Avanza nuevo proyecto en Malargüe
El proyecto Cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe, completó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y dio un nuevo paso en su tramitación: el Poder Ejecutivo de Mendoza remitió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente a la etapa de explotación minera metalífera.
La remisión se realizó luego de que la Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, concluyera el proceso de evaluación y aprobara la DIA.
El tratamiento legislativo forma parte del procedimiento previsto por la normativa vigente para los proyectos de minería metalífera alcanzados por este régimen.
El emprendimiento es impulsado por LABSA SA y operado por AREX Mining SA. Se trata de un proyecto de pequeña escala que contempla una inversión estimada de USD 3 millones y una capacidad de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día.
El yacimiento se encuentra en el Puesto Aguas de Isaac, en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, aproximadamente a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Según la documentación presentada por la empresa, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29% de cobre y un horizonte de explotación previsto de aproximadamente 20 años.
Jimena Latorre: “Cobre San Romeleo completó las distintas instancias”
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el proceso de evaluación que atravesó el proyecto y señaló que la DIA reúne las conclusiones y condiciones surgidas de las distintas instancias de análisis.
“Cobre San Romeleo completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales, y atravesó además una audiencia pública con una amplia participación ciudadana y más del 90% de las expresiones a favor del proyecto”, indicó Latorre en su cuenta de X.
La ministra explicó que la Declaración de Impacto Ambiental incorpora las condiciones y obligaciones que deberán cumplirse durante las diferentes etapas del emprendimiento.
Además, la funcionaria puso el foco en la vinculación del proyecto minero con otras actividades productivas de la provincia. “Es un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza: busca generar en la provincia la materia prima necesaria para producir sulfato de cobre utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura”, detalló Latorre.
Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo que el emprendimiento representa una articulación entre minería y producción agrícola. “San Romeleo es un claro ejemplo de que minería y agricultura no son actividades contrapuestas, sino que pueden complementarse y generar valor en distintos eslabones de la matriz productiva de Mendoza”, afirmó Arizu.
Y agregó: “Producir en Mendoza parte de los insumos que necesita nuestra agricultura significa avanzar hacia una matriz productiva más integrada, generar actividad económica y reducir dependencias externas”.
Una evaluación ambiental con participación de organismos técnicos
La evaluación ambiental de Cobre San Romeleo se tramitó mediante el expediente EX-2022-06032664-GDEMZA-DMI#MEIYE, en el marco de la Ley 5961, el Decreto 820/06 y el resto de la normativa ambiental y minera aplicable.
Durante el procedimiento se incorporó el Dictamen Técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con informes y dictámenes elaborados por organismos provinciales y municipales con competencia en las distintas áreas involucradas.
Las observaciones y recomendaciones formuladas durante la evaluación fueron respondidas por el proponente y posteriormente analizadas por las autoridades correspondientes.
“El Informe de Impacto Ambiental fue sometido a una evaluación integral, que incluyó el Dictamen Técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo y la intervención de los distintos organismos sectoriales de acuerdo con sus competencias”, explicó el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández.
Según el funcionario, las condiciones ambientales surgidas del proceso fueron incorporadas a la Declaración de Impacto Ambiental, con obligaciones específicas para las distintas etapas de desarrollo del proyecto.
Audiencia pública y participación ciudadana
El procedimiento también incluyó distintas instancias de participación ciudadana, entre ellas talleres participativos y una Audiencia Pública realizada en diciembre de 2025.
La audiencia se desarrolló bajo una modalidad híbrida, con una instancia presencial en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe, y participación simultánea a través de una plataforma virtual.
Las observaciones, intervenciones y presentaciones recibidas fueron posteriormente analizadas e incorporadas al Informe Circunstanciado aprobado por la Autoridad Ambiental Minera.
También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por representantes de organismos públicos, instituciones científicas y universidades.
