Una nueva señal desde São Paulo impacta en Buenos Aires y anticipa cómo podría resolverse una de las operaciones de combustibles más relevantes del año en la Argentina.
Raízen —el joint venture entre Cosan y Shell—, que negocia la venta de la refinería Dock Sud y una red de unas 700 estaciones de servicio bajo marca Shell a Mercuria, presentó este domingo a sus acreedores una propuesta alternativa para reestructurar su deuda.
El pasivo, por R$ 65.000 millones (unos u$s 13.050 millones), está bajo proceso de recuperación extrajudicial desde el 11 de marzo. La novedad fue reportada por Bloomberg y luego replicada por Reuters.
La nueva oferta contempla captar hasta R$ 5.000 millones adicionales en capital fresco. Ese monto se sumaría a los R$ 4.000 millones ya comprometidos por Shell —que aportaría R$ 3.500 millones— y por Aguassanta Investimentos, el vehículo de la familia de Rubens Ometto, que contribuiría con R$ 500 millones.
El punto clave, sin embargo, está en el origen de esos fondos adicionales: según Bloomberg, no está claro de dónde provendrían. Esa incertidumbre es hoy uno de los factores que más pesan en la negociación.
Cosan se corre y Shell sostiene la reestructuración
El nuevo escenario redefine el equilibrio de poder dentro del joint venture. Cosan no inyectará capital en esta etapa, de acuerdo con la información disponible. Shell, en cambio, emerge como el socio que sostiene financieramente la salida.
Del lado de los acreedores, la postura es más dura. Hace dos semanas, los bonistas propusieron convertir deuda en acciones en una proporción que les daría hasta el 90% del equity a cambio del 45% del pasivo. La oferta original de Raízen contemplaba el 70% del capital por esa misma porción de deuda. Esa diferencia define quién controlará la compañía tras la reestructuración.
Los acreedores también presionan por dos condiciones adicionales: quedarse con la mayoría del directorio y establecer responsabilidades personales para ejecutivos ante pasivos futuros. La empresa, por ahora, resiste ambos puntos. Solo accedió a crear un comité de acreedores, un cambio acotado en términos de gobernanza.
El “30% argentino”, la cláusula que expone la desconfianza
Un elemento que ganó centralidad en las últimas semanas es el destino de los fondos provenientes de la venta de activos en Argentina.
El 19 de abril, Bloomberg informó que los bancos acreedores exigen que el 30% de esos ingresos se destine directamente al repago de deuda, por fuera del esquema general de conversión deuda-equity.
Si la operación con Mercuria —valuada entre u$s 1.000 y 1.600 millones— se concreta en el piso del rango, implicaría unos u$s 300 millones; en el techo, hasta u$s 480 millones.
La insistencia en fijar contractualmente ese porcentaje revela desconfianza. Aunque Raízen había comunicado previamente que el 100% de las desinversiones se usaría para reducir deuda, los acreedores buscan asegurarlo por escrito para evitar desvíos.
Calificación en baja y acreedores más duros
El endurecimiento del bloque acreedor tiene un respaldo claro: el deterioro crediticio de la compañía.
El 5 de marzo, S&P Global Ratings bajó la nota de Raízen de CCC+ a CCC-, con perspectiva negativa. Aun así, estimó una tasa de recuperación cercana al 65% en caso de default.
Ese dato funciona como piso de la negociación. Incluso en un escenario adverso, los acreedores esperan recuperar buena parte de su inversión. Por eso apuntan a maximizar control y liquidez: quedarse con equity relevante y asegurar ingresos inmediatos.
Una venta estratégica que define el tablero
La operación en Argentina sigue siendo una pieza central. Incluye la refinería Dock Sud —la tercera del país, con capacidad de 101.000 barriles diarios—, la red de estaciones Shell, una planta de lubricantes, terminales logísticas y activos aeroportuarios.
Ese paquete integrado explica la valuación y también limita alternativas: la refinería pierde gran parte de su valor si se la separa del negocio de comercialización.
Mercuria, que ya tiene presencia en el país y vínculos con el desarrollo de Vaca Muerta, analiza la adquisición con lógica de integración vertical, similar al modelo de YPF pero en manos privadas.
Un reloj que corre hacia junio
La nueva propuesta presentada el 26 de abril introduce una variable clave para el desenlace. Si Raízen logra captar los R$ 5.000 millones adicionales, podría reducir la cesión de equity y ganar margen en la negociación sobre el uso de fondos.
Si no lo consigue, los acreedores tendrían mayor poder para imponer condiciones, entre ellas acelerar el cierre de la venta en Argentina.
El proceso tiene un plazo concreto: la homologación vence alrededor del 10 de junio, a 90 días del inicio formal en marzo. Hasta entonces, cada movimiento en São Paulo seguirá teniendo impacto directo en Buenos Aires.