El Gobierno confirmó esta semana que el reactor multipropósito RA-10 iniciará su proceso de puesta en marcha antes de fin de año y anunció que su operación comercial quedará en manos de una sociedad anónima integrada con un socio privado.
El anuncio lo hizo el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, durante una jornada en el Centro Atómico Ezeiza que incluyó una recorrida por las instalaciones y a la que asistieron el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, y representantes de empresas del sector.
Según la Secretaría de Asuntos Nucleares, el montaje de equipos y sistemas del reactor alcanzó el 96%, contra un 52% al inicio de la actual gestión, y hoy trabajan en el proyecto unas 530 personas. La obra civil y la ingeniería están terminadas. La meta oficial es completar la puesta en marcha durante los primeros meses de 2027. "Recibimos un proyecto paralizado, sin financiamiento para continuar los trabajos", sostuvo Ramos Nápoli.
El RA-10 es un reactor de investigación y producción de 30 MW que no entrega electricidad al sistema: aprovecha los neutrones de la fisión para producir radioisótopos de uso médico, irradiar materiales, calificar combustibles y generar silicio dopado para electrónica de potencia.
La CNEA es propietaria de la tecnología y responsable del proyecto; INVAP, la firma tecnológica del Estado rionegrino, participa en la gestión y provee la ingeniería especializada. En el esquema que anticipó la Secretaría, la CNEA conservará el acceso al Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, la instalación que sostiene el uso científico del reactor. El licenciamiento depende de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que otorgó la licencia de construcción en 2014 y todavía debe habilitar la operación.
Qué habilita la ley
El esquema societario se encuadra en la Ley 24.804, sancionada el 2 de abril de 1997. Su artículo 36 declaró sujeta a privatización la actividad de producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la CNEA, en forma directa o asociada con otras entidades, tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes. La habilitación tiene veintinueve años y nunca se había ejecutado sobre este segmento.
El artículo 37 fija el molde: sociedades anónimas en las que el Estado nacional retiene al menos una acción con derecho a veto sobre las decisiones que impliquen el cierre de la actividad. El alcance legal del veto termina ahí. Cualquier facultad adicional del accionista estatal sobre el destino de las instalaciones tendría que surgir del estatuto de la nueva sociedad, un documento que todavía no existe. El artículo 39, además, somete el procedimiento a la Ley 23.696 de Reforma del Estado, lo que fija el andarivel de la licitación.
El antecedente que el Gobierno eligió como referencia es CONUAR, la fabricante de elementos combustibles que opera en el mismo predio de Ezeiza desde 1982, con 66,67% del Grupo Pérez Companc y 33,33% de la CNEA. El dato que el modelo arrastra y que el anuncio no mencionó: el estatuto de CONUAR exige que la mayoría accionaria y el gerenciamiento estén en manos de una empresa de capital nacional. Esa cláusula fue la que impidió que la participación pasara a Petrobras en 2002, cuando el grupo brasileño compró el resto del holding. Si el molde se replica sobre el RA-10, la nacionalidad del capital define el universo de oferentes antes de que se abra el sobre.
El enfoque sobre la futura planta
Terminar el reactor no alcanza. Para convertir la capacidad de irradiación en producto vendible hace falta una planta asociada donde se procesen los blancos irradiados. Ese es el activo que el Gobierno quiere financiar con capital privado, y el que sostiene la ecuación: según la CNEA, el RA-10 producirá un volumen de radioisótopos exportable de aproximadamente u$s 90 millones anuales y podrá cubrir el 20% del mercado internacional de molibdeno-99, el insumo del que se obtiene el tecnecio-99m que se usa en la mayoría de los estudios de medicina nuclear del mundo.
Sobre el financiamiento aparece la cuenta regresiva. La Secretaría mencionó al RIGI como vía posible, pero el régimen tiene fecha de cierre: el Decreto 105/2026 prorrogó por única vez el plazo de adhesión, que vence el 8 de julio de 2027. El cronograma oficial ubica la convocatoria al socio privado después de concluidas las obras del reactor, es decir, dentro del mismo semestre en que se agota la ventana. Al 5 de septiembre, el régimen acumula 22 proyectos aprobados por u$s 47.073 millones, ninguno del sector nuclear.
Con los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026 ya publicados y la doctrina fijada, lo que falta ahora es el instrumento: el estatuto de la sociedad, el porcentaje que se ofrece y el pliego que deberá redactar la Secretaría de Asuntos Nucleares. Ninguno de los tres tiene fecha.