World Economic Forum
La administración de Javier Milei representa un punto de quiebre en la narrativa económica de la Argentina de las últimas décadas, desplazando el eje desde el asistencialismo estatal hacia una arquitectura de libre mercado más agresiva.
Bajo la premisa de que el país posee recursos de clase mundial pero que estaban atrapados en un marco institucional obsoleto, el Gobierno fue desplegando una estrategia multidimensional para convertir a la energía, la minería y los hidrocarburos en los nuevos motores de una Argentina que aspira a ser potencia global.
Esta transformación está impulsada a través de 3 ejes principales: el blindaje jurídico del RIGI, el horizonte de las privatizaciones y la liberación de los precios hacia la paridad internacional.
RIGI: el imán para las inversiones de gran escala
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no es percibido por la Casa Rosada como un simple beneficio fiscal, sino como la condición indispensable para la confianza del capital internacional. Para proyectos de la envergadura de las plantas flotantes de GNL en Punta Colorada o las minas de cobre en la cordillera, que requieren desembolsos iniciales superiores a los 200 millones de dólares, la estabilidad es el activo más preciado.
El RIGI garantiza por 30 años un ecosistema de seguridad jurídica que incluye la inamovilidad tributaria, la reducción gradual del impuesto a las ganancias al 25% y, quizás lo más crítico, el libre acceso a divisas y la exención de derechos de exportación.
Desde la óptica del marketing de inversiones, el RIGI permitió que Argentina compita de igual a igual con jurisdicciones tradicionalmente más estables como Australia o Chile.
En este sentido, la visión de Milei es clara: el Estado por sí solo no tiene todo el capital para perforar Vaca Muerta ni para extraer el cobre de San Juan, por lo que su rol debe limitarse a ofrecer el marco de confianza necesario para que los capitales lleguen y transformen todo el potencial geológico de Argentina en proyectos productivos concretos.
Este "blindaje" es el que permitió que empresas como la italiana Eni, Continental Resources, SEFE, Golar, Harbour energy, ADNOC y gigantes de la minería global retomen sus planes de inversión, proyectando un flujo de capital que, en el total de proyectos, podría superar los 33 mil millones de dólares en la próxima década, transformando el perfil crediticio del país.
Privatizaciones: hacia una nueva gestión basada en la eficiencia
El segundo pilar de la gestión Milei -que maneja la narrativa del Gobierno- es la convicción de que la eficiencia es incompatible con el control estatal directo en sectores estratégicos. El horizonte de privatizaciones en sectores clave busca desmantelar la estructura de "empresa militante" mal administrada para dar paso a entidades gobernadas exclusivamente por criterios de rentabilidad y creación de valor para el accionista.
El enfoque de privatizaciones de Milei no se limita a la simple venta de activos, sino a la concesión de infraestructura crítica. La visión gubernamental apuesta a que el sector privado asuma el riesgo y la ejecución de obras como el Gasoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) o la expansión de redes eléctricas de alta tensión.
Al retirar al Estado de la toma de decisiones operativas, el Gobierno busca eliminar el "cuello de botella" político que históricamente obstaculizó la expansión de sectores clave para el desarrollo productivo de Argentina. En este nuevo paradigma, la rentabilidad privada se convierte en el indicador de éxito público, asegurando que cada dólar invertido genere un retorno medible en términos de producción y empleo "genuino".
Precios de mercado y subsidios focalizados
Para Javier Milei, los subsidios energéticos no sólo fueron un lastre fiscal, sino una señal de precio distorsionada que destruyó la capacidad de inversión. Es por eso que otro de los ejes de su política energética es la convergencia absoluta hacia los precios internacionales (export parity).
La eliminación de los subsidios cruzados y la actualización de las tarifas hacia el costo real de generación y extracción busca sanear el sistema financiero del sector energético.
Bajo este modelo, el usuario paga lo que el recurso vale en el mercado global, lo que incentiva el ahorro y, fundamentalmente, garantiza que las empresas tengan el flujo de caja necesario para reinvertir en más infraestructura que permita la expansión de la red.
A través de esta política de “sinceramiento”, el Gobierno sostiene que el verdadero beneficio social no es una tarifa artificialmente baja que deviene en cortes de luz y falta de gas, sino un sistema energético robusto que exporte excedentes masivos, fortalezca las reservas del Banco Central y permita, eventualmente, bajar los impuestos gracias al superávit fiscal.
Es el paso de una economía de escasez subsidiada a una de abundancia competitiva.