Cadena nacional
Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional un paquete de medidas sobre la cuestión Malvinas que se apoya en tres instrumentos de distinta jerarquía y distinto plazo: un decreto que firmó en las últimas horas, un decreto de necesidad y urgencia para ampliar recursos del Ministerio de Defensa y un proyecto de ley que enviará al Congreso.
El eje del mensaje fue la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental.
El Presidente sostuvo que el Estado desplegará "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales" para disuadir a los actores que operen sin autorización argentina, y anticipó la inhabilitación para operar en el país de las empresas involucradas de manera directa o indirecta en proyectos en las islas.
Qué firmó el Poder Ejecutivo
Tal como adelantó Shale24 en esta nota, el primer instrumento es un decreto orientado a dar "mayor celeridad" a los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659. Según describió Milei, el objetivo es fortalecer los mecanismos de detección temprana y de intercambio de información entre organismos para acelerar la adopción de sanciones contra las compañías que desarrollen esas actividades, y también contra sus accionistas, directores y proveedores.
El segundo instrumento es un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con dos destinos declarados: la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el incremento de capacidades en telecomunicaciones. El Presidente describió esa base como el "polo logístico más importante del Atlántico Sur".
Qué va al Congreso
El tercer instrumento es un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos declarados.
El primero modifica la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. El punto de mayor alcance operativo es que los proveedores de esos proyectos recibirían las mismas penas y prohibiciones que las empresas a las que asisten, que los infractores no podrían contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, y que se dispondría, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. El régimen además se extendería a otras actividades en las islas que afecten recursos naturales, más allá de los hidrocarburos.
El segundo crea el Consejo de Seguridad Nacional, con una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal que articule cancillería, defensa, inteligencia y economía, y con un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima.
El tercero pide al Congreso que otorgue a ese Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
Buena parte del alcance del primer objetivo ya está escrito: el artículo 2 de la Ley 26.659 alcanza desde 2011 a accionistas, contratistas y prestadores de servicios logísticos, y la Resolución 194/2013 de la Secretaría de Energía bloquea la inscripción registral de contratistas y accionistas de las operadoras declaradas clandestinas.
El calendario que declaró el operador
Milei fundamentó la urgencia en el avance de Sea Lion, el desarrollo que opera la israelí Navitas Petroleum con 65% y en el que la británica Rockhopper Exploration conserva 35%. Dijo que el proyecto tiene fecha para iniciar la explotación "en algún momento de los próximos meses" y que, sin una respuesta estatal, en pocos meses las compañías tendrían la capacidad material de extraer el crudo.
El cronograma que las propias empresas declararon ante el mercado es otro. En su comunicado del 24 de agosto, Rockhopper informó que las obras en las islas avanzan sobre el muelle, la base costera, el alojamiento y la infraestructura complementaria para recibir el equipo de perforación, que la perforación comienza a principios de 2027 y que el primer petróleo de la fase 1 del área de desarrollo norte sigue previsto para el primer trimestre de 2028. En ese mismo comunicado la operadora informó que ejerció la opción de compra de una segunda unidad flotante de producción, la OSX-1, por unos u$s 125 millones, destinada al área de desarrollo central, con decisión final de inversión prevista para el primer semestre de 2028 y producción hacia fines de 2030.
Lo que está en marcha ahora, entonces, es la fase previa: obra civil en las islas, fabricación de equipos de plazo largo de entrega y acondicionamiento del FPSO Aoka Mizu, que llegó a un astillero del sudeste asiático a comienzos de este mes. El operador anunció además que evalúa sumar un socio estratégico para su plan de 77 pozos, una figura que quedaría alcanzada por el artículo 2 si tuviera activos o habilitaciones en la Argentina.
El frente diplomático
El Presidente cuantificó la gestión de los últimos tres años: 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo del reclamo argentino y más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales británicas. Sobre el frente empresario, dijo que la cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a compañías y a más de 29 países involucrados en proyectos en las islas.
También mencionó que el presidente de los Estados Unidos declaró recientemente que su país reevalúa su posición histórica sobre Malvinas.
Del otro lado del Atlántico Sur la agenda también se mueve: la administración isleña aprobó la creación de un fondo soberano con las regalías del petróleo y organiza una consulta pública para comienzos de 2027.