Audiencia en Hamburgo
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar escucha en Hamburgo a la Argentina y al Reino Unido en la causa que el país abrió para detener Sea Lion, el desarrollo petrolero de la Cuenca Malvinas Norte.
En esta instancia los jueces evalúan si corresponde congelar el proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia. La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, según informó el Gobierno.
El Reino Unido llevó a esa sala un elemento que pone a las dos petroleras en el centro del expediente: tres declaraciones testimoniales presentadas el 2 de noviembre. Las firman Ian Ramsay, CEO de Navitas Petroleum Development and Production, la filial británica de la operadora; Samuel Moody, CEO de Rockhopper Exploration; y Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, según la nota de presentación que el tribunal publicó en el expediente del caso 37.
De acuerdo con esa nota, los testimonios tratan el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia, dos de los cuatro requisitos que Londres objeta. La posición británica es que el tribunal ni siquiera necesita llegar a ese análisis, y la resume en una frase: "no hay urgencia". Las pruebas, agrega el escrito, se presentan para que el cuadro de hechos correcto quede ante los jueces.
La urgencia se discute con el cronograma de perforación
La Argentina sostiene lo contrario con el cronograma de las propias compañías. En el escrito que presentó el 13 de octubre afirma que el inicio de la perforación en la plataforma continental es cierto e inminente, y cita el plan de la operadora: la perforación de desarrollo arrancaría a comienzos de 2027. La decisión final de inversión se tomó el 10 de diciembre de 2025.
Rockhopper lo ratificó en sus resultados semestrales del 30 de septiembre. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) Aoka Mizu, con capacidad para 55.000 barriles diarios, llegó al sudeste asiático para su reacondicionamiento; la perforación empezaría a comienzos de 2027 y la operadora apunta al primer petróleo en el primer trimestre de 2028.
El escrito argentino describe la primera fase con datos tomados de la documentación de Navitas: 23 pozos completados, 16 productores de petróleo y seis inyectores de agua, más un pozo remoto de inyección de gas, en un área de 541,4 kilómetros cuadrados a unas 107 millas náuticas al norte de las islas.
Cada uno de esos hitos funciona en Hamburgo como un reloj. El escrito argentino sostiene que, sin medidas provisionales, la modificación física del lecho marino que produce la perforación no podrá compensarse después.
Rockhopper y Navitas llegan a la audiencia con fondos
Rockhopper, dueña del 35%, informó que su colocación de acciones recaudó u$s 180 millones y una oferta complementaria otros u$s 20 millones, lo que le da fondos hasta mediados de 2028. Como informó Shale24, la compañía desembolsa u$s 44 millones por el 35% del OSX-1, el segundo buque de producción. La primera fase cuenta además con u$s 1.000 millones de deuda senior, de los cuales u$s 350 millones corresponden a Rockhopper.
Con ese segundo buque, Navitas proyecta acelerar el Área de Desarrollo Central del yacimiento: decisión de inversión en el primer semestre de 2028 y producción desde 2030, con una capacidad combinada cercana a 180.000 barriles diarios. La certificadora Netherland, Sewell & Associates le asignó a la participación de Rockhopper 110 millones de barriles de reservas probadas y probables. El plan de Navitas para Malvinas contempla 77 pozos.
El frente argentino ya tocó la cadena de proveedores. El 5 de octubre Rockhopper comunicó que Navitas reemplaza a dos contratistas que incumplieron sus obligaciones, mientras avanza el proceso sancionatorio de la Cancillería contra 45 personas y empresas. La operadora estimó entonces que no espera un efecto adverso significativo sobre el proyecto.
Resolver en pocas semanas, la clave
La Argentina pidió al Tribunal del Mar cuatro medidas provisionales. La primera es que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion. Las otras tres le piden que no use la información de la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que deje de impedir que el país cumpla sus obligaciones de protección del medio marino y que se abstenga de agravar la disputa, en particular con nuevos permisos de explotación en la plataforma continental.
En el capítulo ambiental, el escrito cita un plan de contingencia de 2015 de Premier Oil para un pozo exploratorio de la cuenca. Ante un descontrol con crudo del tipo de Sea Lion, ese modelo asignaba un 30% de probabilidad de que el petróleo cruzara a aguas argentinas a los 30 días.
El trámite en Hamburgo deriva del arbitraje que el Gobierno inició el 28 de septiembre al amparo de la Convención del Mar. Londres rechazó el reclamo el 11 de octubre y dos días después la Argentina acudió al tribunal, que puede dictar medidas provisionales hasta que el tribunal arbitral esté formado.
El presidente del tribunal, Maurice Kamga, fijó la audiencia para el 10 y el 11 de noviembre. En el antecedente argentino más cercano, el de la fragata Libertad, el país presentó el pedido el 14 de noviembre de 2012 y la orden llegó el 15 de diciembre, un mes después.
Mientras los jueces deliberan, el Aoka Mizu sigue en el astillero asiático.