Para IMPSA, el fabricante de turbinas con sede en Mendoza, el negocio que había quedado congelado durante más de una década en Venezuela volvió a moverse.
La compañía avanza en la renegociación de un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para completar y rehabilitar dos centrales hidroeléctricas en el sur del país caribeño, una operación que sumaría hasta 672 MW al maltratado Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Lo confirmó su presidente, Jorge Salcedo, en una entrevista con la agencia Reuters: "Tenemos un acuerdo sobre el 90% de los aspectos técnicos y financieros del contrato".
El dato a tener en cuenta es de naturaleza societaria. IMPSA dejó de ser la empresa estatal argentina que firmó aquel contrato y hoy pertenece al Fondo de Adquisiciones Industriales (IAF, por sus siglas en inglés), con sede en los Estados Unidos. Para algunos, este detalle pudo haber “destrabado” el contrato.
En los hechos no hay contrato aún. IMPSA tramita una adenda contractual con Corpoelec y todavía negocia las fases de entrega y el esquema de pagos. El 90% acordado describe un avance sustancial, no un cierre.
La cadena que va del freno a la licencia
El contrato original se firmó hace más de una década, en el período de mayor cercanía política entre los gobiernos argentinos y el chavismo, con respaldo de bancos como la Corporación Andina de Fomento (CAF). Nunca se ejecutó. Los incumplimientos de pago primero, y las sanciones de los Estados Unidos después, dejaron el equipamiento ya fabricado por IMPSA paralizado en su depósito de Mendoza durante años, un activo inmovilizado que la propia crisis venezolana volvió impracticable.
El giro llegó este año. A comienzos de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de los Estados Unidos otorgó a IMPSA una licencia para exportar e instalar las turbinas y el equipo mecánico. Con ese aval jurídico, la firma tramita ahora la adenda con Corpoelec que permitiría inaugurar dos unidades del proyecto Tocoma y rehabilitar tres unidades de Macagua.
Según trascendió, la licencia de la OFAC no equivale a una reapertura general de Venezuela a los negocios: es un permiso acotado a un proyecto específico, y su existencia depende de que el solicitante sea una compañía controlada por capital de los Estados Unidos. La conversión de IMPSA en activo de un fondo con sede en ese país no fue un mero cambio de papeles societarios: fue lo que volvió viable un contrato que, en manos de una empresa estatal argentina, seguía atrapado bajo el régimen de sanciones.
El movimiento se inscribe en un patrón más amplio que Shale24 viene siguiendo desde las claves de la decisión de Washington sobre el petróleo venezolano: el negocio regresa a Venezuela por excepciones licenciadas, caso por caso, y no por un levantamiento general. Lo que para una petrolera europea es una negociación de términos con PDVSA, para IMPSA es un permiso de exportación que solo su nuevo accionista podía solicitar.
La economía de los 672 MW: los detalles técnicos
El alcance es desigual entre las dos centrales. En Tocoma, IMPSA pondría en marcha dos unidades generadoras de un proyecto que, completo, aspira a sumar más de 2.000 MW con diez unidades.
Cerca del 60% del equipo ya está fabricado, por lo que Salcedo estimó entre 14 y 19 meses la finalización de las dos primeras fases. En Macagua, en cambio, las dos primeras unidades de 80 MW podrían volver a servicio entre 90 y 100 días después de firmada la adenda, dado que el equipamiento está mayormente disponible. La diferencia de plazos explica por qué Macagua funciona como la prueba de viabilidad más inmediata del acuerdo.
El telón de fondo es un sistema eléctrico venezolano que opera con una fracción de su capacidad instalada y sufre cortes frecuentes. Washington impulsa un plan de reconstrucción energética de u$s 100.000 millones para el país, mientras la Asamblea Nacional avanza una reforma que abre la generación, la transmisión y la distribución al capital privado. En ese marco, reactivar Tocoma y Macagua aparece como uno de los primeros pasos concretos para incrementar la generación en años, aunque 672 MW son marginales frente al déficit acumulado del SEN.
Para IMPSA, el contrato venezolano llega en paralelo a su reposicionamiento en Norteamérica, donde su control accionario busca recolocar a la firma como proveedora de repotenciación hidroeléctrica.