El martes 20 de mayo, en el Palacio de los López, el presidente Santiago Peña firmó el Decreto 6034 acompañado por el jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el asesor jurídico de Presidencia, Roberto Ilo Moreno.
Con ese acto, Paraguay reglamentó la Ley 7599/2025 y abrió por primera vez su mercado eléctrico a la inversión privada en 6 fuentes renovables no convencionales: solar, eólica, biomasa, biogás, geotermia y almacenamiento.
La norma habilita a empresas y ciudadanos a generar, comercializar y exportar electricidad, y monta cuatro figuras nuevas dentro del Sistema Interconectado Nacional: autogenerador, cogenerador, exportador y la categoría de prosumidor, que permite a consumidores residenciales inyectar excedentes al sistema.
Cinco días después, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) convocó audiencia pública para presentar el pliego de la Central Solar Fotovoltaica de Loma Plata, de 140 MW.
El movimiento llegó 11 días después de otro acto de mayor calado político: la firma en Tainan, el 9 de mayo, del memorando de entendimiento con Taiwán que crea Yguazú Digital, una entidad binacional 50/50 para infraestructura de inteligencia artificial que en su fase final demandará 1.000 MW. Tres movimientos coordinados en quince días que arman la apuesta paraguaya por capturar inversión electrointensiva.
La mecánica del régimen abierto
El Decreto 6034 sustituye la arquitectura institucional creada por la Ley 6977/2023. La autoridad de aplicación es el Viceministerio de Minas y Energías (VMME) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que fija anualmente la tarifa de referencia para excedentes en base a informes técnicos de la ANDE.
El peaje por uso de redes de transporte sigue la misma lógica: lo determina el MOPC con sustento en datos del operador eléctrico. Los costos de obras e infraestructura para conexión a la red corren por cuenta exclusiva del privado.
La pieza más relevante para el inversor llega en el artículo 24 de la Ley 7599: habilita a ANDE a celebrar contratos de adquisición de electricidad renovable de hasta 30 años de duración y reconoce expresamente los sistemas de almacenamiento de energía, lo que abre la puerta a esquemas híbridos solar más baterías.
La norma crea además un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con obligación de ANDE de dotarlo doce meses antes de cada vencimiento. La cobertura financiera es relevante: ANDE ofrece riesgo crediticio mejorado por el fideicomiso AFD, lo que comprime el costo de capital exigible al inversor en contratos de tres décadas.
ANDE queda obligada a comprar hasta 1 MW de potencia por cada autogenerador o cogenerador, según anticipó su presidente, el Ing. Félix Sosa, a Última Hora.
Las industrias podrán cogenerar y vender los excedentes; los residenciales que actúen como prosumidores, si tras seis meses no consumen los excedentes inyectados, recibirán compensación en factura. El esquema admite también exportación directa por privados utilizando las líneas de transmisión de ANDE mediante el pago de peaje.
El primer test del régimen es Loma Plata, en el departamento de Boquerón. Son 140 MW conectados al SIN en 220 kV mediante la subestación homónima, con apoyo técnico-financiero del Banco Mundial. La audiencia pública virtual está convocada para el 1 de junio. "La primera licitación que está en proceso va a ser en dólares", anticipó Sosa, una excepción al régimen general de compras públicas paraguayo prevista en la propia Ley 7599.
El analista Victorio Oxilia Dávalos definió la norma como "el mayor avance desde la creación de la ANDE en términos institucionales". ANDE proyecta licitar 800 MW por año, con una meta final del orden de los 1.000 MW. El Plan Maestro institucional contempla inversión por u$s 11.000 millones hasta 2043 y prevé que privados aporten u$s 1.500 millones en generación durante la próxima década.
La cancha regional: Stargate Argentina del otro lado
El régimen abierto se monta sobre una demanda concreta. La criptominería legal ya consume 943,8 MW del Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE), cerca del 13,5% de los 7.000 MW que Paraguay tiene en Itaipú según el tratado binacional con Brasil. Solo cuatro empresas —Cademot, Zuns, Muiden y W3X— suman 730 MW reservados, más que la capacidad nominal de una turbina entera de la represa.
ANDE proyectó ingresos por criptominería de u$s 350 millones para 2026, un salto del 18,6% respecto de los u$s 295 millones registrados en 2025 y 3,5 veces los u$s 100 millones de 2024.
Yguazú Digital agrega a ese mapa una demanda contractual de gran escala. Estructurada bajo modelo binacional 50/50 con Taiwán —equivalente al esquema institucional de Itaipú—, prevé tres fases con consumo escalonado: 10 MW de piloto, 100 MW de despliegue intermedio y 1.000 MW en hiperescala. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, estimó la inversión potencial total en hasta u$s 40.000 millones a lo largo de las tres fases.
La figura jurídica que protege la infraestructura es novedosa en la región: "Embajada de Datos Digitales", un régimen de inmunidades y privilegios diplomáticos para los servidores y datos almacenados.
Argentina viene desplegando una arquitectura paralela. El proyecto Stargate Argentina, firmado en octubre de 2025 entre OpenAI y la firma local Sur Energy, prevé un centro de datos patagónico de hasta 500 MW con inversión de hasta u$s 25.000 millones bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con memorandos de abastecimiento eléctrico ya firmados con Genneia y Central Puerto.
Las arquitecturas difieren: Argentina ofrece un régimen privado con estabilidad fiscal a 30 años y libre disponibilidad parcial de divisas; Paraguay propone un modelo binacional estatal con socio tecnológico y un mercado eléctrico recién abierto a privados. La carrera tiene el mismo objetivo —capturar inversión electrointensiva de frontera— pero distintos vehículos.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió en su informe Key Questions on Energy and AI, publicado en abril de 2026, que "el consumo eléctrico de los centros de datos se duplicará para 2030, y el consumo de aquellos enfocados en IA se triplicará".
Ese aumento global encuentra en Paraguay un cuello de botella físico: la matriz 100% hidroeléctrica está dimensionada para exportar a Brasil y Argentina, no para soportar una carga interna emergente que ya roza los 2 GW entre criptomineros existentes y compromisos Yguazú futuros. El Decreto 6034, antes que respuesta ideológica pro-mercado, es respuesta política a una crisis física. Sobre el cruce entre IA y energía, la conversación pendiente en la región sigue siendo cómo se asigna el electrón.
Quedan abiertas tres preguntas. Cómo articulará Paraguay la transición de una matriz 100% hidro a un mix con solar, eólica y BESS sin perder competitividad tarifaria. Si las empresas argentinas con presencia en transmisión y generación —Genneia, YPF Luz, Pampa Energía, Central Puerto— evalúan presentarse al pliego Loma Plata o sucesivos.
Y qué hace Argentina con el espejo paraguayo: dejar correr Stargate como caso testigo del RIGI o acelerar una arquitectura paralela que reconozca, como hace ya la Ley 7599, el almacenamiento como pieza central.