Reactivación de campos maduros
En un esfuerzo por revitalizar el sector petrolero convencional, gobernadores de provincias productoras han intensificado sus conversaciones con el gobierno nacional para avanzar en la supresión gradual de las retenciones a las exportaciones de crudo.
Estas discusiones, que incluyen compromisos de inversión por parte de las operadoras, buscan contrarrestar el declive en la producción de campos maduros y mitigar el impacto económico en comunidades dependientes de la actividad hidrocarburífera.
Los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres y de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunieron recientemente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para delinear un esquema de desgravaciones fiscales.
Posteriormente, el presidente Javier Milei extendió el diálogo al recibir a delegados de una veintena de distritos en la Casa Rosada, consolidando un frente común que involucra a representantes gremiales y directivos de empresas del rubro.
El núcleo de las propuestas radica en una eliminación progresiva de los gravámenes a las ventas externas de petróleo convencional, equilibrada con una rebaja en las regalías provinciales. En estas provincias, YPF dejó de producir en los campos maduros.
A cambio, las compañías operadoras se obligarían a canalizar los beneficios fiscales resultantes hacia nuevos proyectos de exploración y desarrollo, con el fin de elevar los volúmenes de extracción y estabilizar el empleo en la cadena de valor.Este impulso negociador surge en un contexto de crisis para las cuencas tradicionales, agravada por la desinversión de grandes jugadores como YPF en yacimientos envejecidos, lo que ha derivado en recortes de personal y una merma en la competitividad regional.
Las provincias afectadas, que dependen en gran medida de estos ingresos, ven en la reforma un mecanismo para atraer capital privado y potenciar las exportaciones, en un mercado global donde el crudo argentino compite con precios volátiles.
Las implicaciones económicas podrían ser significativas: una mayor producción no solo generaría divisas adicionales para el país, sino que también impulsaría el desarrollo local mediante la creación de puestos de trabajo y la modernización de infraestructuras en áreas rurales.
Analistas destacan que este pacto tripartito –entre gobiernos, sindicatos y firmas– podría sentar un precedente para otras industrias extractivas, fomentando un modelo de colaboración que priorice la sostenibilidad fiscal.Hacia adelante, las partes involucradas anticipan un cierre de acuerdo en las próximas semanas, con énfasis en mecanismos de control para garantizar que las exenciones se traduzcan en incrementos reales de output.