael, un complejo uranífero cuyo futuro depende de demostrar primero que puede reparar lo que dejó la minería anterior.
En su cierre, Royón volvió sobre la matriz diversificada de Mendoza y sobre la capacidad de IMPSA para posicionar a la provincia y al país como exportadores de conocimiento hidroeléctrico y nuclear. Planteó que un plan estratégico de desarrollo energético debe contemplar la integración de toda la cadena de valor y pidió profundizar el diálogo entre las provincias y la Nación para llegar a una planificación que involucre también a la industria.
Las piezas, en Mendoza, ya están en el mismo mapa. Falta el financiamiento que las ponga a girar.