Daniel González
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió este miércoles ante el plenario de comisiones de Diputados el proyecto de ley del Súper RIGI, el régimen llamado a suceder al RIGI, con un piso de inversión de u$s 1.000 millones, una alícuota de Impuesto a las Ganancias del 15% y un alcance acotado a industrias que, según el funcionario, hoy no existen en el país.
"El Súper RIGI es la continuidad y la evolución del RIGI", definió González ante los legisladores. El ex CEO de YPF, hoy coordinador de la Unidad RIGI, descartó prorrogar el esquema vigente: "Sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento". Y fijó el rumbo: "Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales".
El funcionario subrayó que el nuevo régimen no busca resultados inmediatos. "No estamos buscando un impacto de corto plazo", afirmó, y marcó la diferencia de origen entre ambos esquemas: "El RIGI ayudó a destrabar proyectos que ya existían pero no se animaban a tomar una decisión de inversión. El Súper RIGI apunta a proyectos que todavía no existen". Por eso, agregó, "no queremos establecer una lista cerrada y exhaustiva de actividades". El objetivo declarado es "poner a la Argentina en el tope de la lista de jurisdicciones donde esos proyectos puedan radicarse".
El balance del RIGI que justifica el salto
Antes de describir el régimen nuevo, González hizo un balance del actual para fundamentar la continuidad. Contabilizó 39 proyectos presentados, muy por encima de lo previsto: "Cuando se diseñó el régimen se esperaba recibir entre seis y ocho proyectos". Proyectó cerrar el proceso "con entre 50 y 60 proyectos" y precisó que 16 ya fueron aprobados.
Las cifras del balance, según el funcionario: inversiones comprometidas por u$s 138.000 millones, unos 179.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y un potencial exportador conjunto de u$s 41.000 millones por año. "En términos agregados, esos proyectos prácticamente duplicarían las exportaciones argentinas", sostuvo.
La distribución sectorial confirma el peso de los recursos: 20 de los 39 proyectos corresponden a minería, 13 a petróleo y gas, tres al sector eléctrico, dos a la industria manufacturera y uno a logística e infraestructura. "Sabíamos que minería y energía serían los sectores con mayor recepción de inversiones", reconoció González.
Para ilustrar el efecto del régimen, el funcionario citó tres casos. Sobre el cobre: "La mina El Pachón fue descubierta hace más de sesenta años. Tiene un estudio de factibilidad realizado hace veintisiete años. Glencore es propietaria del proyecto desde hace trece años. La decisión final de inversión se tomó recién el año pasado", y la vinculó al RIGI. Sobre el litio, describió un paso de tres proyectos en producción a siete, con otros seis en evaluación, pese a que el precio internacional "cayó desde alrededor de 80.000 dólares por tonelada hasta niveles cercanos a los 8.000 dólares". Sobre Vaca Muerta fue tajante: "El RIGI no descubrió Vaca Muerta. Este gobierno tampoco descubrió Vaca Muerta. Lo que cambió fue la velocidad del desarrollo", con inversiones de los últimos tres años "aproximadamente un 50% superiores a las del trienio anterior".
Qué cambia en el Súper RIGI
El nuevo régimen multiplica por cinco el umbral de entrada: exige u$s 1.000 millones de inversión mínima frente a los u$s 200 millones del RIGI. Solo admite proyectos nuevos. Quedan afuera las ampliaciones de proyectos existentes, y tampoco podrán ampliarse después conservando los beneficios del régimen.
El recorte de alcance es el corazón del cambio. "Aplica a actividades que hoy no existen en la Argentina o que sólo existen a escala experimental o piloto", explicó González, y delimitó por exclusión: "No alcanza a proyectos de infraestructura. No alcanza a proyectos de extracción de recursos naturales". A cambio, el beneficio se derrama sobre los proveedores: las empresas de la cadena de valor "podrán acceder a beneficios equivalentes a los del proyecto principal", sin importar su tamaño.
El paquete fiscal baja Ganancias al 15%, "la tasa mínima posible sin entrar en conflicto con las normas internacionales de la OCDE", según el funcionario. Suma exención de derechos de exportación "desde el primer día", exención de aranceles de importación para la totalidad de los bienes involucrados y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, el beneficio que González calificó como "el más valorado por las compañías", tanto locales como extranjeras.
El esquema también compromete a provincias y municipios. Las provincias deberán mantener Ingresos Brutos en una alícuota no superior al 0,5% y no aplicar impuesto de sellos. Las tasas municipales, por su parte, deberán corresponder a servicios efectivamente prestados y no calcularse como porcentaje de las ventas.
Un régimen que industrializa lo que el RIGI extrajo
Detrás del encuadre político hay una distinción técnica que define quién entra y quién no. El proyecto ya ingresó al Congreso y comenzó su debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología; el RIGI original, sancionado en la Ley Bases, vence en julio de 2027. La continuidad busca evitar un vacío entre el cierre de un régimen y la apertura del otro.
La clave está en lo que el Súper RIGI deja afuera. Al excluir la extracción, no apunta a la roca sino a lo que viene después: las celdas y los cátodos en lugar del carbonato de litio, el cobre refinado en lugar del concentrado que el país exporta sin procesar por ausencia de capacidad de refinación, los reactores nucleares modulares en lugar del uranio en bruto. El listado de actividades que acompaña al proyecto apunta en esa dirección: data centers para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas, hidrógeno verde y reactores pequeños y medianos.
Esa frontera también explica el salto del piso de inversión. Un proyecto extractivo o un pozo no convencional rara vez exige u$s 1.000 millones de desembolso inicial concentrado. Una fábrica de celdas, una refinería de cobre o un data center de gran escala, sí. El umbral opera como filtro: deja afuera por diseño a la actividad extractiva que el RIGI ya cubre.
El 15% tampoco es un número elegido al azar. Coincide con el piso del impuesto mínimo global que impulsa la OCDE, el régimen conocido como Pilar Dos, por debajo del cual otra jurisdicción podría reclamar la diferencia mediante un impuesto complementario. Argentina ofrece así el incentivo más agresivo compatible con ese marco: cinco puntos menos que el 20% del RIGI, sin exponer a las empresas a que paguen ese diferencial afuera.
Queda una cifra para mirar de cerca. González afirmó que los proyectos del RIGI "prácticamente duplicarían las exportaciones argentinas" con u$s 41.000 millones anuales. Las exportaciones de bienes del país sumaron u$s 87.111 millones en 2025, según el INDEC: los u$s 41.000 millones equivalen a poco menos de la mitad de esa base, de modo que el aporte sería sustancial, aunque más cerca de un 47% que de una duplicación. El número, de todos modos, ordena la apuesta oficial: el RIGI movilizó la inversión extractiva; el Súper RIGI quiere que esa inversión, una vez industrializada, multiplique el empleo y las divisas. La distancia entre un país que exporta minerales y uno que exporta baterías es, justamente, lo que el proyecto pone en juego.
Nota lista para Amura. El único pendiente abierto (AG6B, no bloqueante) es cotejar el texto exacto del artículo de actividades elegibles cuando el expediente quede publicado en el Congreso, para confirmar la redacción literal del alcance.