El Corredor Andes-Atlántico funciona como una ventanilla de crédito y su efecto sobre los proyectos de la Argentina va a llegar por turnos.
La declaración conjunta que firmaron el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller Pablo Quirno no fija montos. Enumera cuatro sectores y tres agencias que "pueden aprovechar" sus herramientas.
Las cifras que acompañaron el anuncio salen de la hoja informativa del Departamento de Estado y tienen dos formas distintas: una hoja de términos no vinculante por hasta u$s 6.000 millones para Argentina LNG y un marco de hasta u$s 7.000 millones hasta 2027 firmado con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM, por sus siglas en inglés).
La pregunta para cada proyecto es si entra por esa ventanilla, y la respuesta depende de tres cosas: cuánto compra en Estados Unidos, en qué moneda y dónde cobra, y si ya tiene contratista adjudicado.
Un crédito que se mide por lo que se compra en el exterior
El EXIM es una agencia de crédito a la exportación. Financia a compradores extranjeros de bienes y servicios de su país, y por eso el tamaño de su tramo en un proyecto depende de cuánto de lo adjudicado sale de Estados Unidos. La hoja informativa lo explicita para Argentina LNG: el financiamiento propuesto busca respaldar la compra de bienes y servicios de ese origen.
Entre ellos están el contrato de McDermott para la planta de fraccionamiento de líquidos y tratamiento de gas y el EPC de más de u$s 1.000 millones del consorcio que encabeza Pumpco, subsidiaria de MasTec, para el sistema de ductos de exportación.
Horacio Marín, presidente de YPF, lo había anticipado a Shale24 antes del anuncio: el monto de cada agencia se define según "cómo salieron las licitaciones". El primer efecto del Corredor sobre la cartera argentina, entonces, recae sobre la decisión de compras. Un proyecto que adjudica sus contratos principales a proveedores de Estados Unidos gana acceso a un financiamiento que otro, con proveedores de Europa o Asia, tiene que buscar en las agencias de esos países.
El segundo filtro es el plazo. El cuadro de límites por país del EXIM admite hasta siete años de exposición para deudores de la Argentina, y la cuenta incluye el período de construcción.
La nota 13 del mismo cuadro abre una salida para las operaciones que generan ingresos en el exterior y los depositan en una cuenta aceptable para el banco. Esa condición la cumple un exportador de GNL con contratos de largo plazo con compradores del exterior. Los proyectos que venden en el mercado interno la cumplen con más dificultad.
Argentina LNG, el único caso que tiene los papeles en orden
Por esas dos condiciones, Argentina LNG es el único proyecto del paquete con una propuesta de financiamiento emitida. Tiene contratistas de Estados Unidos adjudicados, un esquema de financiamiento de proyecto respaldado en exportaciones y un calendario: Eni ubica la decisión final de inversión (FID) hacia fin de 2026. Su solicitud al RIGI, por u$s 51.000 millones a lo largo de la vida del proyecto, contempla unos u$s 29.000 millones invertidos hasta 2031, según el consorcio.
La propuesta del EXIM cubre, en el mejor de los casos, una parte de esa cifra, y su conversión en crédito requiere un compromiso aprobado por el banco. El aporte del Corredor al proyecto, en esta etapa, es una señal política de Washington antes de la FID, en el momento en que los socios cierran el resto de la estructura con agencias de otros países y con bancos comerciales.
La minería tiene un acuerdo marco y ninguna carpeta potencial
El capítulo minero de la declaración es el más abstracto. Remite al instrumento que ambos países firmaron en febrero en Washington, que según la Cancillería contempla herramientas de financiamiento público y privado, simplificación de permisos y cooperación en mapeo geológico. La declaración del miércoles no agrega un proyecto minero con nombre.
La pieza concreta para el litio y el cobre está en otro capítulo, el de transporte. La hoja informativa vincula con esos minerales las licitaciones que el Gobierno lanzó en agosto para concesionar por 50 años las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza. Es la lógica que el sector privado de Estados Unidos venía pidiendo. En mayo, la Cámara de Comercio de ese país y AmCham Argentina reclamaron que los corredores viales, ferroviarios y eléctricos de acceso a las minas fueran elegibles para financiamiento bilateral junto con los propios yacimientos.
Para un proyecto de cobre en San Juan o de litio en la Puna, el efecto del Corredor pasa por ahí: por el costo del flete hasta el puerto, más que por un crédito directo a la mina. Y ese efecto tiene una condición previa: que las concesiones ferroviarias tengan adjudicatario.
Lo que enseña Lobito
El Departamento de Estado ubica al Andes-Atlántico en la misma serie que el corredor de Lobito, entre Angola, Zambia y la República Democrática del Congo.
La secuencia de ese caso es útil para medir tiempos. El corredor se lanzó en mayo de 2023 como el primero de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global. La concesión del ferrocarril de Benguela ya estaba otorgada desde noviembre de 2022 a un consorcio privado. El gran crédito llegó en diciembre de 2024, cuando la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés) comprometió hasta u$s 553 millones para rehabilitar y operar unos 1.300 kilómetros de vía entre el puerto de Lobito y la frontera.
Dos datos salen de esa secuencia. El financiamiento de Estados Unidos llegó unos 19 meses después del lanzamiento. Y llegó sobre una concesión que ya tenía operador privado. En la Argentina, los ferrocarriles de carga están en la etapa previa a la adjudicación. La DFC estima por su cuenta un mínimo de seis a nueve meses de trámite desde la solicitud formal para las operaciones que requieren aprobación de su directorio.
La transmisión eléctrica está un paso más adelante. AMBA I ya tiene su esquema de riesgo armado: una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que cubre al concesionario si el Estado deja de pagarle. Es el tipo de estructura sobre la que una agencia de Estados Unidos puede sumar financiamiento una vez que haya concesionario, en particular si compra equipos de ese origen.
La contraparte argentina pasa por la Cancillería
Lo que la Argentina pone en el acuerdo es regulatorio: el país busca, según la declaración, "continuar fortaleciendo su entorno legal y regulatorio", con foco en las reglas de concesión de infraestructura. Esa parte ya tiene una expresión concreta. Desde septiembre, toda solicitud de adhesión al RIGI requiere la intervención de la Cancillería, el mismo ministerio que firmó el Corredor. La política exterior quedó dentro del circuito de aprobación de las grandes inversiones.
El otro pilar regulatorio está pendiente. El artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, al que remite el capítulo digital del Corredor, pertenece a un tratado firmado en febrero que sigue a la espera de ratificación en el Congreso.
El Corredor fija una fila de espera. Primero pasan los proyectos que ya adjudicaron contratos a proveedores de Estados Unidos y cobran en dólares fuera del país, que hoy son uno. Después vienen las concesiones de transporte y transmisión, cuando tengan adjudicatario. La minería llega al final de esa fila, a través de los trenes, y el tope de u$s 7.000 millones corre hasta 2027.