Boletín Oficial
El Gobierno decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional, manteniendo vigente el régimen excepcional que alcanza a las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica sujetas a jurisdicción federal.
La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, prolonga una emergencia que había sido declarada originalmente en diciembre de 2023 mediante el Decreto 55/2023 y que vencía el 9 de julio de este año.
Según argumentó, si bien durante los últimos dos años se registraron avances en la recomposición tarifaria, la reducción de subsidios, la mejora de la cadena de pagos y la recuperación de la cobrabilidad de CAMMESA, todavía persisten riesgos operativos, financieros y regulatorios que impiden dar por concluida la situación de emergencia.
Entre los principales fundamentos de la medida, el Ejecutivo destacó que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes reducidos de reserva. Durante febrero de 2025, cuando se registró el pico de demanda de potencia de 30.257 MW, el margen disponible fue de apenas 4,4%, un nivel considerado insuficiente para garantizar una respuesta adecuada ante contingencias.
Asimismo, el decreto advierte sobre el envejecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que numerosas estaciones transformadoras operan con niveles de carga superiores al 90% de su capacidad.
Coordinación con la emergencia del gas
Uno de los argumentos centrales de la prórroga es la necesidad de sincronizar los plazos regulatorios del sistema eléctrico con la emergencia vigente en los segmentos de transporte y distribución de gas natural, que ya había sido extendida hasta diciembre de 2027.
El Gobierno remarcó que la generación térmica continúa siendo un componente esencial del abastecimiento eléctrico argentino y que la disponibilidad de gas natural impacta directamente sobre los costos de generación, la confiabilidad del despacho y la seguridad energética.
En ese sentido, la reciente reconfiguración del sistema de transporte de gas natural y la rescisión del contrato de transporte firme del Gasoducto Perito Moreno obligan a adaptar la programación operativa del MEM a nuevas condiciones de suministro y capacidad de transporte.
Normalización del MEM
La prórroga también busca dar continuidad al proceso de reforma estructural del Mercado Eléctrico Mayorista impulsado por la Secretaría de Energía.
Durante 2025 se implementaron las denominadas "Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva", que apuntan a promover una mayor competencia, fortalecer los contratos bilaterales entre privados, transparentar la formación de precios y reducir la intervención estatal a través de CAMMESA.
El Gobierno sostiene que estas transformaciones aún se encuentran en una etapa de implementación y requieren un marco regulatorio excepcional para evitar discontinuidades que puedan afectar inversiones, contratos o el abastecimiento eléctrico.
Subsidios y sostenibilidad financiera
Otro de los puntos destacados en el decreto es la necesidad de continuar reduciendo la brecha entre el costo real de generación y el precio que pagan los usuarios subsidiados.
De acuerdo con datos oficiales, en mayo de 2026 el Precio Estacional abonado por los usuarios residenciales con subsidios cubría apenas el 24% del costo de referencia de la energía, lo que evidencia la persistencia de una fuerte asistencia estatal.
La administración nacional considera que la continuidad de la emergencia permitirá profundizar el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y reducir gradualmente la dependencia de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional.
Inversiones pendientes
La extensión de la emergencia también está vinculada con la ejecución de obras consideradas estratégicas para el sistema eléctrico argentino.
Entre ellas figuran las ampliaciones de transporte "AMBA I", la línea de 500 kV Río Diamante-Charlone-O'Higgins y la línea Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca, proyectos que requieren plazos de financiamiento, licitación y construcción que exceden el corto plazo.
Según el Gobierno, mantener las herramientas regulatorias excepcionales permitirá administrar las restricciones actuales del sistema hasta que estas inversiones entren en operación.
Mejora en la cadena de pagos
Uno de los indicadores que exhibe el Ejecutivo como resultado de las medidas adoptadas es la recuperación de la cobrabilidad de CAMMESA.
Mientras que en diciembre de 2023 el índice de pago de los distribuidores rondaba el 48%, actualmente alcanza niveles cercanos al 97%, producto de los acuerdos de regularización de deuda, la recomposición tarifaria y las reformas implementadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
No obstante, el decreto advierte que esa mejora todavía requiere consolidación para evitar retrocesos que comprometan el financiamiento del sistema eléctrico.
Con esta decisión, el Gobierno busca completar el proceso de transformación del sector energético iniciado a fines de 2023 y alinear los plazos de la emergencia eléctrica con los del sistema gasífero, manteniendo hasta fines de 2027 las facultades extraordinarias para intervenir en aspectos regulatorios, operativos, tarifarios y financieros del mercado eléctrico nacional.