Quiénes quedaron afuera
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ratificó la prioridad de uso que el ex ENRE había otorgado a Vicuña Argentina sobre el corredor de 500 kV que alimentará al complejo Josemaría y rechazó las once oposiciones presentadas contra esa decisión. La resolución se firmó el martes y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
La aritmética que el propio organismo incorporó al texto pesa tanto como el rechazo.
El artículo 4 ratifica la prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente y, en la misma oración, precisa que esa porción alcanza, según cálculos de Cammesa, al 71% de la capacidad total de la línea Nueva San Juan-Rodeo operando en 500 kV. Es la magnitud que las mineras opositoras venían usando desde febrero y que hasta ahora no figuraba en la parte dispositiva de ningún acto. Son dos bases de cálculo distintas sobre el mismo derecho, y el regulador se decidió a escribir la equivalencia entre ambas.
La línea transporta hoy un promedio de 25 megavatios, según los datos de Cammesa que cita la resolución, y el organismo estima que la demanda sanjuanina crecerá un 40% hacia 2030, hasta unos 35 megavatios. Josemaría, en su primera fase, pide 260 megavatios.
Qué se autorizó
El ente autorizó el acceso a la capacidad existente por esos 260 megavatios, a conectarse en barras de 220 kV de la futura estación transformadora Chaparro, y emitió el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para cinco obras. La central es una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV de unos 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. Se suman la reconversión a 500 kV de la línea Nueva San Juan-Rodeo, hoy energizada en 132, la playa de 500 kV de Rodeo con un banco de 600 MVA, la nueva estación Chaparro con tecnología de aislamiento en gas y un banco de 450 MVA, y el campo de vinculación en Nueva San Juan.
La prioridad se otorga por la vía de las ampliaciones por contrato entre partes del Anexo 16 de Los Procedimientos, el capítulo que la Secretaría de Energía modificó en julio de 2025 para que un privado pueda financiar obra de transporte y recibir a cambio uso preferente. Rige por 25 años, contados desde la habilitación comercial de cada obra, y no alcanza a la playa de Rodeo: allí el organismo entendió que la carga del transformador no depende de manera apreciable de la demanda del proyecto. Transener operará y mantendrá las nuevas estaciones conforme al criterio de único operador, y la servidumbre administrativa de electroducto se constituirá a su favor. La empresa pone el capital y el activo queda en cabeza de Transener.
Quiénes quedaron afuera
El artículo 1 rechaza a un frente más amplio que el que se conoció durante la audiencia del 3 de junio: el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja, las municipalidades de Calingasta, Jáchal e Iglesia, un particular, Golden Mining, Casposo Argentina, Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina del Sol y Andes Corporación Minera, titular de Los Azules.
Al EPRE, que invocó competencias provinciales sobre el corredor, el organismo le respondió que la extra alta tensión integra el sistema nacional y es de jurisdicción federal, y sostuvo que la provincia participa del mercado mayorista como un actor más, sin poder de veto sobre el despacho. Se apoyó en el precedente Central Puerto de la Corte Suprema, que definió la indivisibilidad del mercado eléctrico. A La Rioja, que pidió que Vicuña costeara las adecuaciones para una futura interconexión riojana, le contestó que obligar a un privado a financiar infraestructura ociosa "configuraría un enriquecimiento sin causa", con cita expresa a la Ley Bases.
Lo que queda por resolver
La emisión del certificado despeja la condición eléctrica que faltaba para que la asociación entre BHP y Lundin Mining avance hacia la decisión final de inversión que anticipó la evaluación económica preliminar presentada en Toronto. La decisión también alcanza al frente provincial: San Juan prepara una emisión de deuda para fondear infraestructura minera y acaba de renovar por diez años el contrato de la distribución eléctrica provincial.
Queda un cabo suelto. Minas Argentina S.A., titular de Gualcamayo, pidió que la resolución resguardara de manera expresa el derecho preexistente de hasta 30 megavatios que reclama desde un acta acuerdo firmada el 7 de mayo de 2007. La parte dispositiva no crea esa reserva y el rechazo la alcanza. Con el 71% escrito en el texto que las opositoras van a leer con abogados, la pregunta pasa a ser cuánto tarda ese número en aparecer en un expediente judicial.