Privatización de ENARSA
El Gobierno autorizó la segunda etapa de la privatización de ENARSA.
El Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial habilita la venta de la totalidad de las acciones que la empresa estatal tiene en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB) y en Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM), y deja preparada la de Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB) para cuando ENARSA termine de incorporarse a su capital. La norma rige desde mañana.
En TMB, ENARSA es titular de 4.601.324 acciones, el 65,01% del capital. En TSM tiene 4.871.709 acciones, el 68,83%. El resto pertenece a los generadores privados que aportaron sus acreencias al fondo de origen de ambas centrales: Central Puerto, AES, Enel, Pampa Energía y Orazul, según reconstruyó Shale24 cuando el Gobierno sumó Belgrano y San Martín al paquete privatizador.
Recuérdese que la primera etapa fue la salida de ENARSA de Citelec, controlante de Transener, que el Ministerio de Economía adjudicó a Edison Transmisión y Genneia por u$s 356,2 millones en mayo.
Lo que se pone en juego: 2.314 MW en tres centrales térmicas
Según el último reporte trimestral de Central Puerto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la central Manuel Belgrano, en Campana, tiene 873 MW de potencia instalada, y la José de San Martín, en Timbúes, provincia de Santa Fe, 865 MW. Las dos son ciclos combinados y abastecen el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral.
Guillermo Brown está fuera de esos dos corredores, en General Cerri, partido de Bahía Blanca, y se conecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en la estación transformadora de 500 kV sobre la línea Bahía Blanca-Choele Choel, según la resolución de la Secretaría de Energía que la habilitó como agente generador.
La construyó Siemens, con dos turbinas de gas SGT5-4000F, y la opera AES, que la describió como una planta de 576 MW a gas y gasoil en su presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial.
Sumadas, las tres centrales representan 2.314 MW de generación térmica.
El origen: acreencias convertidas en capital
Belgrano y San Martín nacieron del Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM), creado por la Resolución 712/2004 de la Secretaría de Energía.
En el acuerdo definitivo de octubre de 2005, los generadores acreedores del mercado se comprometieron a construir dos ciclos combinados de al menos 800 MW cada uno. Las sociedades se constituyeron el 13 de diciembre de 2005 y los fideicomisos, con Cammesa como fiduciante y el BICE como fiduciario, se firmaron el 4 de abril de 2006.
El esquema preveía que los activos pasaran sin cargo a las sociedades generadoras una vez concluido el contrato de abastecimiento con Cammesa, que repagaba la inversión. Ese paso se dio el 1 de junio de 2026, con la firma de los convenios de extinción y transferencia de ambos fideicomisos. La Ley 27.798 de Presupuesto 2026 había dispuesto en su artículo 66 que ese traspaso se tratara como reorganización en los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
La participación estatal tiene su propia historia. La Secretaría de Energía suscribió las acciones el 11 de marzo de 2021 y el Decreto 389/2021 las asignó a la entonces Integración Energética Argentina (IEASA), hoy ENARSA.
Guillermo Brown: cuenta regresiva desde el miércoles
El caso de Brown tiene otra secuencia. La central salió del acuerdo de generación 2008-2011 que la Secretaría de Energía firmó con los acreedores del mercado en noviembre de 2010, y su fideicomiso se constituyó el 11 de abril de 2011. La adenda N° 2, de julio de 2012, estableció que la participación del Estado se ejercería a través de ENARSA una vez liquidado el fideicomiso, calculada según sus aportes a la construcción y con un piso del 70% del capital. AES, por su parte, declaró ante el CIADI que espera quedarse con el 30%.
El 9 de abril de 2026, Cammesa, el BICE, la Secretaría de Energía, CTGB y AES Argentina Generación firmaron una adenda que ató la extinción del fideicomiso al fin del contrato de abastecimiento con el Mercado Eléctrico Mayorista. Según el decreto, esa fecha es el 30 de septiembre de 2026. A partir de ahí, la sociedad gerente tiene 90 días para realizar los actos societarios que incorporen a ENARSA como accionista, condición a la que quedó sujeta la transferencia de la central.
El decreto encadena los pasos. Primero, la Secretaría de Energía gestiona, a través de los órganos societarios de CTGB, la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de ENARSA. Después, y solo después, el Ministerio de Economía licita esas acciones.
La secuencia tiene además un anclaje fiscal. El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso extiende, en su artículo 65, el tratamiento de reorganización del artículo 66 de la Ley 27.798 a los fideicomisos de Guillermo Brown y de Vuelta de Obligado. La condición es que el sector público tenga participación accionaria mayoritaria en las sociedades que reciben el patrimonio. Si el Congreso aprueba el artículo, la entrada de ENARSA con al menos 70% cumple ese requisito, y la venta posterior llega cuando el traspaso ya está hecho. Vuelta de Obligado, con 816 MW según Central Puerto, quedó fuera de este decreto.
La preferencia de los socios, la variable del pliego
El decreto fija la modalidad: licitación pública nacional e internacional, conforme al inciso 1 del artículo 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Para Citelec, el Decreto 286/2025 había elegido un concurso público con base, previsto en el inciso 2 del mismo artículo. El decreto excluye el Programa de Propiedad Participada y las preferencias que el artículo 16 de esa ley permite otorgar, por ejemplo, a empleados o usuarios.
La cláusula con más peso para los oferentes está en el artículo 4: los pliegos deberán contemplar los derechos de preferencia que los estatutos de TMB, TSM y CTGB otorgan a los demás accionistas. En Citelec, Pampa Energía había resignado ese derecho y el de acompañamiento como condición previa al concurso, y la puja se definió entre tres oferentes.
Sin embargo acá el decreto hace lo contrario: los generadores que ya están en el capital conservan la preferencia estatutaria, con la mecánica que fijen los pliegos.
Para un comprador externo, eso cambia la ecuación. Si los pliegos instrumentan la preferencia como derecho a igualar, una oferta competitiva por Belgrano o San Martín puede terminar sirviendo de precio de referencia para que un socio histórico se quede con el paquete. Central Puerto, accionista de TMB, TSM y Central Vuelta de Obligado según su reporte a la SEC, y AES, operadora de Brown, llegan a las licitaciones con esa ventaja estatutaria.
El Ministerio de Economía, con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dictará las normas operativas, y el informe complementario del decreto irá a la Comisión Bicameral de seguimiento de privatizaciones del Congreso.
Con Brown atada al plazo de 90 días, los pliegos de Belgrano y San Martín son el próximo paso del cronograma: de su publicación depende que alguna de las dos ventas se cierre en 2026.