El caso de la Fragata Libertad
La ofensiva del Gobierno sobre Malvinas lleva casi un mes y hasta hoy había tenido como destinatarias a las empresas: sumarios por la Ley 26.659, una denuncia penal y una reglamentación que cambió el RIGI.
El comunicado que Javier Milei firmó este lunes cambia de interlocutor. Esta vez el reclamo va dirigido a Londres, y por una vía que la Argentina ya transitó con éxito en otro expediente.
Según el texto de la Oficina del Presidente, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El objeto es "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado 'Sea Lion'", así como cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, "en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina".
La Argentina intimó además al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de esas actividades. Si Londres no cumple, el país pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por su sigla en inglés) medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental. "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", escribió el Presidente en su cuenta de X.
El comunicado apoya el planteo en dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas: la 2065 (XX), que reconoció la disputa de soberanía e instó a ambos gobiernos a negociar, y la 31/49, que les pidió abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso siga abierto. También rechaza la respuesta británica al discurso de Milei ante la Asamblea General y recuerda que el referéndum isleño de 2013 no tuvo reconocimiento internacional.
El comunicado incluyó un frente aéreo: el Gobierno informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta entre las islas y Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina, e instruyó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
Cómo funciona el mecanismo y por qué esta vez es distinto
La Convemar deja a cada país elegir, por declaración, el foro para sus controversias. La Argentina fijó como primera opción el ITLOS, con sede en Hamburgo. El Reino Unido eligió en 1998 la Corte Internacional de Justicia. Cuando las partes no coinciden, la Convención envía el caso por defecto a un tribunal arbitral del Anexo VII, de cinco miembros.
El plazo de dos semanas del comunicado coincide con el que fija el artículo 290 de la Convención: mientras ese tribunal se integra, si en dos semanas las partes no acuerdan otro foro para las medidas provisionales, el pedido puede ir directo al ITLOS.
El país ya recorrió ese camino. En octubre de 2012 notificó a Ghana el inicio de un arbitraje del Anexo VII por la retención de la fragata Libertad en el puerto de Tema, pidió medidas provisionales al ITLOS el 14 de noviembre y el 15 de diciembre el tribunal dispuso la liberación del buque. Según el acta oficial de las audiencias, la agente argentina fue Susana Ruiz Cerutti, entonces asesora jurídica de la Cancillería, y entre los abogados estuvo Marcelo Kohen, entonces profesor del Graduate Institute de Ginebra.
El sistema tiene un perímetro. Los dos países excluyeron por declaración las controversias de delimitación, y en 2015 un tribunal del mismo Anexo VII, en el caso que enfrentó a Mauricio con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos, resolvió por tres votos contra dos que carecía de jurisdicción para decidir quién era el Estado ribereño. Por unanimidad, en cambio, revisó la manera en que Londres había creado un área marina protegida alrededor de las islas y la declaró incompatible con la Convención.
Quiénes tienen licencias en Malvinas
El último registro de licencias de producción del Departamento de Recursos Minerales isleño, con datos al 4 de marzo, lista 15 áreas offshore que suman 22.479 kilómetros cuadrados, repartidas entre cuatro grupos. Todas tenían el mismo vencimiento: 31 de diciembre de 2026. El lunes 21 de septiembre, el gobierno de las islas las prorrogó por cinco años, con dos más opcionales, y aprobó el ingreso de Navitas a PL001, el bloque lindero a Sea Lion. Es el mismo gobierno que, tal como anticipó Shale24, aprobó crear un fondo soberano con las regalías del petróleo, con unos u$s 2.000 millones de regalías estimadas y una consulta pública prevista para comienzos de 2027.
En la cuenca norte opera Navitas Petroleum Development and Production, filial de la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de Sea Lion y de las áreas vecinas PL003, PL004, PL005 y PL033. Con PL001 suma 3.818 kilómetros cuadrados. Los socios tomaron la decisión final de inversión de Sea Lion en diciembre de 2025: u$s 1.800 millones hasta el primer petróleo, previsto para 2028, y un pico de unos 50.000 barriles diarios en la primera fase. En paralelo, Navitas evalúa sumar un socio estratégico para su plan de 77 pozos.
Rockhopper Exploration, que cotiza en el AIM de Londres, tiene el 35% restante de Sea Lion. En el registro aparece a través de cuatro vehículos: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) en PL032 y PL033; Desire Petroleum en PL003, PL004 y PL005, acompañada por Rockhopper Exploration (Oil) en las dos primeras; y Falkland Oil and Gas, con el 100% de PL011, PL012 y PL014, en la cuenca sur, que suman 8.871 kilómetros cuadrados.
La compañía conoce el arbitraje internacional desde el lugar del demandante. Litiga contra Italia ante el Ciadi por la denegación de la concesión Ombrina Mare, en el Adriático: el primer laudo, de 2022, le reconoció 190 millones de euros, fue anulado en 2025 y el caso volvió a presentarse ante un tribunal nuevo, constituido en marzo.
Borders & Southern Petroleum, también del AIM, tiene el 100% de PL018, PL019 y PL020, con 9.790 kilómetros cuadrados, la mayor superficie bajo un único operador, y el área de descubrimiento Darwin East, 150 kilómetros al sur de las islas y en 2.000 metros de agua. La compañía estima en Darwin 462 millones de barriles de líquidos recuperables, entre recursos contingentes y prospectivos, y busca un socio para evaluarlo.
El cuarto titular es JHI Falkland, filial de la canadiense JHI Associates, que conserva el 35% de PL001.
La suma deja una proporción. La cuenca norte, donde está el único desarrollo con decisión final de inversión, representa el 17% del área licenciada; el 83% se reparte en el sur entre Falkland Oil and Gas y Borders & Southern. Las reglas isleñas de licenciamiento, publicadas por el mismo departamento, declaran bienvenida la participación de petroleras argentinas, aunque consideran improbable una adjudicación a grupos con más de 49% de capital argentino o con operador registrado en el país.
Del lado de Sea Lion, a mediados de septiembre la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso que Rockhopper y Navitas se abstengan de avanzar con el proyecto hasta que se complete una evaluación ambiental. Las dos compañías ya habían sostenido el 4 de septiembre, después de la cadena nacional, que operan con licencias del gobierno isleño y que no esperan un efecto material sobre el cronograma, que ubica la perforación a comienzos de 2027.
La cuenta regresiva que puso en marcha el comunicado vence el 12 de octubre.