Impulso al cobre y el litio
El debate sobre la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) regresó al centro de la escena política argentina impulsado por los gobernadores de las provincias con potencial minero. El objetivo es lograr una modificación de la norma, que flexibilice la interpretación sobre el ambiente “periglacial” y así facilitar nuevas inversiones en el área.
La reforma está impulsada por la llamada “Mesa del Cobre”, un grupo de mandatarios provinciales que ven en la minería la llave para el desarrollo económico regional. La jugada es históricamente resistida por organizaciones ambientalistas locales, y otros sectores productivos, como el vitivinícola que alertan sobre la puesta en riesgo de las reservas estratégicas de agua dulce.
Estos gobernadores argumentan que la ley actual, vigente desde 2010, es demasiado restrictiva y confusa, y que condiciona o directamente paraliza proyectos de cobre y oro considerados estratégicos para la transición energética global. Entre los yacimientos que buscan destrabar se encuentran El Pachón (San Juan) y Vicuña (proyecto binacional entre Argentina y Chile).
Qué impacto tiene la ley actual
La Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) tiene como propósito fundamental preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, bienes públicos y fuentes de información científica. Prohíbe expresamente actividades como la minería (incluso la exploración), la explotación de hidrocarburos y la construcción de infraestructura que puedan afectar la condición natural de los glaciares y del ambiente periglacial. Es una ley de presupuestos mínimos ambientales, lo que significa que establece un piso de protección que ninguna provincia puede rebajar. Su constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2019.
Lo concreto es que, para el sector, la ley viene representando un obstáculo a la exploración y desarrollo de numerosos proyectos mineros en la Cordillera de los Andes, especialmente de cobre y oro. Es que la afectación no sólo se centra en la presencia de glaciares (cuerpos de hielo), sino también en la prohibición de intervenir el ambiente periglacial (zonas con permafrost o hielo subterráneo) que, para el conjunto de la industria, es el punto más ambiguo y paralizante de la norma.
Qué buscan los gobernadores
El eje central de la reforma propuesta busca redefinir la llamada “Zona Periglacial”. La queja principal es la falta de claridad en su definición: suelos y geoformas con hielo o permafrost. Los gobernadores buscan mayor autonomía en este sentido: que sea cada provincia quien determine qué áreas específicas del ambiente periglacial deben ser resguardadas.
En esencia, buscan reducir el área protegida para permitir el avance de las exploraciones y explotaciones mineras, argumentando que esto impulsará la inversión, la creación de empleo y la obtención de divisas. El Gobierno Nacional, alineado con esta visión, sostiene que la reforma "devuelve el federalismo" a las provincias para que decidan sobre sus recursos.
Si bien el tema estuvo sobre la mesa durante todo 2025, el debate escaló recientemente con la activa participación del Poder Ejecutivo Nacional, que ve en la modificación de la Ley Nacional de Glaciares una herramienta clave para asegurar el apoyo de los gobernadores en otras iniciativas legislativas cruciales como el Presupuesto 2026 y las próximas reformas económicas.
Timing político
Hasta el momento no fue presentado formalmente ningún proyecto de modificación en las cámaras. Sin embargo, el Gobierno Nacional ya había manifestado su intención de enviar un proyecto propio al Congreso a principios de 2026, posiblemente durante el período de sesiones ordinarias, o incluso en un futuro llamado a sesiones extraordinarias. Los gobernadores buscan acelerar el proceso.
La reunión de la Mesa del Cobre para "dar las últimas puntadas" a su propia iniciativa de reforma confirma que la presión política se mantiene alta, buscando que el proyecto reformista ingrese y logre rápido respaldo legislativo.
