Marco fiscal
La Legislatura de Neuquén sancionó la ley que ratifica el acta acuerdo entre la provincia e YPF para el desarrollo de gas natural licuado (GNL), la pieza que sostiene el tramo de Neuquén en Argentina LNG, el proyecto exportador de gas de Vaca Muerta.
La votación en general se cerró con 27 votos a favor y 8 en contra, y el cuerpo avanzó con el tratamiento en particular durante la madrugada del jueves. La norma fija estabilidad fiscal por 30 años y un esquema de regalías diferenciales atado al precio del mercado asiático.
El oficialismo de Rolando Figueroa reunió los votos de Comunidad, el MPN, el PRO, Hacemos Neuquén y los monobloques aliados, y sumó durante la semana dos apoyos adicionales para ampliar el margen. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la UCR. La sesión había sido corrida de las 10 a las 18 para no coincidir con la movilización de los gremios estatales, que marcharon bajo la consigna "no a la baja de regalías".
La sanción resuelve una de las tres condiciones que el propio acuerdo fijó para entrar en vigencia. El texto firmado el 6 de junio establecía que el régimen requería, de manera simultánea, la aprobación del Ejecutivo provincial, la ratificación por ley de la Legislatura y la notificación formal de YPF confirmando la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) y el financiamiento internacional. Con la ley aprobada, el marco fiscal queda escrito, pero todavía no rige. Solo entrará en vigor cuando la petrolera comunique la FID.
Esa es la última condición pendiente del proyecto. El acta le otorga a YPF una ventana máxima de 24 meses para notificar la decisión y acreditar el financiamiento, aunque el cronograma público que viene manejando la conducción de Horacio Marín apunta a noviembre de este año. La FID es además el disparador del tramo financiero: la petrolera busca cerrar hacia fin de año la estructura de project finance que arma con JP Morgan, un ticket estimado en u$s 16.000 millones para cubrir cerca del 70% de la fase inicial. Hasta entonces, la estabilidad de tres décadas y las alícuotas diferenciales viven en la letra de la ley sin producir efecto.
Con la sanción neuquina, las dos patas provinciales del proyecto quedan cubiertas. Río Negro ya había convertido en ley su propio marco de estabilidad por 30 años a través de la Ley 5.789, sancionada en febrero, sobre el componente costero y las plantas flotantes de licuefacción que exportarán desde Punta Colorada. La arquitectura subnacional, repartida entre la provincia que aporta el gas y la que aporta la salida al mar, está completa.
El esquema de regalías que la norma ratifica ya era conocido: alícuotas escalonadas de 7,5%, 10% y 12% según dónde se ubique el índice Japan Korea Marker (JKM), la referencia del GNL en el mercado asiático, con umbrales en 16 y 20 dólares por millón de BTU y una revisión cada tres años. Para el gas destinado al mercado interno, las regalías se calculan sobre el precio en condición firme de la Cuenca Neuquina.
El reproche opositor y la sesión de medianoche
La discusión de fondo giró alrededor de una cifra: el piso de 7,5%. Para la oposición, ese número implica una rebaja frente al 12% con el que se concesionaron poco antes las áreas involucradas. El diputado Darío Martínez, ex secretario de Energía de la Nación, sostuvo que con el nuevo esquema "un extranjero va a pagar el gas de Vaca Muerta más barato de lo que paga cualquier neuquino", e intentó sin éxito incorporar un artículo que condicionara el régimen a la prioridad de mano de obra y contratistas de la zona. Desde el Frente de Izquierda, Andrés Blanco calificó el tratamiento de "mega exprés" y habló de una "renuncia a la soberanía". César Gass, de la UCR, había reclamado postergar el dictamen y convocar a Marín a la comisión para que explicara el acuerdo.
El oficialismo defendió el régimen como una herramienta para destrabar la inversión y rechazó que se tratara de una concesión de recursos. Presentó la ley como un "hito fundacional" equivalente al que abrió la explotación no convencional en Loma Campana en 2013, y acompañó la sesión con comunicados de municipios, cámaras empresarias y los gremios petroleros del sector privado. La decisión de votar de noche, lejos de la marcha estatal, formó parte de esa puesta en escena.
Qué ratificó la ley y qué quedó afuera
El régimen alcanza a cinco áreas no convencionales del swap que YPF cerró con Pluspetrol a comienzos de año (Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas), las concesiones gasíferas que alimentarán los trenes de licuefacción de Argentina LNG. No son las mismas áreas que integran LLL Oil, el cluster de crudo que YPF presentó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en mayo.
Esa distinción pesa sobre la cifra que circuló en el recinto. Los u$s 25.000 millones que el oficialismo repitió como magnitud de la inversión son los que YPF declaró para LLL Oil, un desarrollo orientado a la ventana de petróleo. Argentina LNG, el proyecto que este marco fiscal habilita, mueve un presupuesto propio del orden de los u$s 30.000 millones entre infraestructura y perforación, con la petrolera en torno al 30% del capital y el resto a cargo de sus socios, ENI de Italia y XRG de los Emiratos Árabes Unidos.
La ley tampoco incluye todavía el paquete de obras para la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. El aporte de infraestructura de u$s 175 millones que comprometió YPF se ejecutará recién después del FID, cuando la empresa y sus socios definan destino y cronograma de esas obras.