IMPSA firmó este sábado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para terminar la central hidroeléctrica Tocoma y rehabilitar unidades de Macagua, ambas sobre el Bajo Caroní, en el estado Bolívar.
El anuncio oficial lo hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que lo describió como un "acuerdo histórico" para sumar 2.640 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El presidente de la metalúrgica de Mendoza, Jorge Salcedo, confirmó la rúbrica del acta con el Ministerio de Energía Eléctrica y CORPOELEC.
El acuerdo fija una meta inicial de 672 MW en 19 meses y un plan a cinco años de hasta 2.640 MW: 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua. Tocoma, conocida también como central Manuel Piar, fue diseñada para más de 2.000 MW en diez unidades de generación y nunca llegó a operar. En Macagua, el trabajo es de rehabilitación de unidades fuera de servicio.
La firma de hoy es el punto de partida formal, no el contrato cerrado.
Días atrás, Salcedo había dicho a Reuters que la parte técnica y financiera estaba acordada en un 90% y que seguían negociando las fases de entrega y los pagos. El instrumento es una adenda al contrato original que IMPSA y CORPOELEC habían firmado hace más de una década y que quedó sin ejecutar. La rúbrica destraba el proyecto; las condiciones definitivas de entrega y cobro se terminan de cerrar.
El problema que logró resolverse
El punto que mantuvo el contrato paralizado nunca fue la ingeniería. El acuerdo original, respaldado por préstamos que incluyeron al banco de desarrollo CAF, se cayó por impagos y por las sanciones de los Estados Unidos.
Las turbinas fabricadas por IMPSA quedaron más de diez años inmovilizadas en sus galpones de Mendoza.
Reuters apuntó esta semana que las firmas extranjeras venían dudando en sumarse a la reparación del sistema de Venezuela por la incertidumbre sobre cómo cobrarían.
Ese nudo lo destrabó una licencia del Tesoro de los Estados Unidos emitida a comienzos de 2026. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) habilitó un marco específico para la red eléctrica de Venezuela: la licencia general 48A autoriza el suministro de bienes y servicios a CORPOELEC, y la 49A permite negociar y firmar contratos sujetos a la condición expresa de esa autorización. El acta de hoy encaja en ese formato de contrato contingente.
El cobro tiene una arquitectura propia. La orden ejecutiva 14373, de enero de 2026, obliga a depositar los pagos destinados al Estado de Venezuela en cuentas segregadas y auditables en los Estados Unidos, no en efectivo ni en cuentas discrecionales dentro del país caribeño. Es el mecanismo que da a un proveedor extranjero la trazabilidad que el esquema anterior no ofrecía. Sin esa estructura, la firma de hoy no sería posible.
Por qué IMPSA y no otra
La condición que posiciona a IMPSA dentro de ese marco es su propiedad. La empresa, antes estatal argentina, hoy pertenece al Fondo de Adquisiciones Industriales (IAF, por sus siglas en inglés), con sede en los Estados Unidos, tras la privatización de febrero de 2025.
Esa estructura de capital es la que la habilita a operar dentro de las licencias de la OFAC con una exposición acotada.
Para IMPSA, además, el acuerdo es un hecho de balance. Monetizar las turbinas de Tocoma, paradas una década, libera capital inmovilizado que fue uno de los factores de su crisis financiera. La firma llega pocas semanas después de que la Justicia de Mendoza homologara su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) sobre una deuda de u$s 583 millones, el paso que ordenó su pasivo con la nueva propiedad.
La obra sobre el Caroní
Tocoma y Macagua integran el complejo del Bajo Caroní, la principal fuente de generación eléctrica de Venezuela. El sistema arrastra años de cortes por falta de mantenimiento e inversión, pese a contar con una de las mayores capacidades hidroeléctricas de la región. Según el cronograma que maneja IMPSA, las dos primeras fases tomarían entre 14 y 19 meses; las primeras unidades de Macagua podrían volver a operar en torno a los 100 días de la firma definitiva. Esa capacidad técnica de IMPSA, con diseño propio de turbinas, es la misma que la metalúrgica viene ofreciendo en otros proyectos de generación.
La foto del apretón de manos es el dato del día, y es real: hay acuerdo firmado. Lo que definirá si los 672 MW llegan en 19 meses no es la capacidad técnica de la empresa, sino el cierre del contrato definitivo y el flujo de pagos que ahora se canaliza por las cuentas que controla el Tesoro de los Estados Unidos. El acuerdo, según la propia Rodríguez, se inscribe en un momento de apertura de Venezuela a la inversión extranjera en petróleo, minería y electricidad, con la ingeniería de una empresa de capital de los Estados Unidos como uno de los primeros vehículos de entrada.