Durante décadas, el agua del Limay y del Neuquén movió las turbinas de las grandes represas del Comahue sin que las empresas que las operaban pagaran a las provincias por usarla. Ese esquema, anterior a la reforma constitucional de 1994, está por cerrarse.
La Legislatura de Río Negro trata el jueves 11 de junio el proyecto que fija una retribución económica por el uso del recurso hídrico en la generación hidroeléctrica, la pieza provincial que faltaba en un rediseño concesional que empezó con la privatización nacional.
Cómo es la iniciativa
La iniciativa se apoya en la ley provincial 5707, sancionada en marzo de 2024, que ratificó el dominio originario de Río Negro sobre sus recursos naturales y exigió una concesión de uso del agua otorgada por ley antes de cualquier concesión hidroeléctrica de la Nación.
Esa norma plantea además la incompatibilidad de los artículos 6, 11 y 14 de la ley nacional 15.336 con los artículos 1, 121 y 124 de la Constitución, el núcleo jurídico del reclamo provincial. Y fijó un tope: la retribución por el agua no puede superar el 5% de lo facturado al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El puente entre ese reclamo y el cobro efectivo lo tendió el Decreto 564/2025 del Poder Ejecutivo nacional, que en agosto prorrogó a las concesionarias salientes y estableció que debían abonar a Río Negro y Neuquén las regalías que ambas acordaran con la Secretaría de Energía, respetando la proporcionalidad de los ingresos. Sobre esa base se negoció el esquema que ahora baja a ley provincial.
El corazón del proyecto es una retribución equivalente al 1% de la facturación total por la venta de energía al MEM. Ese porcentaje puede escalar al 2% si Neuquén no percibe una compensación equivalente por el recurso hídrico compartido, una cláusula que ata el cobro rionegrino al avance del esquema en la provincia vecina. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Energía, a cargo de la reglamentación, el control y la fiscalización.
La provincia separa ese canon de las regalías hidroeléctricas. El primero es un pago por el uso del agua como recurso natural; las segundas, la participación por la generación. Con el rediseño, las regalías pasan a calcularse sobre el 100% del valor de la generación y no sobre una porción, como venía ocurriendo. El cambio corrige una asimetría de larga data: las provincias cobraban sobre una fracción del valor mientras compraban la energía al precio pleno.
Aparece también una opción inédita, el cobro de regalías en especie. En lugar de liquidar según el precio de venta, Río Negro puede optar por recibir un equivalente en energía física, para consumo local, venta o promoción de actividades productivas. La base de cálculo crece de manera gradual, con un horizonte de varios años hasta llegar al precio de mercado.
Las obras de seguridad hídrica y el rol de la AIC
El proyecto refuerza a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el organismo que comparten la Nación, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa para administrar la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. En el nuevo esquema, la AIC absorbe funciones del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y concentra el monitoreo de embalses, caudales y límites de seguridad.
Detrás hay una obligación concreta. Una sentencia de la Corte Suprema impone ejecutar reparaciones estructurales para preservar la seguridad de las represas ante crecidas.
El acuerdo con la Nación trasladó ese frente a los concesionarios, que deberán financiar primero los estudios técnicos y luego las obras, con plazos de hasta 24 meses para los relevamientos. También quedaron obligados a obtener y costear la información hidrometeorológica de las cuencas, insumo clave para operar los embalses.
Quiénes operan las represas y qué se viene
Las centrales alcanzadas ya cambiaron de manos. El Estado nacional adjudicó las concesiones por 30 años mediante la resolución 2124/2025, firmó los contratos de transferencia accionaria el 22 de diciembre y las nuevas operadoras tomaron posesión el 10 de enero bajo un régimen transitorio, mientras la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) readecuaba despacho, liquidaciones y registración.
Piedra del Águila, la central más grande del sistema, quedó en manos de Central Puerto, que ofertó u$s 245 millones. El Chocón-Arroyito fue para el consorcio BML Inversora, vinculado a MSU Green Energy, por u$s 235,6 millones. Alicurá la tomó Edison Inversiones, con u$s 162 millones. El paquete completo, que suma Cerros Colorados en Neuquén, le reportó al Tesoro nacional u$s 706,9 millones y concentra cerca del 15% de la generación eléctrica del país.
Para Río Negro, el rediseño multiplica los ingresos. Según las estimaciones provinciales, la recaudación treparía desde los u$s 8 a 9 millones actuales hasta el orden de los u$s 40 millones, sobre el promedio de los últimos cuatro años.
Una porción tiene destino fijado por ley: el 20% se coparticipa a municipios y comisiones de fomento para obras de saneamiento y agua. La cifra final dependerá del precio de la energía y del caudal disponible, dos variables que en un sistema hidroeléctrico mandan sobre el resto.
El proyecto ingresó con acuerdo de ministros y reclama tratamiento en única vuelta. De aprobarse, completa el andamiaje legal que faltaba para que el nuevo régimen del Comahue quede plenamente operativo sobre las tres centrales del Limay.