Atlántico Sur
El gobierno de las Islas Malvinas anunció que extenderá todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore vigentes por un período inicial de cinco años, con dos años más opcionales a su criterio.
Según el comunicado oficial, la decisión tiene el "pleno apoyo" del gobierno del Reino Unido y la prórroga queda sujeta a que las licenciatarias avancen de manera satisfactoria en sus programas de trabajo. Todas las licencias alcanzadas siguen en su período de exploración.
En el mismo comunicado, el gobierno isleño aprobó la compra del 65% del área PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited, filial de la israelí Navitas Petroleum. PL001 es el bloque adyacente al campo Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas, y con esta aprobación la misma operadora queda con el 65% de ambos. Según el texto oficial, la operación puede acelerar la evaluación y el desarrollo de los prospectos del bloque.
"Estas extensiones dan seguridad a los operadores y les permiten seguir invirtiendo y desarrollando sus áreas", dijo Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa a cargo de la cartera de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
El Departamento de Recursos Minerales del archipiélago trabaja ahora con las empresas en programas de trabajo ampliados para el período de extensión. Esos programas incluyen compromisos de perforación de pozos de evaluación adicionales.
Qué implica la aprobación de PL001
Navitas anunció su ingreso a PL001 el 2 de marzo. Según la comunicación al mercado de Eco (Atlantic) Oil & Gas, el socio minoritario del bloque recibió a cambio un préstamo que financia de manera íntegra un pozo exploratorio y un eventual pozo de evaluación, por hasta u$s 14 millones netos para su participación.
Ese 35% está en manos de JHI Associates. Como informó Shale24 en abril, la canadiense Eco Atlantic acordó comprar el 100% de JHI en una operación valuada en u$s 52,3 millones pagadera en acciones, y la extensión de cinco años de PL001 figuraba entre las condiciones de cierre. Eco también esperaba la confirmación de Navitas como operadora del bloque. Las dos llegaron en el comunicado del lunes.
La aprobación se suma a los planes de expansión que la operadora ya había puesto sobre la mesa. Shale24 anticipó que Navitas busca un socio estratégico para su plan de 77 pozos, y en mayo publicó la negociación por una segunda unidad flotante de producción. Para esa unidad, la OSX-1, Navitas ejerció el 24 de agosto una opción de compra por unos u$s 125 millones.
Cómo se llegó a la prórroga
La decisión isleña cierra una secuencia que empezó el 3 de septiembre, cuando Javier Milei anunció por cadena nacional un paquete de sanciones, un decreto para una base naval y un proyecto de ley.
Horas antes, Shale24 había adelantado que buena parte de ese régimen ya estaba escrito desde 2011. Ese mismo día, el Gobierno modificó la reglamentación del RIGI para exigir la intervención de la Cancillería y una declaración jurada por Malvinas en toda solicitud de adhesión.
El 8 de septiembre, el Gobierno presentó una denuncia penal ante el juez federal Julián Ercolini contra Navitas, Rockhopper Exploration y otras petroleras con actividad en las islas. El 15, la cancillería británica y el ministerio de Comercio publicaron una guía para las empresas que operan en el archipiélago, en la que sostienen que la legislación argentina no rige en las islas.
El 16, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
La orden alcanza a Rockhopper y a Navitas y abarca la perforación del lecho marino, la instalación de infraestructura submarina y el inicio de la extracción comercial. También les exige informar en diez días el estado del proyecto, sus contratistas y quiénes lo financian. La propia resolución aclara que no es un pronunciamiento definitivo.
El 17, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que equipara a los proveedores con las operadoras y suma la protección de la infraestructura crítica a la política de seguridad nacional. Al día siguiente, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió: "Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables y no tienen justificación legal".
Con la prórroga del lunes, el gobierno isleño pide más pozos en la misma cuenca donde la Justicia argentina dispuso frenar la perforación de Sea Lion.
Qué dicen las empresas y cómo se financian
Navitas respondió al discurso de Milei el 4 de septiembre, en una comunicación que Rockhopper replicó ante la bolsa de Londres. "La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las Islas Malvinas", sostuvo, y agregó que no prevé que los hechos recientes tengan un efecto significativo sobre el desarrollo del proyecto ni sobre su cronograma. Según el último informe de Rockhopper al mercado, la perforación arranca a comienzos de 2027 y el primer petróleo de la fase inicial está previsto para el primer trimestre de 2028.
El socio británico, dueño del 35% de Sea Lion, anunció el 27 de agosto una colocación de acciones por unos u$s 180 millones a 70 peniques por acción, que se completó con sobresuscripción, y el 15 de septiembre completó una oferta a sus accionistas existentes con pedidos por 24.242.324 acciones, un 118% de lo ofrecido.
Los colocadores fueron Canaccord Genuity y Peel Hunt, como detalló Shale24 al repasar a los proveedores del proyecto. La cautelar de Borruto exige a las empresas identificar a quienes financiaron Sea Lion.
Del lado isleño, el Consejo Ejecutivo ya aprobó crear un fondo soberano con las regalías del petróleo, con una estimación oficial de u$s 2.000 millones. Los próximos pasos tienen fecha en los dos frentes: el vencimiento del plazo de diez días que fijó la jueza, el discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana y la firma de los programas ampliados que ahora negocia el Departamento de Recursos Minerales.