El Gobierno de Río Negro informó que su Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza en territorio el cumplimiento ambiental del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que está en fase constructiva, es decir el consorcio Southern Energy (SESA), que se desarrolla en el Golfo San Matías.
El control, informó el gobierno rionegrino, alcanza tanto las obras terrestres como la infraestructura marítima del emprendimiento, que contempla unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a la costa rionegrina y un centro de soporte logístico en el puerto de San Antonio Este que desarrolla la compañía integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.
Hasta ahora, la intervención ambiental de la Provincia sobre el proyecto se había concentrado en la etapa de evaluación: los estudios de impacto y las audiencias públicas que acompañaron los permisos, entre ellas la del gasoducto dedicado Tratayén-San Antonio Oeste, que reunió a 168 oradores, y la evaluación de la conexión submarina de la segunda unidad flotante. Ese tramo pertenece al momento previo a la obra, cuando lo que está en juego es autorizar.
Con las obras en marcha, la autoridad de aplicación pasa de aprobar a inspeccionar, y con ello activa una atribución distinta. Según detalló la provincia del gobernador Alberto Weretilneck, el esquema de fiscalización se apoya en tres pilares: un control integral a lo largo de todo el ciclo del proyecto, la participación ciudadana en los procesos de evaluación y la capacidad estatal de exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Qué controla la Provincia
El monitoreo declarado abarca el seguimiento de flora y fauna, la protección de los ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos y la prevención de impactos en las zonas intervenidas. La secretaría también supervisa la recomposición ambiental de los sectores afectados por la construcción de la infraestructura terrestre, es decir, la obligación de restaurar el entorno una vez ejecutadas las obras.
El componente marino ocupa un lugar central en el control. El diseño del FLNG opera sin muelle: los buques licúan el gas a bordo y la transferencia se realiza mediante un sistema de amarre y carga sumergido, con remolque de metaneros y operaciones de transferencia entre buques en aguas del golfo. Cada unidad suma además su propio tramo de conexión submarina. Ese conjunto de tareas, sobre un espejo de agua sensible, es el que queda bajo vigilancia provincial durante toda la vida útil del proyecto.
Con estabilidad nacional y control provincial
El proyecto avanza con un blindaje regulatorio de origen nacional. Las dos unidades flotantes ingresaron al RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) en 2025 y el gasoducto dedicado, a cargo de San Matías Pipeline, sumó su adhesión en junio de 2026 por u$s 1.300 millones.
El régimen otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años. Esa estabilidad, sin embargo, no alcanza a la jurisdicción ambiental: la potestad de inspeccionar, exigir correcciones y sancionar sigue en manos de la Provincia. El incentivo nacional fija las reglas tributarias y aduaneras del emprendimiento; el control ambiental en territorio lo conserva Río Negro como autoridad de aplicación.
El cumplimiento ambiental, una credencial
Southern Energy apunta a colocar su GNL en Europa, por lo que deberá contemplar las regulaciones en la Unión Europea. La trazabilidad de las emisiones, la medición de venteos y quemas y el respaldo verificable de las obligaciones ambientales son parte de lo que un comprador europeo evalúa antes de firmar.
En marzo último, la alemana SEFE se comprometió a comprarle a SESA 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con entregas desde fines de 2027. A partir del 1 de enero de 2027, la Unión Europea exigirá que el gas importado provenga de jurisdicciones con reglas de medición, reporte y verificación (MRV, por sus siglas en inglés) de metano equivalentes a las suyas.
Según la consultora Rystad Energy, los productores pueden acreditar esa equivalencia si alcanzan el nivel más alto del estándar OGMP 2.0, el programa de metano de Naciones Unidas para la industria, con verificación de terceros. La firma sostuvo, en un análisis de fines de 2025, que la oferta global de gas capaz de cumplir ese estándar superará la demanda europea hacia 2027, de modo que el requisito no tensionaría el mercado.
Wood Mackenzie matizó ese diagnóstico: advierte que buena parte de los nuevos volúmenes de GNL no llegará a tiempo a la certificación, y que el mercado de gas efectivamente habilitado será más chico que el total disponible.
Para el primer proyecto argentino de exportación de GNL, la fiscalización provincial se convierte en una pieza más de la credibilidad que el emprendimiento necesita para vender afuera y para sostener su financiamiento. El Gobierno rionegrino enmarca la inspección en la consolidación de la provincia como protagonista energético; para los compradores, el cumplimiento ambiental es, cada vez más, condición de acceso.