Mercado y Servicios petroleros
El desarrollo petrolero al norte de las Islas Malvinas viene perdiendo proveedores desde hace un mes, y este viernes perdió al que faltaba confirmar desde su sede central.
Halliburton (NYSE: HAL) informó a las autoridades argentinas que no trabajará en el proyecto offshore Sea Lion ni participará en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas o en sus aguas circundantes.
La compañía explicó que las autoridades federales argentinas le habían planteado preguntas sobre su posible participación en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y de la que está en trámite. La Oficina del Presidente precisó que ninguna de las filiales de la empresa prestará servicios en el archipiélago, y atribuyó la definición a gestiones de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería.
No es un giro sino una ratificación con mayor alcance. La firma ya había comunicado el 5 de septiembre que no participaría en proyectos de exploración y producción en Malvinas. Aquel texto lo había firmado Halliburton Argentina S.A., la filial local. La novedad es que ahora habla Houston.
El marco: Decreto 868/2026 y 180 notificaciones
El movimiento responde al esquema que el Gobierno armó a principios de septiembre. El Decreto 868/2026 fijó un procedimiento específico para investigar y sancionar las actividades prohibidas por la Ley 26.659, y pasó la autoridad de aplicación a la Cancillería. La norma no creó castigos nuevos ni sancionó a empresas determinadas. Lo que sí sumó es un filtro para el RIGI: quienes quieran ingresar deben declarar que ni ellos ni sus vinculados societarios participan de operaciones consideradas ilegales en Malvinas.
En paralelo, el Ejecutivo notificó a 180 empresas y abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas de Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca, entre otras jurisdicciones. Los antecedentes existían: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, y Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente por la Resolución 240/2022.
Los otros casos: de las tres grandes a la cámara del sector
Halliburton cierra una lista que se armó en pocos días. La primera en fijar posición fue SLB (ex Schlumberger), cuya filial argentina aseguró que no participa ni prevé participar en licitaciones para prestar servicios en Malvinas. Baker Hughes Argentina S.R.L. sostuvo que no participa ni participará en licitaciones de proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en sus espacios marítimos, con cita expresa del Decreto 868/2026.
Después llegaron Weatherford International de Argentina y DLS Archer, que negó toda participación en Sea Lion y en cualquier otra operación hidrocarburífera en el área. Tenaris, del Grupo Techint, tiene un perfil distinto dentro del grupo: sostuvo que nunca suministró productos ni servicios para proyectos de petróleo y gas en las islas. El dato pesa porque sin tubulares no hay pozo.
La séptima definición fue colectiva: la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) informó que sus asociadas no participarán en licitaciones para proyectos en Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.
Los que quedaron del otro lado
La lista oficial muestra quiénes sí aparecen vinculados al proyecto. Allí figuran Noble Corporation como proveedor estratégico de infraestructura, Fugro NV como proveedora de servicios y Netherland, Sewell & Associates (NSAI) como analista y asesora. También están accionistas de Noble y de Seatrium, como AP Moller Holding, First Eagle, Vanguard y Dimensional Fund Advisors.
El esquema tiene zonas grises, y son las más interesantes. Bluewater Energy Services fabricó las dos monoboyas del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), el oleoducto donde Chevron amplió su capacidad y ya es el tercer accionista, y no figura entre los primeros 45 sujetos informados. Es la misma empresa cuyo FPSO Aoka Mizu está comprometido para las dos primeras fases de Sea Lion. Fugro, que sí está en la lista, hizo los estudios geotécnicos y el relevamiento del lecho marino para ubicar esas monoboyas.
La cuenta que hacen las compañías
Para los proveedores, la decisión es aritmética. Sea Lion es un proyecto de escala media en un lugar remoto. Navitas entró en 2022 con el 65% y la operación. La decisión final de inversión demanda u$s 1.800 millones hasta el primer petróleo y u$s 2.100 millones hasta completar el proyecto. La fase 1 apunta a 170 millones de barriles con un pico de 50.000 barriles diarios, sobre recursos brutos totales de 917 millones. El primer petróleo está previsto para 2028.
Del otro lado está Vaca Muerta, donde estas mismas compañías concentran su facturación regional, más las perspectivas del offshore de la Cuenca Argentina Norte y el acceso al RIGI, el régimen por el que Pluspetrol acaba de comprometer u$s 12.400 millones en Bajo del Choique. Arriesgar eso por un contrato en aguas en disputa no cierra en ninguna planilla.
Navitas y Rockhopper, por su parte, sostienen que las sanciones no tendrán "efectos materiales" sobre el desarrollo. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, les ordenó abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto. Y el Gobierno llevó Sea Lion al arbitraje de la Convención del Mar, con un mapa de 15 licencias offshore en la mira.
El proyecto conserva licencias, financiamiento y un barco de producción. Lo que tiene cada vez menos es quién le cemente un pozo.