Entre las entidades que participaron se encuentran el INTA, la Municipalidad de Malargüe, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Planificación Territorial, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería.
El trabajo de la comisión concluyó con un Informe Único Final, cuyas recomendaciones fueron consideradas en la Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con las diferentes etapas de ejecución del proyecto.
Qué producirá Cobre San Romeleo
El emprendimiento contempla la extracción y procesamiento de mineral de cobre para obtener un producto que será utilizado como materia prima para la fabricación de sulfato de cobre y otros fungicidas de uso agrícola, incluidos productos destinados a cultivos orgánicos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el sistema previsto para el procesamiento del mineral. La empresa utilizará un esquema de disolución amoniacal en circuito cerrado, orientado a recuperar y recircular los principales reactivos utilizados durante el proceso.
De acuerdo con la documentación presentada, los gases generados serán capturados y condensados para su reutilización en la regeneración de la solución lixiviante. El objetivo planteado es reducir el consumo de reactivos y la generación de efluentes.
“El proyecto busca producir localmente la materia prima para la elaboración de sulfato de cobre utilizado por la vitivinicultura y otros cultivos, agregando valor a un recurso mineral provincial y generando actividad económica y contratación de servicios en Malargüe”, señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Agua y controles ambientales
La protección del recurso hídrico constituye uno de los principales ejes de las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental.
Antes del inicio de las actividades, la empresa deberá obtener el correspondiente permiso de uso de agua del Departamento General de Irrigación y presentar la documentación e ingeniería vinculada con las instalaciones, los sistemas de impermeabilización, el manejo de efluentes, el transporte de fluidos y el consumo y eventual reutilización del recurso.
La DIA también establece la presentación de la ingeniería correspondiente al dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, junto con sus respectivos sistemas de impermeabilización, drenaje y contención.
Además, deberán realizarse estudios específicos sobre el potencial de lixiviación y movilidad de metales y su posible incidencia sobre el recurso hídrico.
Antes de comenzar las actividades, la empresa deberá presentar una Línea de Base Ambiental, protocolos para la protección de fauna, un Plan de Monitoreo Ambiental, un Plan de Monitoreo Social y un Plan de Contingencias.
También deberá constituir una garantía destinada a asegurar la recomposición de eventuales daños ambientales. Durante las etapas de construcción y explotación se deberán realizar controles sobre aguas superficiales y subterráneas, calidad del aire, suelos, flora y fauna, además de monitoreos de ruido y otros componentes ambientales contemplados en los planes aprobados.
El control continuará después del cierre
Las obligaciones ambientales establecidas para Cobre San Romeleo continuarán una vez finalizada la explotación. La empresa deberá elaborar y ejecutar un Proyecto de Clausura Técnica y Cierre Ambiental, además de un Plan de Monitoreo Ambiental Post Cierre.
Este último tendrá una duración mínima de cinco años, aunque podrá extenderse en función de los resultados de los controles y de la evolución de las condiciones ambientales del área.
El proyecto quedará sujeto al seguimiento y fiscalización de la Autoridad Ambiental Minera y de la Policía Ambiental Minera, además de los controles correspondientes a los organismos provinciales y municipales según sus respectivas competencias.
Con la evaluación ambiental concluida y la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, Cobre San Romeleo ingresa ahora en una nueva instancia de su tramitación.
El Poder Ejecutivo remitió la DIA a la Legislatura de Mendoza, donde deberá atravesar el procedimiento establecido por la normativa vigente para este tipo de emprendimientos.
Mientras avanza ese tratamiento, el proyecto mantiene las características definidas durante su evaluación: una inversión estimada de USD 3 millones, una capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias, reservas de 257.000 toneladas y un horizonte de explotación de aproximadamente 20 años.
La DIA establece, además, un conjunto de obligaciones ambientales que abarcan las etapas de construcción, explotación, cierre y postcierre, con monitoreos y controles sobre los principales componentes ambientales involucrados.